El Gobierno inicia la expropiaci¨®n de parte de los terrenos de El Algarrobico para demoler el hotel

El Consejo de Ministros iniciar¨¢ este martes el proceso para la declaraci¨®n de inter¨¦s p¨²blico de parte de los terrenos en los que se levant¨® el pol¨¦mico hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras. El objetivo final, seg¨²n el Gobierno central, es poder expropiar esos suelos en la playa, ¡°un tr¨¢mite que conducir¨¢ al derribo del edificio y a la recuperaci¨®n de ese paraje natural¡±. Pero el Estado solo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la l¨ªnea de costa. Para poder cumplir el objetivo de la demolici¨®n total del edificio se requerir¨ªa en principio que la Junta expropie los suelos que se adentran m¨¢s all¨¢ de la zona de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre.

La encargada de anunciar este acuerdo desde el mismo paraje de El Algarrobico ha sido Mar¨ªa Jes¨²s Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE andaluz. Este hotel ha sido declarado ilegal en multitud de sentencias dentro de un interminable y enrevesado proceso judicial con mil frentes que arranc¨® en febrero de 2006, hace 19 a?os, cuando se paralizaron las obras por orden de un juez de Almer¨ªa. Es bastante probable que la expropiaci¨®n abra otro frente judicial. Pero algunas organizaciones ecologistas reclamaban desde hace a?os que se lleve a cabo para borrar de una vez una mole cuya legalizaci¨®n era inviable aunque lleva casi dos d¨¦cadas varada en esta playa como un s¨ªmbolo del ladrillazo de principios de este siglo en Espa?a.

Seg¨²n Hacienda, el paso que dar¨¢ el Consejo de Ministros iniciar¨¢ el proceso para demoler el hotel que levant¨® la promotora Azata del Sol. ¡°Se trata de una edificaci¨®n construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-N¨ªjar, cuyo suelo, seg¨²n sentencia del Tribunal Supremo, no es urbanizable¡±, ha recordado en una nota este ministerio. Seg¨²n Montero, la construcci¨®n del hotel ¡ªque en un principio cont¨® con el aval de la Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Carboneras cuando ambas administraciones estaban en manos de los socialistas¡ª fue el ¡°mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural¡±. La vicepresidenta ha asegurado que, si la empresa no recurriera a los tribunales, el expediente de demolici¨®n se podr¨ªa resolver en cinco meses, informa Efe.

Lo que har¨¢ el Gobierno ser¨¢ aprobar una declaraci¨®n de ¡°utilidad p¨²blica para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protecci¨®n que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre¡±. Para ello se servir¨¢n de la Ley de Costas, de 1988. ¡°Se trata del primer paso para abordar la expropiaci¨®n de la edificaci¨®n y el suelo que se sit¨²an en terrenos sobre los que tiene competencia la Administraci¨®n General del Estado¡±, ha reiterado Hacienda.

Pero el ministerio ha dejado claro que ¡°solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata sobre la que se ubica el hotel se encuentra dentro del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre¡±, la franja sobre la que el Gobierno puede actuar. Seg¨²n Greenpeace, se trata de aproximadamente el 40% del complejo. ¡°El resto se adentra m¨¢s all¨¢ de este l¨ªmite y es la comunidad aut¨®noma quien es competente sobre esa parte del suelo¡±, ha explicado el Gobierno. Por eso Montero ha pedido a la Junta que ¡°realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operaci¨®n de demolici¨®n¡±.

La Junta y el Gobierno llevan m¨¢s de una d¨¦cada anunciando el derribo, pero su desenlace se encalla una y otra vez en los interminables procesos judiciales. Ya en 2011 ambas administraciones firmaron un protocolo para el derribo en el que se compromet¨ªan a pagar a medias el proceso de eliminaci¨®n del edificio y restauraci¨®n del paraje. Pero el momento de la piqueta se ha ido retrasando una y otra vez. Y unos a?os antes, en 2009, el Gobierno central dio marcha atr¨¢s en otro proceso de expropiaci¨®n ante la falta de seguridad jur¨ªdica para completar el proceso. Pero, desde entonces, se han sucedido las sentencias que han ido dejando fuera de la legalidad a esta mole de 20 plantas y 411 habitaciones que nunca lleg¨® a estar abierta al p¨²blico.

Montero ha se?alado este lunes que, adem¨¢s de iniciar el proceso de declaraci¨®n de inter¨¦s p¨²blico de los suelos, se convocar¨¢ la comisi¨®n de seguimiento para la recuperaci¨®n de la playa de El Algarrobico, en la que est¨¢n representados los dos gobiernos. Aunque la vicepresidenta ha abierto la puerta al di¨¢logo en esta comisi¨®n, el ministerio ha a?adido que ¡°el Gobierno buscar¨¢ alternativas para llevar a cabo la demolici¨®n del hotel y la restauraci¨®n del paraje natural¡± si la Junta no colabora e inicia el mismo proceso. ¡°Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los espa?oles¡±, ha asegurado Montero.

La Junta no ha respondido expresamente a la petici¨®n de vicepresidenta de que inicie los tr¨¢mites tambi¨¦n para la expropiaci¨®n, pero ha recordado que esa ¡°no es la mejor f¨®rmula, porque eternizar¨ªa el proceso en caso de recurso judicial¡±, seg¨²n han explicado fuentes del Gobierno aut¨®nomo. El Ejecutivo que dirige Juan Manuel Moreno insiste en que la v¨ªa ¡°m¨¢s r¨¢pida y segura es que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras que concedi¨® en 2003¡å, insisten las mismas fuentes, que recuerdan que cuando el Consistorio estaba en manos del PP, en 2023, se inici¨® el expediente de nulidad de la licencia, pero que la moci¨®n de censura presentada por PSOE y Ciudadanos impidi¨® que saliera adelante.

Ayuntamiento de Carboneras

El tercer actor en discordia en este interminable proceso es precisamente el Ayuntamiento de Carboneras, que desde diciembre gobierna Ciudadanos con cinco concejales del PP. Esta corporaci¨®n otorg¨® la licencia al hotel en 2003 y desde entonces se ha resistido a aplicar las sentencias que permitir¨ªan borrar esta mole del mapa. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) dio el en¨¦simo ultim¨¢tum al Ayuntamiento para que modificara su planificaci¨®n urbana y cambiara la calificaci¨®n del suelo de la playa del Algarrobico donde se levanta el hotel, de urbanizable a no urbanizable.

Tras el anuncio de Montero de este lunes, la Junta, adem¨¢s de advertir de que la expropiaci¨®n alargar¨ªa el proceso, ha acusado al Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez de ¡°falta de lealtad¡± por adelantar esta decisi¨®n que ¡°no solo no se ha tratado en la comisi¨®n mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los ¨²ltimos acuerdos¡±, de acuerdo con las citadas fuentes. Seg¨²n la Junta, en la reuni¨®n que ambas partes mantuvieron en marzo de 2024, la directora general de la Costa y el Mar, Ana Mar¨ªa O?oro Valenciano, manifest¨® que la v¨ªa para la demolici¨®n pasaba por que el Ayuntamiento anulara la licencia urban¨ªstica.

Pero Greenpeace, que lidera la batalla en los tribunales contra la construcci¨®n, ha solicitado a la Junta que ejerza el derecho de tanteo y retracto que le reconoci¨® el Supremo en 2016. ¡°Esto permite a la Junta abonar la cantidad que pag¨® el comprador por la compra de un terreno en el parque natural¡±, explica Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, abogado de esta organizaci¨®n ecologista. El problema es que con esta maniobra la administraci¨®n adquiere la propiedad, pero no la posesi¨®n, que sigue en manos de Azata del Sol. La Junta, de hecho, ha depositado 2,3 millones de euros de la compra, pero, 10 a?os despu¨¦s, no ha iniciado ese procedimiento. En las reuniones que Greenpeace ha mantenido con la Consejer¨ªa de Sostenibilidad sobre El Algarrobico le han insistido sobre la opci¨®n de ejecutar el derecho de tanteo y retracto y la expropiaci¨®n, una opci¨®n que recoge la ¨²ltima ley del suelo andaluza, la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andaluc¨ªa (LISTA), de 2021.

El presidente Juan Manuel Moreno ha hecho del derribo del Algarrobico una prioridad en m¨²ltiples declaraciones p¨²blicas. Y en los presupuestos de 2025 reserv¨® una partida de poco m¨¢s de un mill¨®n de euros para la demolici¨®n, algo que ha hecho en varias cuentas anuales. En este sentido, desde la Junta se insiste en que quien debe acometer el derribo, en funci¨®n con el acuerdo que el Gobierno central y el aut¨®nomo firmaron en 2011, es el Ejecutivo central. ¡°La Junta est¨¢ preparada para cumplir con su obligaci¨®n de manera inmediata: reciclar los escombros y restaurar la playa. Solo necesita que antes cumpla el Gobierno de Espa?a y derribe el edificio, como es su obligaci¨®n¡±, insisten las fuentes consultadas.