147.000 millones de deudas

El Gobierno socialista, a las pocas semanas de su toma de posesi¨®n, sac¨® adelante una ley para poner a cero las cuantiosas deudas de los ayuntamientos espa?oles, en muchos casos gobernados por miembros de su partido, y facilitar as¨ª el desarrollo de su pol¨ªtica program¨¢tica respecto a las corporaciones locales. Se trataba, en definitiva, de que el Estado asumiera los n¨²meros rojos de los municipios hasta el 31 de diciembre de 1982, y a partir de ah¨ª aumentar los recursos de los ayuntamientos mediante una mayor participaci¨®n de los mismos en los ingresos estatales. Todo ello ir¨ªa acompa?ado de una ley de bases, que incrementar¨ªa las facultades y competencias de los ayuntamientos, y de una ley de financiaci¨®n.Con estas medidas el PSOE pensaba otorgar un mayor protagonismo a los municipios en la gesti¨®n p¨²blica del Estado, en el reparto de competencias con la Administraci¨®n Central y con las Comunidades Aut¨®nomas, por entender que las corporaciones locales est¨¢n m¨¢s pr¨®ximas al ciudadano y pueden ser m¨¢s eficaces en la prestaci¨®n de determinados servicios.

Un total de 302 corporaciones solicitaron al Estado, en base a la citada ley de saneamiento de haciendas locales, que se hiciera cargo de sus d¨¦ficits acumulados hasta esa fecha, que alcanzaba en conjunto la cifra de 147.254 millones de pesetas. El Gobierno, previamente a la aceptaci¨®n y asunci¨®n de estos d¨¦ficits, procedi¨® a una auditor¨ªa de estos ayuntamientos.

La falta de interventores, el desbarajuste administrativo existente en muchos ayuntamientos, las diferencias contables entre lo solicitado y lo auditado, y la falta de recursos puntuales por parte del Estado para hacer frente a estas deudas, ha demorado el pago de estas cantidades a los municipios (todav¨ªa queda alguno hoy, dos a?os y medio despu¨¦s de la publicaci¨®n de la ley, que no ha recibido el importe solicitado). Excepto una dotaci¨®n presupuestaria de 33.000 millones de pesetas, el resto de la deuda ha sido absorbida por el Estado mediante una operaci¨®n crediticia con la banca oficial.

Las diferencias entre el d¨¦ficit declarado por las corporaciones y el auditado por los interventores del Estado supera los 45.000 millones de pesetas. Las discrepancias entre unas y otras estimaciones ha sido clamorosa en algunos casos: el ayuntamiento de Segovia present¨® 371,7 millones de d¨¦ficit (s¨®lo 130,4 fueron comprobados por la auditor¨ªa); el de Palencia, 171 millones (s¨®lo 103 comprobados); el de Santander, 2.430 (s¨®lo 1.338 comprobados); el de Sevilla, 5.125 millones (s¨®lo 1.705 millones comprobados); el de Madrid, 18.888 millones (s¨®lo 15.350 comprobados); y el de Barcelona, 74.346 millones (s¨®lo 66.593 comprobados).

No obstante ha habido algunos casos, y esto habla de la precariedad de las contabilidades vigentes en muchos municipios, en que los interventores han detectado un d¨¦ficit real muy superior al presentado por las corporaciones para su asunci¨®n por el Estado. As¨ª el ayuntamiento de Santa Mar¨ªa de Tietar solicitaba 4,47 millones de pesetas con un d¨¦ficit auditado de 16,8 millones; o el ayuntamiento de Olmedo, por solo poner dos casos, que ped¨ªa 3,1 millones cuando ten¨ªa derecho a cobrar 17,4 millones.

Por otra parte el 85,5% del d¨¦ficit global de 147.000 millones de pesetas, presentado por las 302 corporaciones locales a la Administraci¨®n para su asunci¨®n por el Estado, corresponde a tan s¨®lo dieciseis ayuntamientos y diputaciones. Y el d¨¦ficit declarado por el ayuntamiento de Barcelona, 74.346 millones de pesetas, supone m¨¢s del 50% de los n¨²meros rojos declarados por la totalidad de corporaciones locales.

Las irregularidades de contabilidad m¨¢s comunes en los ayuntamientos se refieren a raspaduras y tachaduras en los libros, falta de facturas o no contabilizaci¨®n de las mismas, operaciones extrapresupuestarias, y falta de formalizaci¨®n de ingresos y pagos.