El primer juicio en el que el mar Menor se persona como acusaci¨®n particular est¨¢ previsto para mayo de 2026

Ya hay fijado un juicio en Espa?a en el que se persona como acusaci¨®n particular un ecosistema, el mar Menor. No est¨¢ nada claro en qu¨¦ quedar¨¢ todo, pero la fecha prevista es mayo de 2026 y este litigio constituye una de las cuestiones clave de la aplicaci¨®n de la ley de 2022 que dot¨® de derechos propios a esta laguna amenazada de Murcia. Pasados m¨¢s de dos a?os desde que el mar Menor se convirtiera en el primer ecosistema de Europa con personalidad jur¨ªdica, gracias a una iniciativa legislativa popular (ILP) que consigui¨® m¨¢s de 600.000 firmas, esta norma pionera avalada por el Tribunal Constitucional avanza por dos v¨ªas distintas. Por un lado, el Gobierno aprob¨® el martes el reglamento para activar los nuevos ¨®rganos de representaci¨®n de este espacio natural. Por otro, ecologistas y abogados batallan ya desde hace tiempo en los tribunales para lograr representar al mar Menor como acusaci¨®n particular.

La ley de 2022 prev¨¦ en su art¨ªculo 3 la constituci¨®n de tres ¨®rganos diferentes para actuar como tutores del espacio natural y vigilar su evoluci¨®n ¡ªun comit¨¦ de representantes, una comisi¨®n de seguimiento y un comit¨¦ cient¨ªfico¡ª, para los que ahora se ha regulado c¨®mo deben designarse a los integrantes. Sin embargo, la norma tambi¨¦n establece en su art¨ªculo 6 que cualquier persona est¨¢ legitimada para defender este ecosistema ante la Administraci¨®n o la justicia. Es en este segundo frente donde m¨¢s se ha trabajado de momento y tambi¨¦n donde se han producido las primeras derrotas, actuando de la mano organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acci¨®n, Greenpeace, SEO/BirdLife, Pacto por el Mar Menor y Alianza Mar Menor (Amarme), as¨ª como algunos ayuntamientos como Los Alc¨¢zares y Cartagena, en colaboraci¨®n con juristas de la Universidad de Murcia, donde est¨¢ Teresa Vicente, la profesora que impuls¨® esta norma pionera.

Como detalla Sergio Marco, uno de los abogados que est¨¢ interviniendo en las primeras causas, el principal cambio que reivindican es que los defensores del mar Menor no solo puedan actuar como acusaci¨®n popular, sino tambi¨¦n como acusaci¨®n particular, en representaci¨®n del propio ecosistema. La diferencia resulta importante, pues mientras que la acusaci¨®n popular es una persona, entidad o empresa que no tiene relaci¨®n con los hechos denunciados, la acusaci¨®n particular es ejercida por la propia v¨ªctima y por eso tiene m¨¢s derechos. ¡°La novedad que se produce en Espa?a, y en Europa, es que por primera vez un ecosistema ejercita en su propio nombre la acci¨®n penal, por entenderse que es titular de esos derechos el ecosistema, que tiene capacidad de acusaci¨®n¡±, comenta este abogado. ¡°Es como si fuese una empresa a la que han robado y contaminado, que denuncia y ejercita la acci¨®n¡±.

En la pr¨¢ctica, esto tiene un primer efecto muy concreto, pues no se puede llegar a un acuerdo para cerrar una causa si no est¨¢ conforme la v¨ªctima. Igualmente, como incide Marco, ¡°si en un proceso el fiscal decide no acusar, el juez est¨¢ obligado a dar traslado de ello a la v¨ªctima del delito, por si quiere mantener la acusaci¨®n¡±. Tras la aprobaci¨®n de la ley de 2022, se han producido distintos ejemplos de esto con muy distinto resultado. Uno es el pacto alcanzado en 2024 entre la Fiscal¨ªa y un empresario agr¨ªcola en el primer juicio del caso Topillo, una macrocausa iniciada en 2017 contra una treintena de empresas del Campo de Cartagena por vertidos provocados por el uso de desalobradoras no autorizadas para obtener agua de riego. Tras este acuerdo, se cerr¨® el proceso contra el acusado con una condena de un a?o y medio de prisi¨®n y el pago de 18.000 euros, una pena considerada muy baja por los grupos ecologistas. Seg¨²n Marco, si el mar Menor hubiera estado personado como acusaci¨®n particular, los representantes de la laguna habr¨ªan podido impedir este pacto.

La defensa del mar

En otras diligencias del caso Topillo, el juez Ra¨²l S¨¢nchez Conesa, del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 4 de Cartagena, s¨ª invit¨® a pronunciarse a ecologistas, ayuntamientos y promotores de la ILP en defensa del mar Menor, en aplicaci¨®n de la ley de 2022. En una de ellas, el abogado de la empresa agr¨ªcola Expracar hab¨ªa pedido el archivo del caso tras el fallecimiento del principal empresario que la llevaba. Los representantes de la laguna como acusaci¨®n particular se opusieron a ello. Sin embargo, la Audiencia Nacional tumb¨® la resoluci¨®n del juez y dict¨® que ecologistas y municipios solo pod¨ªan intervenir como acusaci¨®n popular.

¡°Nosotros pensamos que se equivoca porque esto es lo novedoso de la ley, si no el art¨ªculo 6 no sirve para nada, porque la acci¨®n popular, criminal o penal, ya existe en Espa?a desde 1800, pero ahora hay una figura que es el mar Menor, que puede defenderse a s¨ª mismo, a trav¨¦s de cualquier persona¡å, comenta Eduardo Salazar, otro de los juristas involucrados, que explica que tras no prosperar sus recursos en el Tribunal Supremo y el Constitucional, decidieron acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A la espera de que este se pronuncie, otra de las piezas del caso Topillo sobre las que pregunt¨® el Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Cartagena s¨ª que ha derivado en un juicio en el que est¨¢ personado el mar Menor como acusaci¨®n particular para mayo de 2026. En esa ocasi¨®n, se trata de la causa contra la empresa agr¨ªcola Ecosarete por un vertido de 162.345 m? provocado por el uso de desalobradoras. ¡°Ser¨¢ la primera vez que el mar Menor va a un juicio como v¨ªctima y como acusador¡±, asegura Salazar. ¡°Y digo v¨ªctima, simplemente, porque se ha pedido que la indemnizaci¨®n [estimada por los representantes de la laguna en 506.137 euros] no sea ni para el Estado ni para las ONG, sino para el mar Menor¡±, se?ala.

Est¨¢ por ver en qu¨¦ queda todo esto para conocer el verdadero alcance de una de las partes centrales de la ley de 2022, mientras se contin¨²a con el proceso para constituir los ¨®rganos de representaci¨®n de la laguna y se comprueba hasta d¨®nde pueden llegar tambi¨¦n. ¡°Debemos esperar a que se resuelva la discusi¨®n jur¨ªdica sobre el art¨ªculo 6, pues no tenemos capacidad para seguir todos estos procesos¡±, comenta Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acci¨®n, que incide en el riesgo de que se judicialice en extremo la defensa de la laguna.