El relator de la ONU suspende a la Comunidad en su lucha contra la pobreza

Hay dos opciones. O bien el sistema est¨¢ estructurado adrede para excluir a los m¨¢s pobres, o est¨¢ extremadamente mal dise?ado. Esta es la conclusi¨®n principal a la que ha llegado el relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, tras su paso por la Comunidad de Madrid. El experto ha viajado por varias ciudades espa?olas las ¨²ltimas dos semanas para examinar el grado de vulnerabilidad de los m¨¢s desfavorecidos. ¡°Ha quedado muy claro que la recuperaci¨®n posterior a la recesi¨®n, que ha sido tan buena para algunos, ha dejado atr¨¢s a mucha gente¡±, explica.

Alston ha presentado este viernes un informe demoledor sobre la falta de pol¨ªticas sociales en la regi¨®n, que la define como laboratorio de los problemas que tienen las pol¨ªticas sociales a la hora de proteger a las personas m¨¢s pobres. En su informe, se centra en?cuestiones que requieren una atenci¨®n urgente. Estas son las tres claves m¨¢s importantes:

Renta m¨ªnima de inserci¨®n (RMI). En ausencia de una norma nacional que regule estas prestaciones, el informe final del relator de Naciones Unidas considera que hay grandes variaciones entre Comunidades Aut¨®nomas. Seg¨²n Alston, la de Madrid es ep¨ªtome de los problemas que tiene esta red de protecci¨®n para los ciudadanos m¨¢s vulnerables. La regi¨®n tiene el PIB m¨¢s alto del pa¨ªs, una tasa de desempleo comparativamente baja y un alto coste de vida. Aunque la tasa de pobreza extrema de la ciudad se ha m¨¢s que duplicado en los ¨²ltimos diez a?os, la RMI no sobrepasa los 400 euros al mes, la cifra m¨¢s baja de toda Espa?a. Adem¨¢s, esta ¡°cantidad m¨ªsera¡± solo la disfrutan el 1,5% de la poblaci¨®n debido a los muchos requisitos que deben cumplir para recibirla. ¡°Una mujer me explic¨® que perdi¨® la prestaci¨®n cuando acept¨® un trabajo en periodo de prueba. Perdi¨® su casa porque no la hicieron fija y su solicitud para volver a entrar en el sistema fue denegada¡±, escribe Alston en el informe. Fuentes de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, liderada por Alberto Reyero (Cs), admiten los problemas que ha puesto sobre la mesa el relator. ¡°Estamos trabajando para aplicar una nueva Ley de Servicios Sociales que cambie un modelo que no se ha tocado desde hace a?os, uno de los cambios afectar¨¢ al sistema de concesi¨®n de la RMI¡±, explican desde el ¨¢rea.

Venta de vivienda p¨²blica a fondos de inversi¨®n. El acceso a una vivienda digna es esencial para reducir la pobreza extrema. Eso es lo que le han repetido todos los miembros del Gobierno con los que se ha reunido Alston. Sin embargo, el mismo Gobierno de Madrid ha sido quien ha permitido que empresas de inversi¨®n compren viviendas p¨²blicas, aumenten el coste del alquiler y expulsen a sus inquilinos. ¡°Visit¨¦ un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la ma?ana, les hab¨ªan duplicado la renta, como resultado de la decisi¨®n del Gobierno madrile?o que vendi¨® vivienda social al fondo Blackstone¡±, relata el experto. En 2013, la Comunidad de Madrid vendi¨® a un fondo de inversi¨®n de Goldman Sachs 2.935 viviendas protegidas. El Ayuntamiento de la ciudad encabezado por Ana Botella, tambi¨¦n vendi¨® ese mismo a?o 1.860 viviendas p¨²blicas a dos fondos de inversi¨®n del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de Espa?a.

La comunidad gitana de Ca?ada Real. La minor¨ªa ¨¦tnica m¨¢s grande de Europa que en Espa?a tiene a su comunidad m¨¢s grande (alrededor de 750.000 personas, el 1,6% de la poblaci¨®n total) es invisible. Los datos oficiales no recogen indicadores estad¨ªsticos sobre la comunidad roman¨ª y el relator ha tenido que recopilarlos de la Fundaci¨®n Secretariado Gitano que muestran tasas de pobreza ¡°asombrosamente altas¡±. Alston visit¨® la Ca?ada Real y qued¨® ¡°conmocionado¡± por el grado de abandono en el que las instituciones han dejado a los vecinos de etnia gitana del sector seis. ¡°Conoc¨ª a gente que vive sin cl¨ªnicas, sin centro de empleo, sin colegios e, incluso, sin electricidad legal, en un camino sin pavimentar al lado de incineradoras en un ¨¢rea considerada peligrosa para la salud humana¡±, describe el experto. Tres a?os despu¨¦s del Pacto por la Ca?ada Real firmado por todos los grupos pol¨ªticos de la Asamblea de Madrid y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas para regular la situaci¨®n de la zona y conseguir unas condiciones de vida digna, se han realojado solo a 34 familias. El Gobierno a¨²n no ha dado fecha para reubicar al resto de forma segura. Al relator le sorprendi¨® la falta de urgencia y la actitud de ¡°resignaci¨®n¡± con la que el Gobierno acepta que tantas personas queden relegadas a ciudadanos de tercera categor¨ªa sin acceso a los derechos que le corresponden.