?nica juez del Supremo

Es la primera y ¨²nica juez del Tribunal Supremo de Nigeria. En un pa¨ªs en el que, seg¨²n ella misma define, "las mujeres viven en una absoluta sobredependencia respecto de los varones, sin poder econ¨®mico ni educaci¨®n", Aloma Mukhtar (Lagos, 1944), ha llegado a lo m¨¢s alto dentro de la carrera judicial, en la que ingres¨® en 1977. Entonces era de las pocas que lo lograban. "Pero ahora ya casi 200 de 500 jueces son mujeres", dice con orgullo. Se trata de una de las profesiones con poder a la que m¨¢s est¨¢n accediendo las mujeres en Nigeria. Entr¨® en el Tribunal Supremo hace escasos dos a?os. "Con un trabajo duro, determinaci¨®n y mucha, mucha paciencia", asegura

. Y menciona que quiz¨¢s haya influido el hecho de que no se trata de un cargo de designaci¨®n sino que los ascensos se logran fundamentalmente por antig¨¹edad.

Mukhtar pertenece a ese selecto grupo de mujeres en ?frica que est¨¢n alcanzando altas cotas de poder. Pero su optimismo es moderado. "Las cosas est¨¢n cambiando pero lentamente", relata la magistrada. "La situaci¨®n de las mujeres en el mundo rural, sobre todo en el norte del pa¨ªs, es muy complicada. La representaci¨®n que vemos en este Congreso es sobre todo de mujeres profesionales, que seguimos siendo minor¨ªa. Debemos promover la educaci¨®n entre el mayor n¨²mero de ni?as posible para que ¨¦stas aprendan a sostenerse sobre sus pies".

Mukhtar habla tambi¨¦n de la coexistencia en su pa¨ªs de tribunales isl¨¢micos con la justicia estatal. Esos tribunales que condenaron a Amina Lawal a morir lapidada por haber tenido un ni?o fuera del matrimonio. Amina logr¨® salvarse en 2003 gracias a una larga campa?a internacional, pero hay otros casos de sentencias que imponen severos castigos a mujeres por cuestiones morales. Pero Mukhtar ve poca soluci¨®n: "Los musulmanes del pa¨ªs se someten a la sharia y aceptan voluntariamente la jurisdicci¨®n de estos tribunales". Erradicar estas pr¨¢cticas, por lo tanto, no es f¨¢cil y quiz¨¢ no es posible, seg¨²n su parecer. "Pero al menos el Estado tiene que garantizar que, en ¨²ltima instancia, se pueda acudir a un tribunal civil que garantice los derechos humanos".