El Gobierno llevar¨¢ ante el Constitucional la reforma legal del PP, Cs y Vox para aumentar el regad¨ªo en Do?ana

El Gobierno intenta frenar una nueva multa millonaria por parte de la Comisi¨®n Europea, esta vez por desproteger Do?ana. Tras la sanci¨®n por no depurar aguas urbanas que ya asciende a 63 millones, hace un mes Bruselas amenaz¨® con multar a Espa?a si permite que Do?ana se seque por el aumento de regad¨ªos previsto. Ahora el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica mueve ficha y ha anunciado que llevar¨¢ ante el Tribunal Constitucional la propuesta de ley para incrementar la agricultura intensiva de fresas, presentada a principios de a?o en el Parlamento andaluz por el PP, Ciudadanos y Vox.

El ministerio considera que la iniciativa parlamentaria de la derecha andaluza, que legalizar¨¢ entre 1.460 y 1.903 hect¨¢reas de regad¨ªo junto a esta reserva de la biosfera, invade sus atribuciones sobre la cuenca del Guadalquivir ¡°e interfiere de forma palmaria en la esfera de la competencia exclusiva del Estado¡±. La directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink, hab¨ªa advertido hace un mes, con un tono muy contundente, que Espa?a ser¨ªa multada si desproteg¨ªa los acu¨ªferos de Do?ana, bajo m¨ªnimos por los pozos ilegales. A lo que Transici¨®n Ecol¨®gica ha respondido: ¡°De ser finalmente aprobada la proposici¨®n de ley, el Gobierno de Espa?a promover¨¢ un recurso de inconstitucionalidad, para la inmediata suspensi¨®n de su aplicaci¨®n, e instando su anulaci¨®n por el Tribunal Constitucional¡±, reza el informe enviado este martes a Bruselas.

El Gobierno intenta ganar tiempo para evitar la multa millonaria que la Comisi¨®n impondr¨¢ por incumplir la sentencia del pasado junio del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. El texto alertaba a Espa?a de que est¨¢ obligada a proteger Do?ana de las extracciones de agua ilegales para invernaderos que durante d¨¦cadas han esquilmado sus reservas subterr¨¢neas, junto a las legales para la urbanizaci¨®n de Matalasca?as, a escasos 400 metros de varias lagunas del parque nacional.

El acu¨ªfero fue declarado ¡°sobreexplotado¡± hace un a?o y medio por el Gobierno, y sus niveles siguen en ca¨ªda libre. Mientras, la Junta andaluza contin¨²a sin culminar su plan de 2014 para la recuperaci¨®n del acu¨ªfero y los grupos parlamentarios de PP, Cs y Vox reman en la C¨¢mara regional para aumentar la agricultura intensiva, en direcci¨®n contraria a la justicia europea. Estos tres grupos presentaron a principios de a?o una proposici¨®n de ley por v¨ªa de urgencia y cuentan con mayor¨ªa parlamentaria, por lo que podr¨ªa estar aprobada antes de verano en este a?o electoral. La condena de la Comisi¨®n Europea, la Unesco, el Gobierno, el Convenio de Ramsar sobre los humedales, las organizaciones conservacionistas, e incluso parte de los agricultores de Do?ana no han logrado frenar a los grupos pol¨ªticos ni a la Junta (en manos de PP y Cs), que insisten en minimizar el da?o medioambiental y econ¨®mico para la marca Do?ana que provocar¨¢ la pol¨¦mica medida.

Transici¨®n Ecol¨®gica aclara a la Comisi¨®n que la iniciativa andaluza es una ¡°determinaci¨®n unilateral del legislador auton¨®mico¡± que implica ¡°desplazar, alterar o perturbar la competencia exclusiva que la Constituci¨®n atribuye al Estado sobre las aguas de las cuencas intercomunitarias, como es el caso¡±. Es decir, el ministerio considera que la proposici¨®n de ley andaluza no puede prosperar, ya que las aguas del Guadalquivir ata?en a Extremadura, Castilla-La Mancha y Andaluc¨ªa y son parte de sus atribuciones.

Los dirigentes de la derecha andaluza argumentan, por su parte, que la regularizaci¨®n por ley de hect¨¢reas hoy a ¡°suelo agr¨ªcola regable¡± es una denominaci¨®n legal que solo permitir¨¢ a los agricultores reclamar derechos de riego si el ministerio se los concede a trav¨¦s de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir. La estimaci¨®n de la superficie regularizada oscila entre 1.500 seg¨²n el Gobierno y 1.900 seg¨²n los c¨¢lculos de sat¨¦lite realizados por la organizaci¨®n ecologista WWF.

Mientras la pugna pol¨ªtica contin¨²a, sigue sin llover de manera copiosa en el sur, la sequ¨ªa aprieta, los embalses de la cuenca est¨¢n solo al 28% de su capacidad, las lagunas de la reserva padecen cada vez niveles m¨¢s bajos y la p¨¦rdida de biodiversidad se agrava, alertan los expertos de la Estaci¨®n Biol¨®gica de Do?ana.

Sobre la incorporaci¨®n de m¨¢s empresarios freseros a las comunidades de regantes de la zona y la regularizaci¨®n de los aprovechamientos de riego, el Gobierno censura que esta medida prevista por la C¨¢mara auton¨®mica genera ¡°una falsa expectativa introduciendo un ficticio futuro de ampliaci¨®n de la superficie de riego¡±. El Ejecutivo asegura a la Comisi¨®n que el proyecto del Plan Hidrol¨®gico para los pr¨®ximos a?os (2022-2027) ¡°no da opci¨®n alguna al incremento de extracciones de agua subterr¨¢nea para el regad¨ªo¡±, y a?ade que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica est¨¢ ¡°definiendo, comprometiendo y destinando los recursos t¨¦cnicos y econ¨®micos necesarios¡± para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Adem¨¢s, el ministerio alega que los derechos de agua futuros pertenecen a los agricultores ya regularizados hoy pero, ante hipot¨¦ticas reclamaciones tras la negativa de la Administraci¨®n, los regantes acudir¨ªan a la justicia y los magistrados decidir¨ªan en ¨²ltima instancia.

El departamento de Teresa Ribera se alinea con la Comisi¨®n e indica que comparte ¡°la preocupaci¨®n¡± sobre la iniciativa legal andaluza, que ¡°hace peligrar¡± tanto los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua como la integridad del ecosistema prevista en la Directiva H¨¢bitats. Este mi¨¦rcoles, responsables de WWF se reunieron en Bruselas con la Direcci¨®n General de Medio Ambiente europea, ¡°que aclar¨® que de no retirar la propuesta de ley y cumplir con la sentencia, Espa?a ser¨¢ multada¡±, seg¨²n la organizaci¨®n conservacionista.

La Junta andaluza remiti¨® una carta a la Comisi¨®n Europea el pasado 22 de febrero para quitar hierro a la proposici¨®n de ley y achac¨¢rsela a la derecha andaluza parlamentaria, como si fuera ajena a la Consejer¨ªa y sus diputados no se sentaran en el Consejo de Gobierno. La tesis del Ejecutivo auton¨®mico es que la aprobaci¨®n de la norma ¡°no tiene de manera directa ni indirecta ninguna afecci¨®n¡± al cumplimiento de la sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, seg¨²n avanz¨® Diario de Sevilla. Adem¨¢s, reduc¨ªa las hect¨¢reas beneficiadas por la iniciativa a solo 748, pese a que el propio texto de la proposici¨®n de ley las cifra en 1.400 hect¨¢reas.

La f¨¦rrea oposici¨®n del Gobierno contrasta con la postura del PSOE andaluz, que se abstuvo en la votaci¨®n para que la iniciativa parlamentaria se pusiera en marcha, una decisi¨®n ¡°incomprensible¡±, seg¨²n expresaron cargos de la direcci¨®n federal del PSOE. ¡°Teresa Ribera me dijo que hab¨ªa argumentos suficientes para votar en contra. Y yo le expliqu¨¦ por qu¨¦ nos ¨ªbamos a abstener. Aqu¨ª no hay ning¨²n s¨ª vergonzante. El s¨ª es s¨ª y ayer no hubo un s¨ª del PSOE. Tengo la conciencia tranquila¡±, dijo el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, despu¨¦s de que un parlamentario de su grupo alertara a Ribera de que el PSOE planeaba abstener sobre la pol¨¦mica medida.

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