La Iglesia est¨¢ exenta de los principales impuestos

Cada a?o, la Conferenia Episcopal Espa?ola (CEE) env¨ªa a Roma un ¨®bolo -de 16 millones de pesetas, en 2000- con cargo al ¨²nico presupuesto p¨²blico de la Iglesia cat¨®lica, el de la propia CEE. Esa escueta generosidad de los obispos con el Romano Pont¨ªfice simboliza el funcionamiento centralizado de esta religi¨®n y contrasta con la dispersi¨®n con que funciona su econom¨ªa de ingresos y gastos.

El lunes pasado un despacho de agencia anunciaba que los obispos estudiaban al d¨ªa siguiente [por ayer] 'los presupuestos de la Iglesia para el a?o 2002', y as¨ª se anuncia cada a?o cuando se aprueba por la plenaria episcopal. Pero, en la realidad, ese presupuesto -23.929 millones en 2001- no sirve sino para pagar los sueldos de los propios obispos (211 millones) y la n¨®mina de sus 19.000 curas parroquiales, m¨¢s los gastos de personal y de funcionamiento de la propia Conferencia Episcopal.

Tambi¨¦n suele anunciarse cada a?o lo que el Estado aporta al presupuesto de la CEE -21.756 millones en 2001, algo m¨¢s del 90% del presupuesto total-, con la equivocada idea de que es s¨®lo esa cantidad la que llega a los obispos desde las arcas del Estado. La realidad, otra vez, confunde esa afirmaci¨®n, porque lo cierto es que las diferentes administraciones del Estado aportan directamente a la Iglesia cientos de miles de millones m¨¢s por m¨²ltiples caminos.

El para¨ªso fiscal

La ventajosa relaci¨®n de la Iglesia cat¨®lica con el Estado queda resumida en el campo de la fiscalidad. El clero no declara a Hacienda sus sueldos, y la Iglesia, en sus m¨²ltiples manifestaciones, est¨¢ exenta de los impuestos principales: IVA, impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jur¨ªdicos documentados. De forma que, cuando se hace la suma global de lo que aporta, aqu¨ª y all¨¢, el Estado a las arcas cat¨®licas, nadie puede calcular lo que habr¨ªa que a?adir por esa situaci¨®n de para¨ªso fiscal. Algunos expertos se?alan por alto: decenas de miles de millones m¨¢s.

Lo curioso es que de esas ventajas fiscales no se benefician ni siquiera las otras religiones que gozan de la calificaci¨®n de 'notorio arraigo' [protestantismo, juda¨ªsmo e islamimso], que tambi¨¦n han firmado convenios de colaboraci¨®n con Espa?a. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un rabino, un pastor o un imam construyen su vivienda en un municipio, deber¨¢n pagar, l¨®gicamente, la licencia de obras al Ayuntamiento, de la que, en cambio, est¨¢ exento el sacerdote para su casa, rectoral o no.

Otro ejemplo, m¨¢s gr¨¢fico si se quiere: la Cruz Roja, como asociaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico y sin ¨¢nimo de lucro, tambi¨¦n tiene peor tratamiento que la Iglesia cat¨®lica. Dionisio Llamazares, catedr¨¢tico de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, en apoyo del principio de igualdad que deber¨ªa asegurar el Estado aconfesional, record¨® ayer que la Comisi¨®n Europea ya ha llamado la atenci¨®n al Gobierno de Espa?a por permitir estas discriminaciones. Es cierto que tales ventajas fiscales tienen su origen en los acuerdos bilaterales entre Espa?a y la Santa Sede, pero, dice Llamazares, tal situaci¨®n tambi¨¦n se contempla en el acuerdo de integraci¨®n de Espa?a en la Uni¨®n Europea: en esos casos excepcionales, se?ala el tratado, los Estados deber¨¢n hacer esfuerzos para eliminar tales desigualdades de trato, y 'eso no se est¨¢ haciendo', a?adi¨®.

Otro pozo insondable del dinero p¨²blico que recibe la Iglesia tiene que ver con el patrimonio hist¨®rico y sus bienes inmobiliarios, cuantiosos a pesar de haber sido sometida a dos severos procesos de desamortizaci¨®n en el pasado. La Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera potencia del Estado en patrimonio hist¨®rico, y es due?a de miles de inmuebles e incluso de varios latifundios rurales. Pues bien, cada a?o, las administraciones auton¨®micas presupuestan unos 10.000 millones para financiar proyectos de restauraci¨®n o de mantenimiento de esos bienes -museos, archivos, catedrales, monasterios, iglesias, casas rectorales, campanarios, jardines-, e incluso para construir nuevos edificios eclesiales, sin que, a cambio, se exijan contrapartidas rigurosas de uso p¨²blico, ajeno a caprichos de horario o prohibiciones por motivos, por ejemplo, de vestimenta.

Respecto al dinero gastado por el Estado en actuaciones sobre ese patrimonio, se produce un hecho extravagante: las competencias est¨¢n transferidas a las consejer¨ªas de Cultura, pero la Administraci¨®n central tambi¨¦n dedica decenas de millones a ese objetivo, incluso solap¨¢ndose en las mismas partidas.

La concertaci¨®n

Pero donde realmente engordan las cuentas de la Iglesia es en el cap¨ªtulo de la ense?anza escolar. Por cierto, es en este sector de ingresos donde existe mayor transparencia, tanto en el n¨²mero de centros concertados por cada Gobierno aut¨®nomo como sobre las cantidades finales aportadas por sus respectivos presupuestos. Si las cifras que se ofrecen son algunas veces de redondeo, aun siendo exactas en lo principal, es porque proceden muchas veces de fuentes no homog¨¦neas. As¨ª, Cantabria y Asturias facilitaron datos de este mismo a?o, mientras que de Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco los ¨²ltimos oficiales son de 1988.

Otro aspecto que surge tras el an¨¢lisis de la ense?anza concertada por el Estado con organizaciones religiosas tiene que ver con el n¨²mero de conciertos -en relaci¨®n con la ense?anza p¨²blica-, con la calidad que ofrecen y con el precio. Al respecto, ?lvaro Marchesi, ex secretario de Estado de Educaci¨®n, denuncia el incremento de los conciertos -'Han ido a m¨¢s, claramente', dice-, cuando las previssiones en el momento de aprobarse la Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE, 1984), eran de estabilidad: en torno al 65% lo p¨²blico, y el 35% lo privado concertado. Ahora mismo hay autonom¨ªas como Catalu?a y Madrid que caminan hacia la equiparaci¨®n de esos porcentajes.

M¨¢s cr¨ªticos, UGT y CC OO advierten de que los conciertos no cumplen la funci¨®n social que les justifica, multiplic¨¢ndose en zonas de prosperidad, con una 'descarada intenci¨®n de algunos gobiernos auton¨®micos y del PP por arrinconar a la escuela p¨²blica'. Paloma Mart¨ªnez, secretaria de la Federaci¨®n de Ense?anza de UGT, denuncia que el Estado paga 'a precio de saldo' esos conciertos, lo que repercute en la calidad y en el salario de sus docentes, muy inferior al de sus colegas de la p¨²blica.