Descalificaci¨®n y reglas del juego

En respuesta a algunas cr¨ªticas que se han formulado por parte de los socialistas al comportamiento pol¨ªtico de la oposici¨®n, el jefe del principal partido de ¨¦sta expone cu¨¢les son las l¨ªneas fundamentales que orientan sus actuaciones y la base, a su parecer objetiva, que les mueve a censurar la labor gubernamental.

Con motivo de las evaluaciones, inevitablemente discrepantes, de los primeros cien d¨ªas de un Gobierno socialista en Espa?a (en plena normalidad y con mayor¨ªa clara, y, por lo mismo, con plena responsabilidad), algunos han considerado la. posici¨®n cr¨ªtica de la oposici¨®n como una actitud de descalificaci¨®n global, poco objetiva y escasamente dialogante. Esa cr¨ªtica carece de fundamento. La posici¨®n de escasa disposici¨®n al di¨¢logo es, a nuestro juicio, la que han tomado el Gobierno socialista y su grupo parlamentario. Nosotros no pateamos a los ora dores socialistas en el Congreso o en el Senado, ellos s¨ª lo hacen. Nosotros no hemos adoptado ninguna actitud obstruccionista, abusando del regimiento, como ha hecho hace pocos d¨ªas el Grupo Socialista intentando bloquear el qu¨®rum en el Parlamento vasco. Nosotros no estamos llevando los problemas a la calle, como s¨ª lo hacen los sectores a la izquierda del Gobierno. Nosotros no hemos rechazado los contactos en la Moncloa ni en ning¨²n otro sitio, y son otros quienes los han interrumpido.Es claro que nos reservamos el hacer uso, cuando haya motivo para ello, de los recursos constitucionales y legales. Es claro que pedimos que el Parlamento sea el lugar en que se debatan los grandes anuncios de las decisiones p¨²blicas, pues para ello vivimos en un sistema parlamentario, expresamente establecido as¨ª, y con ese nombre, por la Constituci¨®n. Es claro que ese di¨¢logo parlamentario debe continuarse, con igualdad de oportunidades, en la televisi¨®n y en la radio p¨²blicas; y que el monopolio de la televisi¨®n, en manos del Gobierno, debe terminar, en beneficio del p¨²blico, si de verdad se quiere hablar de un aut¨¦ntico di¨¢logo Gobierno-oposici¨®n.

Lo que la oposici¨®n no tiene m¨¢s remedio que exigir es que se cumplan las reglas de juego establecidas por la Constituci¨®n. Aqu¨ª surge una cuesti¨®n fundamental. Hay dos interpretaciones de la democracia y de los poderes de la mayor¨ªa. Seg¨²n una (la mala), la mayor¨ªa puede hacer lo que quiera. Seg¨²n otra (la buena), la mayor¨ªa puede hacer lo que quiera dentro de la Constituci¨®n. Algunos que critican la idea, absolutamente correcta, de que la Constituci¨®n pueda ser reformada, con arreglo a sus propios art¨ªculos que regulan una posible reforma, parecen aceptar la tesis de que, con la mayor¨ªa en la mano, no importa lo que diga la Constituci¨®n. No cabe mayor abuso, desde el punto de vista constitucional; a no ser que, agravando el error y el agravio, se pretenda que la Constituci¨®n, una vez cumplido su papel para romper lo que hab¨ªa antes, ahora es un mero punto de partida para nuevas acciones rupturistas. Semejante interpretaci¨®n acabar¨ªa con cualquier principio de legitimidad constitucional y de seguridad jur¨ªdica.

Para eso es para lo que la propia Constituci¨®n ha establecido un Tribunal Constitucional (que puede medir la constitucionalidad de las mismas leyes), un Tribunal Supremo (que puede, como los dem¨¢s tribunales, comprobar la legalidad de los decretos y de las ¨®rdenes ministeriales, y de los actos administrativos) y otros ¨®rganos encargados de vigilar y hacer cumplir esas reglas de juego.

Un caso t¨ªpico es el abuso de los decretos-leyes, regalados por el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n con un criterio de indudable excepcionalidad. La primera condici¨®n que se exige es la de "extraordinaria y urgente necesidad"; lo que no ha impedido que, en el plan legislativo del Gobierno, se hayan incluido, con la mayor naturalidad y con meses de anticipaci¨®n (lo que es totalmente contradictorio con la urgencia), varios decretos-leyes (como el de reconversi¨®n industrial). La Constituci¨®n prev¨¦ (art¨ªculos 82 a 85) otra f¨®rmula, la legislaci¨®n delegada, por leyes de bases; para los casos en que la complejidad de la materia exija una mayor flexibilidad, por la v¨ªa de los decretos legislativos, mas nunca la v¨ªa excepcional y tasada del decreto-ley. Tampoco acepta ¨¦sta que, como se hizo en el caso Rumasa, se utilice dicha v¨ªa para afectar derechos o materias reguladas en el t¨ªtulo I de la Constituci¨®n.

Las reglas del juego parlamentario son igualmente esenciales. El principio del mismo es el debate p¨²blico y contradictorio de todo asunto p¨²blico de importancia. Se ha hablado con retint¨ªn de la democracia televisada; nada tiene de malo que el p¨²blico siga con inter¨¦s los debates parlamentarios. La que es mala es la otra democracia televisada, la que se est¨¢ practicando, la de mon¨®logos desde la Moncloa y sin debates.

El Parlamento est¨¢, por otra parte, en el momento de m¨¢s bajo rendimiento de su historia y, en la productividad m¨¢s baja de toda Europa. En nuestro continente, la mayor¨ªa de los parlamentos se re¨²nen un promedio de cinco d¨ªas por semana, y ninguno menos de cuatro. A nosotros nos sobra con dos. La raz¨®n es que apenas hay proyectos de ley del Gobierno, que se abusa del decreto-ley y, que funciona una r¨ªgida guillotina de las proposiciones de ley de la oposici¨®n. El Grupo Socialista, cuando estaba en la oposici¨®n, defendi¨® siempre que nunca votar¨ªa en contra de las tomas en consideraci¨®n (sin perjuicio de enmendar las proposiciones de ley en comisi¨®n) y censur¨®, con raz¨®n, el que algunas de sus proposiciones de ley fueran rechazadas por UCD, sin muchos razonamientos, afirmando que ello equival¨ªa a cercenar el derecho de iniciativa reconocido a las c¨¢maras. Pues ahora son ellos quienes las echan todas abajo; incluso alguna (como la de arrendamientos urbanos) que hab¨ªan votado a favor anteriormente.

Hay otro hecho de la mayor importancia, que es la forma en que est¨¢n haciendo uso de sus facultades de llamar a la cuesti¨®n o al orden a los oradores; sin precedentes en nuestra historia parlamentaria, antigua o reciente, ni en los pa¨ªses de nuestro entorno cultural. Ya hemos visto que a nuestras Cortes, faltas de trabajo, no les falta tiempo, sino que les sobra, y la libertad plena de palabra de diputados y senadores es un principio fundamental.

Y ahora vengamos a lo fundamental. A nadie le, puede sorprender que a la oposici¨®n, mientras act¨²e dentro de esas mismas reglas de juego, lo que se le ocurra como funci¨®n b¨¢sica es oponerse. La oposici¨®n, sin faltar a los m¨¢s elementales deberes de representaci¨®n y de lealtad hacia quienes la han votado, no tiene m¨¢s remedio que plantear, de modo sistem¨¢tico, la cr¨ªtica al modelo socialista hacia el que se quiere llevar a la sociedad espa?ola. Nosotros no tenemos la culpa de que los socialistas planteen una filosof¨ªa distinta de la sociedad, b¨¢sicamente la filosof¨ªa materialista del marxismo. Nosotros preferimos la Semana Santa al centenario de Marx; ellos nos dan lo otro en televisi¨®n. Nosotros no tenemos la culpa de que se nos quiera llevar a una es cuela p¨²blica y laica, a la justificaci¨®n del aborto y a otras muchas cosas que no nos gustan. Nosotros rechazamos la confusa pol¨ªtica exterior aislacionista y debilitadora hacia la que vamos. Nosotros que remos una econom¨ªa din¨¢mica, basada en el trabajo, el ahorro y la iniciativa privada. Y as¨ª sucesivamente.

Por ello no descalificamos; nos oponemos, lealmente, y esperamos hacerlo bastante mejor.