El Gobierno elimina las tarifas b¨¢sicas de los colegios profesionales

Para ejercer como procurador hay que colegiarse. Este tr¨¢mite depende de d¨®nde se pretenda trabajar y no es cualquier cosa. Su precio puede variar, y mucho, de un lugar a otro. En Sevilla o Madrid, la cuota a pagar asciende a 6.000 euros. En otros sitios la cantidad baja considerablemente. Es una de las situaciones con las que pretende acabar el Gobierno en una de las dos leyes cuya aprobaci¨®n ha puesto en marcha el Ejecutivo para adaptar en Espa?a la normativa europea de servicios. Quiere que las cantidades a pagar por un mill¨®n de profesionales en todo el pa¨ªs para colegiarse se ajusten a los gastos de tramitaci¨®n.

?ste es uno m¨¢s de los cambios que conlleva la llamada por el Gobierno ley ¨®mnibus, con la que se trata de acabar con las incompatibilidades que hay entre la directiva europea de servicios y las normas espa?olas: estatales, auton¨®micas y locales. La otra norma para adaptarse a las directrices comunitarias es la Ley Sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, conocida como ley paraguas. Esta ¨²ltima es una norma que pretende trasponer los principios de la normativa europea a la legislaci¨®n espa?ola.

La adaptaci¨®n de la directiva de Servicios supone revisar 7.000 normas

El inter¨¦s legal del dinero se rebaja al 4% y el de demora, al 5%

Ambas leyes -cuyo fin ¨²ltimo es liberalizar el sector servicios, reducir la burocracia y aumentar la competencia- se trataron ayer en el Consejo de Ministros. La ley paraguas, que implica la revisi¨®n de 7.000 normas, est¨¢ m¨¢s avanzada. Sali¨® del Consejo como proyecto de ley y ahora inicia su tramitaci¨®n parlamentaria.

La ley ¨®mnibus, que implica la modificaci¨®n de 46 leyes, va m¨¢s retrasada (el calendario comunitario da de plazo hasta el pr¨®ximo 28 de diciembre), se estudi¨® como anteproyecto y dej¨® fuera uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos, las modificaciones en la ley de comercio, porque choca con las competencias de las comunidades aut¨®nomas. ?sta avanza de forma paralela y se abordar¨¢ en las pr¨®ximas semanas.

El objetivo del Gobierno es aprovechar la trasposici¨®n de la directiva europea de servicios para reformar un sector que genera m¨¢s del 60% del PIB. "Constituye una oportunidad excelente, declar¨® el secretario general de Pol¨ªtica Econom¨ªa, ?ngel Torres. Con los cambios que la reforma lleva aparejada, el Gobierno pretende impactos positivos sobre el empleo, el consumo, la inversi¨®n... Aunque como el mismo vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, precis¨®, ser¨¢ "a medio y largo plazo". Con el mismo objetivo, aprob¨® a trav¨¦s de un Real Decreto reformas puntuales de la Ley Concursal y rebajas en el tipo de inter¨¦s oficial del dinero y el tipo de inter¨¦s de demora.

- Colegios profesionales. Probablemente ser¨¢n los m¨¢s afectados por las modificaciones. La reforma que se plantea es la m¨¢s ambiciosa del sector desde 1974. Adem¨¢s de facilitar el acceso al ejercicio de la profesi¨®n, a trav¨¦s de los cambios en las cuotas de colegiaci¨®n, el Ejecutivo prev¨¦ que la ley ¨®mnibus acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales. Se trata de acabar con un mecanismo que, seg¨²n explic¨® Torres, obstaculiza la competencia. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasar¨¢n a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. Tambi¨¦n se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

- Autorizaci¨®n administrativa. El cambio en este punto implica pasar de la autorizaci¨®n previa para el inicio de la actividad a la simple comunicaci¨®n por parte del interesado. Esto, como explic¨® Pedro Solbes, implica que el interesado conoce y asume las obligaciones que impone desplegar la actividad.

- Ley Concursal. Aprobada en 2003, esta norma, que acoge en su seno a las antiguas suspensiones de pagos y quiebras, se ha demostrado muy r¨ªgida en la actual crisis econ¨®mica. Su modificaci¨®n tambi¨¦n fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros. El principal cambio afecta a la refinanciaci¨®n de las empresas. Ahora cuando se declara a una compa?¨ªa en concurso, el juez puede revisar y revocar los acuerdos de refinanciaci¨®n de deuda con los bancos adoptados por los gestores en los dos a?os anteriores. Esto provocaba que las entidades financieras pusieran muchas pegas a la hora de abordar una refinanciaci¨®n si tem¨ªan que la empresa se viera abocada al concurso. Para evitarlo, la ley blinda este tipo de operaciones siempre y cuando cuenten con el visto bueno del 60% de los acreedores, un plan de viabilidad de la empresa y una escritura p¨²blica.

- Seguro de cr¨¦dito. El aumento de la tasa de morosidad ha provocado que se endurezcan este tipo de pr¨¦stamos, que aseguran los impagos de las ventas a cr¨¦dito a los proveedores. Algo que ha castigado especialmente a aut¨®nomos y peque?as y medianas empresas (pymes). Para reactivar este mercado, el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros va a compartir el riesgo con las aseguradoras a trav¨¦s de un convenio.

- Rebaja de intereses. Los aplazamientos en el pago de impuestos saldr¨¢n m¨¢s baratos al rebajarse el tipo de inter¨¦s legal del dinero y el inter¨¦s de demora tributario. El primero, que baja del 5,5% al 4%, se aplica cuando la deuda con la AgenciaTtributaria est¨¢ garantizada por un aval. El segundo, que pasa del 7% al 5%, es el aplicado al resto de pagos atrasados.

- Puertos. El Gobierno remite tambi¨¦n a las Cortes el proyecto de ley de reforma del r¨¦gimen econ¨®mico de los puertos de inter¨¦s general, tres d¨ªas despu¨¦s de las dos jornadas de huelga de los estibadores en protesta por su contenido. El responsable del mayor sindicato del sector, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antol¨ªn Goya, explic¨® ayer que ya ha contactado con el Grupo Parlamentario Socialista para tratar de "mejorar" ese texto durante su tramitaci¨®n.