El ministerio fiscal frente a la corrupci¨®n

El crecimiento econ¨®mico protagonizado por Espa?a en el ¨²ltimo decenio, propiciado, entre otros factores, por las condiciones impuestas en Maastricht a nuestra flexible Constituci¨®n econ¨®mica, ha provocado un cambio cultural de proporciones desconocidas. Reson¨® en lontananza la trompeta apocal¨ªptica del Estado de bienestar y los gestores de la cosa p¨²blica, seducidos por este nuevo Dorado sin fronteras, pensaron que la corrupci¨®n era cosa el pasado. Se equivocaron. Denunciando un secreto a voces, ciertos sucesos difundidos no ha mucho por los medios han dado la raz¨®n a Von Beyme, para quien la corrupci¨®n, engastada en las estructuras de poder y con acreditada capacidad de supervivencia, acompa?a a todas las organizaciones pol¨ªticas.

De los conocidos sectores de riesgo, financiaci¨®n de partidos, contratos p¨²blicos y urbanismo, ¨¦ste ¨²ltimo, de crecimiento exponencial -hasta el 18% del PIB-, se ha convertido en protagonista de la escena pol¨ªtica. El problema se acrecienta a la vista de sus consecuencias. Y es que, aunque la corrupci¨®n es por principio discreta, sus obras en el campo urban¨ªstico se manifiestan con descaro a los ojos de todos: destruye parajes naturales -a veces con la excusa del campo de golf, cementerio de recursos hidr¨¢ulicos necesarios-, rompe la silueta de las ciudades, arrasa con espacios protegidos, cierra las costas con esperp¨¦nticas murallas de hormig¨®n y ladrillo; arruina en suma el equilibrio entre naturaleza y polis. El problema alcanza proporciones alarmantes.

Dinero de variadas procedencias acaba por refugiarse en Espa?a, d¨¢rsena de inversiones inmobiliarias de los productos del delito. Sintom¨¢tico resulta que circulen por nuestro pa¨ªs 106 millones de billetes de 500 euros, el 26% de los distribuidos en la zona euro. Y as¨ª, se llega a mantener que Espa?a puede convertirse en para¨ªso penal y refugio de delincuentes.

Alarmada la sociedad por la situaci¨®n, se agita la clase pol¨ªtica y se apuntan ciertas soluciones, de alcance limitado. No bastan; urge una soluci¨®n radical. Mantengo que Espa?a ni est¨¢ en condiciones de investigar de manera eficaz la delincuencia econ¨®mica ni la mera multiplicaci¨®n de recursos aporta la respuesta adecuada. La plena libertad de flujos monetarios a escala planetaria ha dado lugar a un nuevo orden mundial en el que el Estado est¨¢ a merced del capital, gran vencedor del turbulento siglo XX. Y en tal situaci¨®n, las herramientas penales dise?adas para defender la propiedad y la sociedad burguesa ya no sirven. Nos situamos en el tr¨¢nsito de lo material a lo virtual, de los estigmas y signos externos del delito a la criminalidad digital, cuyos rasgos distintivos son la volatilidad y la fugacidad. La adecuaci¨®n del sistema penal a esta nueva situaci¨®n exige cambios estructurales.

Frente a la pujanza de la sociedad de la informaci¨®n que nos descubre Castells, Espa?a sigue invertebrada. Rotos los diques de la vigilancia y el control que instaur¨® la sociedad disciplinaria que analizara Foucault, el Estado est¨¢ en manos de la sociedad y el poder econ¨®mico. Los distintos cuerpos llamados a hacer frente al problema act¨²an de manera aislada y con rec¨ªproca desconfianza, cuando no en abierta competencia. Producto de ello es un Estado cuarteado, suma de ¨®rganos judiciales, policiales y administrativos descoordinados. As¨ª las cosas, la investigaci¨®n se desviar¨¢ a los sectores en que ¨¦sta se presenta menos compleja.

A lo anterior se une el obsoleto, ritual, formal y escriturario modelo procesal vigente, de manifiesta ineficacia. Debe ser sustituido por una fase de investigaci¨®n m¨¢s ¨¢gil y simplificada y, de manera complementaria, potenciarse el juicio oral. Tal cambio obedece, adem¨¢s, a exigencias constitucionales. Baste tener en cuenta la coincidencia de funciones de direcci¨®n de la investigaci¨®n y de decisi¨®n sobre derechos fundamentales, tales como la libertad personal o la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones. O el recurso sistem¨¢tico al secreto interno de las actuaciones. No menos discutible es que quien dirige la investigaci¨®n valide m¨¢s tarde la instrucci¨®n y decrete la apertura del juicio. Y as¨ª, a la ineficacia se suma la legitimidad reducida del proceso. Frente a ello debemos imaginar a un magistrado por entero imparcial, al margen de los intereses en conflicto, junto a un fiscal director de la investigaci¨®n. El juez de instrucci¨®n -hoy minoritario en Europa- debe convertirse en el "juez de la instrucci¨®n". Ha de garantizar los derechos fundamentales, controlar la investigaci¨®n dirigida por el fiscal y decidir si las pruebas aportadas y la regularidad de su obtenci¨®n justifican la apertura del juicio, tras el juicio provisional de tipicidad y suficiencia indiciaria.

En esta situaci¨®n le corresponde al Ministerio P¨²blico una responsabilidad de primer orden, centro de la nueva s¨ªntesis de legitimidad y eficacia, que debe girar en torno a estos criterios: utilizaci¨®n adecuada de toda la informaci¨®n disponible en el seno del Estado, mediante la coordinaci¨®n de servicios policiales y administrativos, la direcci¨®n y control de las investigaciones de la polic¨ªa judicial por el Ministerio Fiscal y la revisi¨®n de la actuaci¨®n de ¨¦ste por los jueces.

A este proyecto se han opuesto razones basadas en los recursos, dada la enormidad de la tarea, y en la necesaria imparcialidad del fiscal general del Estado. F¨¢cil ser¨ªa, frente a lo primero, unificar las carreras judicial y fiscal, de suerte que parte de los actuales jueces de instrucci¨®n podr¨ªan convertirse en miembros del Ministerio P¨²blico. Solo as¨ª se garantizar¨ªa una verdadera pol¨ªtica criminal, atomizada hoy en manos de los jueces y de imposible articulaci¨®n arm¨®nica en el plano del Estado. Nada impedir¨ªa, como alternativa inmediata, una reforma limitada al ¨¢mbito de la delincuencia econ¨®mica, con el proceso penal de menores como referencia.

La independencia del fiscal general, abordada recientemente en el Proyecto de Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, es fundamental. La modificaci¨®n apunta la buena direcci¨®n, aunque parece quedarse a medio camino. No deber¨ªa convertirse esta cuesti¨®n en excusa de quienes, por otras razones, se oponen a tan necesaria reforma. Que se aborde el debate y se acometan los cambios con todas sus consecuencias no puede esperar. A la vista de las proporciones que ha alcanzado la gran delincuencia econ¨®mica en Espa?a, y su negativa influencia sobre nuestra democracia y los ciudadanos, es cosa urgente. Y as¨ª, frente a la pesimista visi¨®n de Weber, convencido de la naturaleza diab¨®lica del poder, quiz¨¢s podamos seguir aspirando a una Justicia que elevat gentes y sea fundamentum regnorum, y mantener la esperanza en el Derecho, como instrumento para su logro. S¨®lo cabe desear que no sea demasiado tarde.

Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez es fiscal, jefe de la Unidad de Consejo Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude y autor de Corrupci¨®n y justicia democr¨¢tica.