Primer litigio clim¨¢tico en Espa?a: el Constitucional se pronunciar¨¢ sobre si el calentamiento afecta a los derechos fundamentales

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido abrir un proceso pionero para la defensa de los derechos fundamentales frente a las consecuencias del cambio clim¨¢tico. La Secci¨®n Cuarta del Constitucional ha admitido a tr¨¢mite un recurso de amparo, algo poco habitual, de un grupo de ONG por la supuesta falta de ambici¨®n en la lucha contra el calentamiento del Gobierno de Espa?a. El tribunal entiende que en este caso concurre ¡°una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina¡± del TC.

La secci¨®n que ha admitido el caso la componen los magistrados Ram¨®n S¨¢ez, Mar¨ªa Luisa Balaguer y Enrique Arnaldo. Los dos primeros pertenecen a la mayor¨ªa progresista del tribunal, y el tercero a la minor¨ªa conservadora. Pero la decisi¨®n ha sido adoptada por unanimidad. Fuentes del TC han destacado la relevancia de su decisi¨®n al asumir que el recurso plantea la necesidad de preservar derechos puestos en cuesti¨®n por los efectos del cambio clim¨¢tico.

Hace cuatro a?os un grupo de ONG ¡ªencabezadas por Greenpeace, Ecologistas en Acci¨®n e Oxfam Interm¨®n¡ª intentaron abrir una v¨ªa judicial para forzar al Gobierno de Espa?a a que asumiera unos mayores compromisos de recorte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio clim¨¢tico. Presentaron entonces el primer pleito clim¨¢tico en Espa?a contra el Gobierno ante el Supremo. Buscaban seguir as¨ª el camino trazado en otros pa¨ªses por grupos activistas para exigir m¨¢s acci¨®n frente al calentamiento global en tribunales nacionales e internacionales. Ahora, cuatro a?os despu¨¦s, han conseguido que el Constitucional admita el recurso de amparo que presentaron en junio contra una sentencia del Tribunal Supremo que le dio la raz¨®n al Gobierno en julio de 2023.

El a?o pasado, explican en Greenpeace, de los 11.415 recursos presentados, el Constitucional solo admiti¨® 87, es decir, un 0,76%. Por eso, al margen de lo que puedan decidir los magistrados ahora, el paso dado lo interpretan los ecologistas como una peque?a victoria. In¨¦s D¨ªez, responsable del ¨¢rea jur¨ªdica de Greenpeace, ha sostenido este martes tras conocer la decisi¨®n del TC que ¡°se ha dado un paso clave en el procedimiento¡±. ¡°Esto va a significar que, por primera vez, nuestro Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre c¨®mo el cambio clim¨¢tico afecta a los derechos fundamentales de las personas¡±.

Entre la sentencia del Supremo de julio de 2023 y este paso dado ahora ha ocurrido un hecho que puede ser determinante. En abril de este a?o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, conden¨® en una hist¨®rica sentencia al Gobierno suizo por incumplir sus propios objetivos de reducci¨®n de emisiones de efecto invernadero. Pero lo determinante para los litigios clim¨¢ticos que se extienden por todo el mundo y que puede afectar al pleito en Espa?a ante el Constitucional es que el TEDH interpret¨® que Suiza hab¨ªa contravenido con su conducta varios art¨ªculos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¡°En l¨ªnea con la sentencia de abril de 2024¡å, a?ade In¨¦s D¨ªez, ¡°esperamos por parte de nuestro alto tribunal un reconocimiento que ponga negro sobre blanco que el cambio clim¨¢tico afecta a los derechos humanos de las personas, fundamentalmente al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho a la libertad de las personas¡±. En la notificaci¨®n que ha enviado a los recurrentes el TC, los magistrados insisten en que el recurso admitido ahora ¡°plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal¡±, de ah¨ª la importancia tambi¨¦n de la decisi¨®n adoptada en el pleno este martes.

El litigio original que ha dado como resultado la admisi¨®n del recurso por parte del Constitucional se dirigi¨® contra el llamado Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima, el programa de recorte de emisiones para esta d¨¦cada que todos los miembros de la UE deben presentar. Para poder llegar hasta el Supremo, los ecologistas centraron su recurso inicial en el retraso en el que incurri¨® Espa?a a la hora de aprobar ese plan. Pero en el fondo del caso estaba la poca ambici¨®n, seg¨²n las ONG, que hab¨ªa puesto sobre la mesa el Gobierno en ese documento. La meta que se establec¨ªa en ese momento el Ejecutivo era reducir un 23% las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 1990. Y las organizaciones denunciantes entienden que Espa?a deber¨ªa reducirlas un 55% respecto al mismo punto de partida.

Pero en el verano de 2023, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dio la raz¨®n al Gobierno al considerar que es ajustado a derecho, no arbitrario y supone integrarse en el compromiso asumido por la UE en los asuntos relacionados con la crisis clim¨¢tica.

Casi un a?o despu¨¦s, en junio de 2024, los demandantes ¡ªa los que se le sum¨® la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo¡ª decidieron acudir al Constitucional tras la sentencia de Estrasburgo. Argumentan que la ¡°falta de ambici¨®n e insuficiencia¡± del plan clim¨¢tico ¡°vulnera los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras a la vida y a la intimidad personal y familiar previstos en los art¨ªculos 15 y 18¡å de la Constituci¨®n Espa?ola y ¡°en los concordantes art¨ªculo 2 y 8¡å del Convenio Europeo de Derechos Humanos¡±. En el caso de la condena al Gobierno suizo, el TEDH bas¨® su decisi¨®n en que se hab¨ªan violado los art¨ªculos 8 del convenio, que protege el derecho a la vida privada y familiar, y el 6, que consagra el derecho a un proceso judicial equitativo (porque no hab¨ªan sido atendidas sus demandas en la justicia nacional).