Un estudio cuestiona el papel de la Generalitat para prevenir la ablaci¨®n

M¨¢s de 18.000 ni?as est¨¢n en riesgo de sufrir mutilaci¨®n genital femenina (MFG) en Espa?a, seg¨²n la Fundaci¨®n Wassu-UAB. De ellas, un tercio viven en Catalu?a. Se trata de menores de 14 a?os residentes en territorio espa?ol pero originarias de pa¨ªses donde esta pr¨¢ctica est¨¢ arraigada. La Generalitat dispone desde 2007 de un protocolo para prevenir la ablaci¨®n, con varios niveles de actuaci¨®n, desde la sensibilizaci¨®n hasta la intervenci¨®n policial, en los casos de riesgo inminente. Sin embargo, una tesis de la investigadora Aina Mangas alerta de que la aplicaci¨®n del protocolo no se ha evaluado en sus 10 a?os de vida y su implantaci¨®n en el territorio es desigual.

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El protocolo, redactado por la entonces secretar¨ªa de Inmigraci¨®n del departamento de Acci¨®n Social y en colaboraci¨®n con los responsables de Educaci¨®n, Salud e Interior, es claro: los niveles de actuaci¨®n son prevenci¨®n, detecci¨®n, atenci¨®n no urgente, atenci¨®n urgente y recuperaci¨®n; y los elementos de riesgo a tener en cuenta son pertenecer a una etnia que practique la ablaci¨®n, a una familia donde la madre o la hermana hayan sido mutiladas, a un grupo familiar favorable a la mutilaci¨®n, y/o tener cerca un viaje al pa¨ªs de origen donde se practique la MGF.

Sin embargo, Mangas, que colabora con la Fundaci¨®n Wassu-UAB, especializada en la prevenci¨®n de la MGF, ha hecho un estudio de campo desde 2011 en el que cuestiona que el despliegue del protocolo sea tan riguroso como se muestra sobre el papel. ¡°El problema del protocolo es su aplicaci¨®n. En la mayor¨ªa de veces se ha utilizado de forma reactiva, m¨¢s que preventiva. Muchos profesionales activan el protocolo a partir del nivel 4 (actuaci¨®n urgente) dejando de lado los anteriores¡±, sostiene en su tesis doctoral. La investigadora lamenta la falta de recursos formativos para todos los profesionales implicados y el elevado peso policial en todo el abordaje de la MGF.

Para empezar, Mangas pone en tela de juicio el buen funcionamiento de todas las Mesas de Prevenci¨®n de la MGF, formadas por profesionales de diversas ¨¢reas para abordar casos de riesgo en su territorio. Seg¨²n la Generalitat, hay 73 mesas locales y circuitos de coordinaci¨®n. La investigadora, no obstante, recoge en su investigaci¨®n que algunas de ellas no est¨¢n activadas. ¡°Despu¨¦s de realizar el trabajo de campo, se contrasta que el despliegue es irregular a nivel territorial y que no existe una evaluaci¨®n del trabajo de estas mesas o espacios¡±, se?ala. Y agrega: ¡°Otras de las funciones que se pide a las mesas es sensibilizar, informar y formar a los profesionales y a la poblaci¨®n diana. Sin embargo, apenas se promueven actividades en este sentido¡±.

En este sentido, el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadan¨ªa, Oriol Amor¨®s, admite que ¡°hay gradaciones¡± en el despliegue de estas mesas y defiende que no solo tienen que ser espec¨ªficas de MGF, sino que pueden estar integradas en comisiones de violencia machista o de infancia. ¡°Yo no quiero tener mesas muy especializadas, sino que lleguen a todos los territorios donde haya poblaci¨®n de riesgo¡±, explica. Amor¨®s defiende que, a trav¨¦s de estos dispositivos se ha activado el estudio de 132 casos y asegura que el Govern seguir¨¢ ampliando el n¨²mero de mesas de coordinaci¨®n.

La investigaci¨®n de Mangas destaca tambi¨¦n la falta de formaci¨®n de los profesionales sanitarios y educativos. ¡°Viendo el an¨¢lisis de los casos, los profesionales sanitarios est¨¢n desamparad¨ªsimos¡±, explica. La investigadora rechaza que sean los Mossos d¡¯Esquadra los que tomen el mando de las escasas charlas formativas que, asegura, se realizan en el territorio. ¡°Con una charla de dos horas en gente que no ha tenido formaci¨®n previa sobre esto, lo que haces es crear alarma. El primer nivel, destinado a la prevenci¨®n, recae sobre profesionales de la salud y, sin embargo, quien lo presenta son los Mossos, que se encargan de su despliegue a nivel local y comarcal¡±, reza el estudio.

La investigadora Aina Mangas insiste en que ¡°hace falta un cambio de modelo¡± hacia ¡°un enfoque m¨¢s integral¡±

De hecho, la intervenci¨®n policial es una de las cuestiones m¨¢s controvertidas que presenta la tesis de mangas. La investigadora sostiene que la Administraci¨®n se ha centrado en dar ¡°una intervenci¨®n reactiva¡±. Por ejemplo, ante la inminencia de un viaje de la familia al pa¨ªs de origen, se les retira el pasaporte para evitar el riesgo. ¡°Es un error focalizar la intervenci¨®n en el cuarto nivel. Es inviable e ineficiente. Las medidas cautelares no pueden ser la primera instancia¡±, advierte. La investigadora expone ejemplos concretos de intervenciones policiales en casos de bajo riesgo.

Sin embargo, ni Amor¨®s ni los Mossos comparten esta visi¨®n. ¡°Nosotros actuamos por requerimiento judicial cuando hay una sospecha de riesgo inminente de la familia y la v¨ªa de conocimiento de los casos siempre es a trav¨¦s de profesionales de la salud, servicios sociales y educaci¨®n. No perseguimos a las familias y en las charlas que hacemos, nosotros hablamos de lo que hacemos como Mossos, no como profesionales de la salud: la mutilaci¨®n es un delito y nuestro margen de acci¨®n es menor que la de un mediador¡±, explica Andrea Garc¨ªa, cabo del Grupo Central de Atenci¨®n a la V¨ªctima, la unidad que atiende estos casos. La polic¨ªa asegura que, a la hora de intervenir, hacen un abordaje conjunto con los servicios sociales o los mediadores. En 2017 intervinieron en nueve casos y solo en dos se tomaron medidas cautelares de retirada del pasaporte. ¡°El trabajo de los mossos es importante. Cuando hay una intervenci¨®n judicial es porque tienen unos indicios y tratan el tema con mucha sensibilidad. Se ha de valorar tambi¨¦n que el efecto cohercitivo es querido por los padres aqu¨ª para frenar la presi¨®n de la familia en el pa¨ªs de origen¡±, defiende Amor¨®s.

Mangas insiste en que ¡°hace falta un cambio de modelo¡± hacia ¡°un enfoque m¨¢s integral¡±. ¡°Las actuaciones est¨¢n centradas en vigilar, perseguir y castigar a las familias africanas, no sin efectos colaterales que afectan negativamente a estas y a los y las profesionales que intervienen, perpetuando la desigualdad lejos de evitar la MGF a largo plazo, puesto que no se involucra a la familia en el proceso del abandono de la pr¨¢ctica. En esta forma de actuaci¨®n se ha comprobado que se pierden de vista a las mujeres, a las ni?as, a las familias y a la comunidad¡±, expone en la tesis. La Fundaci¨®n Wassu-UAB tambi¨¦n ha advertido de que han perdido la pista a muchas ni?as en riesgo que, posiblemente, han retornado al pa¨ªs de origen.