El Supremo expulsa a Lia?o de la judicatura

El Tribunal Supremo conden¨® ayer al juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o, por un delito continuado de prevaricaci¨®n judicial (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta), a las penas de 15 a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo p¨²blico, con la p¨¦rdida definitiva de su cargo de juez y los honores que le eran anejos, as¨ª como a 18 meses de multa, a raz¨®n de 1.000 pesetas diarias (540.000 pesetas). ?sta es la segunda vez en la reciente historia judicial espa?ola en que un juez es condenado por prevaricaci¨®n. El ¨²nico precedente fue, en 1996, el ex vocal del Poder Judicial Llu¨ªs Pascual Estevill.La sentencia, adoptada por mayor¨ªa con los votos favorables de los magistrados Gregorio Garc¨ªa Ancos y Enrique Bacigalupo y con el contrario de Jos¨¦ Manuel Mart¨ªnez-Pereda, que formul¨® un voto particular, considera prevaricadoras las decisiones adoptadas por Lia?o en el caso Sogecable, del que era instructor, y se?ala que "lo que no es discutible es que las decisiones basadas en la propia convicci¨®n empecinada del juez, sin fundamento racional en la ley, son incompatibles con el Estado democr¨¢tico de derecho".

El tribunal condena a Lia?o por un delito continuado porque las resoluciones tachadas de prevaricadoras, seg¨²n la sentencia, "constituyen s¨®lo la manifestaci¨®n de una instrucci¨®n en forma contraria al derecho, sin sujeci¨®n a la ley vigente". Las citadas resoluciones son el empecinamiento en decretar el secreto del sumario cuando la Audiencia ya le hab¨ªa ordenado que lo levantase; la prohibici¨®n a los directivos de Sogecable de salir de Espa?a sin autorizaci¨®n y la imposici¨®n de una fianza de 200 millones de pesetas a Polanco cuando ya sab¨ªa que Sogecable no hab¨ªa incurrido en delito alguno.

Una causa "abierta en falso"

La resoluci¨®n deja claro, a lo largo de toda la argumentaci¨®n, la inexistencia de delito en el llamado caso Sogecable. As¨ª, ante las afirmaciones de la defensa de que la causa de Sogecable "se cerr¨® en falso" porque hab¨ªa que seguir investigando la posible existencia de delitos, la sentencia afirma que "la verdad es la contraria: la causa en realidad se abri¨® en falso, pues no otra cosa cabe decir respecto de un caso en el que se persiguieron unos hechos como apropiaci¨®n indebida sin contar con ning¨²n damnificado y luego de desaparecido el peligro de que lo hubiera".

La sentencia recuerda que todo el proceso se inici¨® por la publicaci¨®n en la revista ?poca, dirigida por Jaime Campmany, de un informe redactado por los economistas "Gerardo Ortega, Rafael P¨¦rez Escolar y (probablemente) Ram¨®n Tamames". Ortega declar¨® ante el juez que dicho informe le hab¨ªa sido encargado por un secretario de Estado del actual Gobierno.

Tras analizar lo injusto de cada una de las resoluciones adoptadas por Lia?o en la instrucci¨®n, el tribunal rechaza que Lia?o hubiera actuado en todo momento respaldado por el fiscal, como ¨¦ste sostiene. La sala constata que ese respaldo "queda reducido a la cooperaci¨®n parcial de un fiscal cuya actuaci¨®n fue corregida en ocasiones por el fiscal general del Estado". "No es cierto que el juez haya contado con el apoyo del ministerio fiscal en todas sus resoluciones. Tuvo la cooperaci¨®n del se?or Gordillo [el fiscal encargado del caso], pero no la del ministerio p¨²blico", afirma la sentencia.

El Supremo tambi¨¦n rechaza la argumentaci¨®n de Lia?o de que los jueces que le sustituyeron mantuvieron las medidas cautelares que ¨¦l impuso a los directivos de Sogecable. Estos jueces, seg¨²n la sentencia, pudieron "haber dado un tr¨¢mite procesalmente poco expeditivo para dejarlas sin efecto, pero, al pronunciarse sobre ellas [las medidas cautelares], en ning¨²n caso las aprobaron".

La sentencia fue le¨ªda en audiencia p¨²blica. La defensa del juez intent¨® una ¨²ltima argucia jur¨ªdica para retrasar el fallo. Justo antes de la lectura present¨® un recurso de s¨²plica contra la resoluci¨®n que notificaba el cambio de ponente, una circunstancia a la que obliga la ley cuando el encargado de redactar la sentencia es contrario al sentido de la mayor¨ªa. El presidente de la sala, Gregorio Garc¨ªa Ancos, cort¨® por lo sano: "No cabe. No ha lugar en este momento, ni a dilatar el procedimiento".

Lia?o escuch¨® la sentencia en el banquillo. Concluida la lectura, el ya ex magistrado esper¨® unos minutos para abandonar la sala junto a su esposa y abogada defensora, Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado. Un grupo de incondicionales le ovacion¨® al salir. Entre ellos figuraban el abogado de Mario Conde, Jes¨²s Santaella; el abogado de Rafael P¨¦rez Escolar en el caso Banesto y diputado primero del Colegio de Abogados de Madrid, Jes¨²s Castrillo; uno de los letrados de la defensa del 23-F, Dimas Sanz; el ex abogado del fugitivo Laureano Oubi?a, Manuel Tuero; el comisario Manuel Ballesteros, y otros polic¨ªas y funcionarios.

La sentencia supone para G¨®mez de Lia?o la p¨¦rdida definitiva de su cargo de juez, en el que estaba suspendido desde el 20 de junio de 1998, y le condena tambi¨¦n al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusaci¨®n particular; es decir, la de los abogados de Sogecable.

G¨®mez de Lia?o declar¨® al abandonar el Supremo: "No cambiar¨ªa mi toga, mi humilde toga, por las solemnes togas de los se?ores magistrados que me han condenado". Tras indicar que esperaba que los jueces que le han condenado tengan la conciencia tranquila, afirm¨®: "Para m¨ª, la justicia se est¨¢ haciendo de rogar, pero estoy convencido de que no tardar¨¢ mucho, alguien o alg¨²n tribunal de justicia, en devolverme aquello que esta ma?ana dos magistrados me han arrebatado injustamente".

El abogado de Sogecable Mat¨ªas Cort¨¦s calific¨® la sentencia de "muy importante". "A partir de ahora", asegur¨®, "los jueces de instrucci¨®n tendr¨¢n que medir m¨¢s el poder absoluto que tienen".

El hecho de que G¨®mez de Lia?o haya presentado un recurso de ¨²ltima hora para retrasar la sentencia, seg¨²n Mat¨ªas Cort¨¦s, evidencia que no puede ser juez, "ya que demuestra una forma de defenderse que no puede ser la forma de defenderse de un juez".

La sentencia tuvo una gran repercusi¨®n. El PSOE achac¨® la responsabilidad pol¨ªtica de este caso al Gobierno, mientras que el ministro portavoz, Josep Piqu¨¦, "lament¨®" que sucedan estos casos en la Audiencia Nacional, aunque no opin¨® sobre el fallo.