La Audiencia de Sevilla exime de entrar en prisi¨®n a los terratenientes condenados por expoliar agua en Do?ana

La familia latifundista Campos Pe?a, condenada por el expolio de agua a las puertas de Do?ana, podr¨¢ eludir la c¨¢rcel tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que le ha rebajado la condena inicial de tres a?os y medio de prisi¨®n a un a?o y medio. Los cinco hermanos terratenientes, propietarios de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalc¨¢zar (Sevilla), fueron en septiembre de 2023 los primeros latifundistas condenados a m¨¢s de dos a?os de c¨¢rcel por el saqueo del agua en el acu¨ªfero del Parque Nacional tras robar 19,4 millones de metros c¨²bicos de agua de 2008 a 2013, pero ahora la Audiencia reduce a menos de la mitad la condena por considerar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. Es decir, que los terratenientes son culpables de un delito contra el medio ambiente y otro de da?os, ratificados ahora en segunda instancia, pero como la justicia ha tardado una d¨¦cada en condenarlos, ninguno entrar¨¢ en prisi¨®n.

La condena del Juzgado 14 de lo Penal de la capital andaluza marc¨® un hito hace un a?o, ya que hasta entonces ninguno de las decenas de agricultores infractores de las provincias de Huelva y Sevilla hab¨ªa entrado en prisi¨®n, al no superar los dos a?os de condena por minar el sobreexplotado acu¨ªfero de Do?ana. Ahora los magistrados Mercedes Fern¨¢ndez, Elvira Alberola y Joaqu¨ªn Yust desbaratan la contundente sentencia inicial y estiman de manera parcial el recurso de los terratenientes, que evitar¨¢n su ingreso en la c¨¢rcel. El fallo les condena a un a?o de prisi¨®n por un delito contra el medio ambiente y seis meses por un delito de da?os, adem¨¢s de 4.200 euros de multa y 1,9 millones como indemnizaci¨®n por el robo masivo de agua cometido.

Para elevar el grado de las dilaciones indebidas, el tribunal recuerda que los hechos se remontan ¡ªen su inicio¡ª a 2008, 16 a?os antes de esta sentencia y 11 desde su imputaci¨®n en 2013. Los jueces alegan que la causa entr¨® ¡°en colapso¡± y ¡°paralizaci¨®n absoluta¡± durante algo m¨¢s de tres a?os, adem¨¢s de los cuatro a?os que tard¨® la justicia en celebrar el enjuiciamiento en primera instancia. La sentencia admite la complejidad t¨¦cnica del caso descrito, el n¨²mero de acusados y testigos, las periciales de la Fiscal¨ªa General del Estado y los numerosos informes de expertos que intervinieron en el proceso, pero nada de esto justifica el retraso de m¨¢s de una d¨¦cada para enjuiciar a los terratenientes. ¡°La dilaci¨®n ha resultado hiperextraordinaria¡±, destacan los jueces.

La Audiencia reconoce que ¡°la extensi¨®n temporal [seis a?os] y la gravedad del hecho¡± refuerzan el riesgo grave del delito contra el medio ambiente cometido. Pero reprocha a la jueza de primera instancia, Isabel de Luque, ¡°que su valoraci¨®n para aumentar la pena por encima del m¨ªnimo legal¡± requer¨ªa ¡°un razonamiento de mayor calado¡± que el expuesto. La primera sentencia del caso ten¨ªa una extensi¨®n de 48 p¨¢ginas. El delito contra el medio ambiente tiene una pena m¨¢xima de cinco a?os de prisi¨®n, pero los Campos Pe?a han recibido un a?o de c¨¢rcel.

El fallo recuerda c¨®mo los acusados pod¨ªan haber evitado el da?o al medio ambiente mediante los mecanismos de control de agua para extraer de los pozos, autorizados o ilegales, pero rehusaron hacerlo. ¡°De modo consciente y voluntario, los contadores no existieron¡±, reprochan los magistrados.

Tres de los hermanos, Ana, Jos¨¦ Mar¨ªa y Antonio Campos Pe?a, intentaron ante la Audiencia eludir su condena por no estar implicados en la administraci¨®n de la finca y permanecer ajenos a ella. Pero los jueces les recuerdan que ¡°resulta insostenible¡± argumentar que los hermanos y socios de la empresa agr¨ªcola desconoc¨ªan los ¡°a?os de sanciones¡± por parte de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, tres de las cuales fueron ratificadas por el Tribunal Supremo. Los hermanos condenados, uno de ellos sacerdote y su hermana residente en Reino Unido, ten¨ªan ¡°el nivel intelectual suficiente¡± para percatarse del mecanismo de la explotaci¨®n agr¨ªcola y su ¡°constante extracci¨®n ilegal de aguas¡±. ¡°Ignorar, desconocer, mirar hacia otro lado, no se sostiene cuando las advertencias fueron m¨²ltiples y prolongadas en el tiempo¡±, zanja la Audiencia, que tilda de ¡°ignorancia deliberada¡± y ¡°ceguera¡± el comportamiento de los hermanos.

La sentencia recuerda en este punto ¡°la constante obstaculizaci¨®n a la polic¨ªa de aguas cuando pretend¨ªan acceder a la finca una vez advert¨ªan zonas no autorizadas donde se regaba, y sobre todo, la ausencia absoluta de control respecto del agua a extraer¡±. Desde 2005, los latifundistas decidieron impedir el acceso a la polic¨ªa del agua a su finca para verificar el agua extra¨ªda del acu¨ªfero, hasta que la Confederaci¨®n, dependiente del Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica regulariz¨® los cultivos en 2018, hace seis a?os. Lo hizo a pesar de los m¨¢s de cinco millones en multas que hab¨ªan acumulado los due?os infractores.

Tras la sentencia de primera instancia, los Campos Pe?a recurrieron asimismo la cuant¨ªa de la multa que suma 4.200 euros, pero la Audiencia la ve proporcionada al recordar su capacidad patrimonial, ya que las fincas de la familia est¨¢n valoradas en 3,3 millones de euros.

La captaci¨®n ilegal de agua en esta finca agr¨ªcola sevillana donde comienza la reserva en su extremo norte, en el l¨ªmite entre las dos provincias m¨¢s occidentales de Andaluc¨ªa, fue ¡°sistem¨¢tico, ambicioso, de car¨¢cter industrial y mantenida durante a?os¡±, subray¨® la sentencia inicial. El robo ha sido de tal volumen que el nivel fre¨¢tico del acu¨ªfero baj¨® hasta 15 metros, hab¨ªa resaltado el perito adscrito a la Unidad T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente. Los Campos Pe?a solo ten¨ªan permiso para regar 456 hect¨¢reas de un total de 1.044 con arroz, algod¨®n y remolacha con que cuenta su finca.

La sentencia de la Audiencia solo admite recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo por infracci¨®n de ley. Preguntado el abogado de la familia, Juan Luis P¨¦rez Mar¨ªn, ha rechazado confirmar si recurrir¨¢ el fallo condenatorio ante el alto tribunal.

La condena de la Audiencia de Sevilla ratifica el pago de los 1,9 millones como indemnizaci¨®n. Sin embargo, la continua litigaci¨®n de los Campos Pe?a les ha generado grandes ahorros a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada: de los 5,7 millones que los terratenientes debieron haber pagado en multas a la justicia y a la Administraci¨®n, solo abonaron 770.072 euros, el 13% del total, seg¨²n admiti¨® el pasado invierno la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir en una respuesta escrita a trav¨¦s del Portal de Transparencia. Entre 1997 y 2013, los empresarios acumularon 14 multas millonarias, tres de ellas ratificadas por el Supremo. De estas ¨²ltimas multas, Confederaci¨®n no cobr¨® ni un c¨¦ntimo de los 2,1 millones que inclu¨ªan como sanciones.