El Gobierno de Bolsonaro concedi¨® m¨¢s de 5.000 licencias de armas a condenados por homicidio y narcotr¨¢fico

Una de las banderas de la gesti¨®n del expresidente Jair Bolsonaro, que gobern¨® Brasil entre 2019 y 2022, fue la flexibilizaci¨®n de la tenencia y uso de armas. Fueron numerosas las alertas de las consecuencias nocivas que esa relajaci¨®n normativa podr¨ªa tener. Los efectos ya empiezan a ver la luz: el Ej¨¦rcito, que en los a?os de Bolsonaro se encargaba de conceder los permisos para comprar un arma, otorg¨® m¨¢s de 5.000 licencias a personas que hab¨ªan sido condenadas por delitos tan graves como homicidio o narcotr¨¢fico. La informaci¨®n consta en un exhaustivo informe secreto del Tribunal de Cuentas de la Uni¨®n, revelado en exclusiva por el diario Estad?o este lunes.

En los cuatro a?os de administraci¨®n Bolsonaro, la legislaci¨®n brasile?a fue modificada de tal manera que el mercado de las armas y los clubes de tiro vivieron un momento dorado. Si en 2018 hab¨ªa 1,3 millones de armas, cuando el l¨ªder ultraderechista dej¨® la presidencia ya eran m¨¢s del doble, 2,9 millones, seg¨²n un recuento de los institutos Igarap¨¦ y Sou da Paz. El n¨²mero de personas con la llamada licencia CAC (que incluye a cazadores, tiradores o coleccionistas) aument¨® un 262%.

Un total de 5.235 personas que cumpl¨ªan una condena no tuvieron problema para comprar un arma de fuego o renovar el registro para poder seguir con una pistola en casa. El Ej¨¦rcito tambi¨¦n autoriz¨® armas para 2.690 personas con orden de arresto y que estaban pr¨®fugas de la Justicia.

Cuando Brasil aprob¨® el Estatuto del Desarme en 2003 se estableci¨® que s¨®lo podr¨ªan acceder a las armas personas que no estuvieran condenadas o inmersas en un proceso penal. Aunque Bolsonaro flexibiliz¨® muchos puntos de la normativa, ese requisito se mantuvo. Para el Tribunal de Cuentas, el problema para que se colaran tantos delincuentes es que Brasil no cuenta con un registro unificado de antecedentes penales.

Es decir, bastaba empadronarse en un municipio de otro Estado y pedir desde ese nuevo domicilio la ficha criminal para aparecer totalmente limpio, porque las autoridades estatales no cruzan la informaci¨®n. Seg¨²n el informe, los delitos m¨¢s comunes entre las personas que obtuvieron las armas eran homicidio, narcotr¨¢fico, lesi¨®n corporal, conducci¨®n bajo efectos del alcohol, robo y amenazas.

El hecho de que miles de armas acabaran en manos de delincuentes representa apenas la punta del iceberg. La auditor¨ªa del tribunal de cuentas detect¨® muchas otras irregularidades: 94 personas fallecidas constan como compradoras de 16.669 balas, y 21.442 armas de fuego figuran en las listas oficiales a pesar de que pertenecen a brasile?os que ya murieron. Ahora no est¨¢ claro d¨®nde fueron a parar las pistolas, escopetas, entre otras armas, que dejaron.

Los indicios de que el crimen organizado aprovech¨® estos agujeros para hacer su agosto son altos. M¨¢s de 22.000 brasile?os registrados como poseedores de un arma de fuego tambi¨¦n constan en las listas del Gobierno para personas de baja renta que reciben ayudas sociales. Para los auditores, no cuadra que tantos pobres de repente tuvieran dinero para comprar rev¨®lveres o fusiles, y cree que se trata de testaferros.

Los problemas se agravaron por la falta de medios para fiscalizar. Durante los a?os de Bolsonaro, el presupuesto del Ej¨¦rcito para controlar el acceso a las armas de la poblaci¨®n cay¨® un 40%, mientras que el n¨²mero de armas en manos de particulares se multiplicaba exponencialmente.

Seg¨²n los especialistas, en los ¨²ltimos a?os, para los cabecillas del crimen organizado, sal¨ªa m¨¢s a cuenta comprar un arma en una tienda que obtenerla a trav¨¦s de los tradicionales circuitos ilegales, evitando, por ejemplo, el costoso contrabando desde Bolivia o Paraguay. Ya hay bastantes pruebas de que as¨ª fue.

El a?o pasado, la polic¨ªa detuvo a varios miembros del Primeiro Comando da Capital (el PCC, la facci¨®n del narcotr¨¢fico m¨¢s poderosa de Brasil) con armas compradas legalmente. Si un narcotraficante, por ejemplo, lograba registrarse como un tirador profesional (lo que, visto lo visto, no era muy dif¨ªcil) ten¨ªa autom¨¢ticamente permiso para comprar hasta 30 armas (incluyendo 15 fusiles) y 6.000 balas, como cualquier ciudadano. Mejor a¨²n era conseguir un registro de coleccionador, que no pon¨ªa l¨ªmites de cantidad.

Poner coto a ese desenfreno armament¨ªstico fue una de las prioridades del presidente Luiz In¨¢cio Lula da Silva en sus primeros meses de gobierno. La nueva administraci¨®n oblig¨® a todos los portadores de licencia CAC a registrar sus armas de nuevo, limit¨® la compra de armas a tres por persona, suspendi¨® los permisos para abrir clubs de tiro y exigi¨® demostrar para qu¨¦ se necesita el arma, entre otras restricciones.

Adem¨¢s, en julio pasado, el control de los permisos pas¨® del Ej¨¦rcito a la Polic¨ªa Federal. Para reforzar la fiscalizaci¨®n, la corporaci¨®n prometi¨® abrir una comisar¨ªa especializada en cada Estado del pa¨ªs y contratar 2.000 agentes.

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