Ahora o nunca
Los l¨ªderes europeos tienen tres semanas de plazo para alcanzar un pacto que salve de la cat¨¢strofe a la moneda ¨²nica
Las pr¨®ximas tres semanas vuelven a ser decisivas para el euro. Otra vez el todo o nada y con las alertas expl¨ªcitas de los mercados. Entre la cumbre del pr¨®ximo d¨ªa 11 y la del 24 y 25 de marzo, la UE se juega el futuro de la moneda ¨²nica. Los l¨ªderes europeos deber¨¢n alcanzar contra reloj un "pacto global" sobre varias propuestas para asegurar la estabilidad del euro. Se trata, sustancialmente, de lograr una soluci¨®n permanente que sustituya los parches urgentes e improvisados que se adoptaron para afrontar las crisis de Grecia e Irlanda y evitar la cat¨¢strofe de la moneda ¨²nica. La soluci¨®n m¨¢gica se llama gobierno econ¨®mico de la UE. En realidad es la vieja asignatura pendiente del euro. La pata coja del principal proyecto europeo. La pol¨ªtica econ¨®mica que precisa la divisa europea para compensar y reforzar la pol¨ªtica monetaria del BCE. Es el gobierno econ¨®mico que ya hab¨ªan exigido, sin ¨¦xito, el entones presidente de la Comisi¨®n Europea, Jacques Delors, y otros pol¨ªticos, sobre todo franceses, hace veinte a?os, cuando se puso en marcha la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria en Maastricht.
Se trata de lograr un pacto permanente que sustituya los actuales parches
En realidad, es la pata coja del proyecto europeo que ya exigi¨® Delors
El pacto franco alem¨¢n cambia el marco para gestar acuerdos en la UE
El debate alem¨¢n condiciona las decisiones que deben tomar los 27
La necesidad de un gobierno econ¨®mico volvi¨® repentinamente al primer plano a ra¨ªz de la crisis de la deuda a finales de 2009. Durante el ¨²ltimo a?o se han puesto en marcha multitud de iniciativas por parte de la Comisi¨®n Europea y del nuevo directorio francoalem¨¢n que se solapan entre s¨ª, cuando no torpedean el proyecto, especialmente por parte de Berl¨ªn. El Pacto Global, o el caj¨®n de sastre en que se han incluido todos los asuntos pendientes, implica como m¨ªnimo un acuerdo sobre cinco elementos estrechamente vinculados entre s¨ª: a) Las seis medidas legislativas para reforzar el gobierno econ¨®mico de la UE propuestas por la Comisi¨®n Europea; b) el Pacto de Competitividad, planteado recientemente por Alemania y Francia, dulcificado despu¨¦s por Herman van Rompuy y Jos¨¦ Manuel Barroso; c) las reformas para reforzar y flexibilizar el transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y para constituir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de car¨¢cter permanente a partir de junio de 2013; d) la reforma del Tratado para legalizar ese mecanismo; y e) la renegociaci¨®n de la ayuda a Irlanda.
Y como primer resultado de todo ello despejar el futuro de Portugal, como ya advirti¨® la semana pasada expresamente la agencia de calificaci¨®n Standard & Poor's. "El acuerdo deber¨¢ ser sobre todo el paquete", ha advertido tambi¨¦n el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker.
El debate, centrado sobre todo en los asuntos presupuestarios y financieros, ha dejado completamente "en un segundo plano la cuesti¨®n del empleo y el paro", como ha se?alado la eurodiputada socialista Pervenche Ber¨¨s. Mientras, 23 millones de europeos siguen en las filas del paro. El giro hacia la derecha de los principales l¨ªderes europeos ha quedado bien patente en el comentario de un pol¨ªtico tan moderado y respetado como Delors, para quien el reciente Pacto Anual sobre el Crecimiento presentado por el presidente de la Comisi¨®n Jos¨¦ Manuel Barroso, "es el documento m¨¢s reaccionario jam¨¢s producido por la Comisi¨®n".
Pero el haber limitado los debates a los asuntos fiscales, financieros y sobre competitividad tampoco ha simplificado los problemas. La secuencia de c¨®mo se han ido generando y solapando las distintas, cambiantes y contradictorias iniciativas sobre el gobierno econ¨®mico y el Pacto de Competitividad es lo que est¨¢ creando m¨¢s desasosiego e incertidumbre en medios comunitarios y en muchos pa¨ªses. Primero fue la propuesta presentada por el comisario de asuntos econ¨®micos y monetarios, Olli Rehn, para reforzar el gobierno econ¨®mico de la UE en mayo y junio pasados, que cristaliz¨® despu¨¦s en seis propuestas legislativas en septiembre. El objetivo era reforzar la disciplina presupuestaria con sanciones m¨¢s duras y crear un nuevo sistema de vigilancia sobre los desequilibrios macroecon¨®micos y diferencias de competitividad tambi¨¦n sometidas a posibles multas. A estas propuestas se sum¨® el llamado semestre europeo, que ya se ha puesto formalmente en marcha en enero y trata de acordar entre los Estados los criterios ex ante para la elaboraci¨®n de los presupuestos nacionales.
La filosof¨ªa dominante es que los males del euro no se deben a un defecto inicial de construcci¨®n de la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria, que carece de una pol¨ªtica econ¨®mica com¨²n, sino a los malos h¨¢bitos de los derrochadores pa¨ªses del Sur junto con Irlanda.
Paralelamente, el Consejo Europeo encomend¨® a Van Rompuy la creaci¨®n de un grupo especial (task force) para tratar acerca de lo mismo, "la gobernanza econ¨®mica europea", pero desde una perspectiva gubernamental que en los tiempos que corren es la perspectiva de Berl¨ªn. Integraron la task force los 27 ministros de Econom¨ªa, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, Rehn y Juncker. Este grupo de trabajo incluy¨® la necesidad de crear un mecanismo de ayuda permanente con condiciones muy estrictas para "reducir el riesgo moral" y la participaci¨®n "del sector privado". Es decir, que los bancos acreedores asuman parte de las p¨¦rdidas, que era una de las exigencias de Berl¨ªn.
En la pr¨¢ctica, la task force ha sido el instrumento de la canciller alemana, ?ngela Merkel, para imponer sus criterios. Los trabajos del grupo especial se vieron muy influenciados por los documentos de Berl¨ªn, cuyo Gobierno fue el que envi¨® el mayor n¨²mero de propuestas que fueron decisivas para elaborar las conclusiones. A pesar de todo, la resoluci¨®n final no fue del agrado de Trichet, quien censur¨® la exigencia de que los bancos deb¨ªan sufragar parte de los costes de la crisis de deuda de un pa¨ªs y encontr¨® insuficiente el automatismo de las sanciones. La expresi¨®n p¨²blica de estas discrepancias provoc¨® un fuerte enfrentamiento entre Trichet y el presidente franc¨¦s, Nicolas Sarkozy, lo que revela otra grieta inquietante en la c¨²pula de la Uni¨®n.
No obstante, las discrepancias entre la Comisi¨®n y el eje coyuntural Berl¨ªn-Par¨ªs se agrandaron pronto peligrosamente. El pasado 19 de octubre tanto la Comisi¨®n Europea como la task force sufrieron una seria desautorizaci¨®n a trav¨¦s de la llamada Declaraci¨®n de Deauville, en la que Merkel y Sarkozy trazaron la l¨ªnea a seguir tanto en materia de gobernanza econ¨®mica como en la de reducir las diferencias de competitividad. El texto francoalem¨¢n subray¨® la necesidad de aplicar sanciones autom¨¢ticas a los pa¨ªses infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de reformar el Tratado para que los inversores asumieran parte de las p¨¦rdidas en el caso de una crisis de deuda y se pudiera suspender el derecho de voto en los Consejos a los Estados con violaciones graves de las reglas. No obstante, la suspensi¨®n del voto de los Estados, que implicar¨ªa una reforma profunda del Tratado, logr¨® ser temporalmente aparcada gracias a los buenos oficios de Van Rompuy.
La suspensi¨®n del voto, las sanciones m¨¢s autom¨¢ticas y las duras condiciones para acceder a los fondos de rescate forman parte de las gesticulaciones de Berl¨ªn para justificar ante su electorado el aumento de las contribuciones alemanas a los distintos mecanismos de ayuda a los pa¨ªses con dificultades.
El informe elaborado por el European Economic Advisory Group (EEAG) y CESifo, dirigido por Hans-Werner Sinn, contabiliza todos los compromisos de ayudas de Alemania en los distintos fondos a los que ha contribuido desde el inicio de la crisis. En total los compromisos de Berl¨ªn ascienden a 218.500 millones de euros. Sinn lo suma todo. Los compromisos a los dos fondos europeos ya constituidos, al Fondo Monetario Internacional (FMI), las ayudas espec¨ªficas a Grecia y la parte que le corresponde a las compras de bonos por parte del BCE a Irlanda, Grecia y Portugal. El futuro europeo se juega de manera decisiva en Alemania, un pa¨ªs en el que su contribuci¨®n financiera a la Uni¨®n es analizada con lupa de manera cada vez m¨¢s exigente y cuyo debate est¨¢ condicionando las decisiones que deber¨¢n tomarse los pr¨®ximos d¨ªas.
Lo cierto es que la declaraci¨®n de Deauville marc¨® un antes y un despu¨¦s en la toma de decisiones en la UE. "La crisis", se?ala Benedicta Marzinotto, investigadora de Bruegel, "ha contribuido a cambiar la toma de decisiones en la gobernanza europea". "Durante los ¨²ltimos d¨ªas", precisa, "hemos sido testigos de una councilization (mayor peso del Consejo) en las decisiones que se tuvieron que tomar en el plazo m¨¢s breve de tiempo posible y que no se pudieron dejar al cl¨¢sico m¨¦todo comunitario por el tiempo que precisaba".
Este desplazamiento de competencias, en detrimento de la Comisi¨®n, se agrav¨® de nuevo el pasado febrero con la presentaci¨®n del Pacto de Competitividad promovido en realidad por Berl¨ªn, aunque luego apareciera como una propuesta franco-alemana. Fue una iniciativa que descoloc¨® a todo el mundo. A la Comisi¨®n, al Parlamento Europeo y a muchos analistas. Algunas propuestas categ¨®ricas del Pacto de Competitividad [ver ficha adjunta], como la prohibici¨®n de la indexaci¨®n autom¨¢tica de los salarios con la inflaci¨®n, los aumentos de la edad de jubilaci¨®n para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o la inclusi¨®n en las Constituciones de l¨ªmites a la deuda p¨²blica merecieron muy poca consideraci¨®n por parte de varios Estados en el Consejo Europeo del pasado 4 de febrero.
"El Pacto de Competitividad franco-alemana", se?ala Marzinotto, "es lo que ha creado m¨¢s confusi¨®n sobre el nivel en el que deber¨ªa tener lugar la coordinaci¨®n econ¨®mica". La economista de Bruegel se?ala que las posteriores modificaciones introducidas en el pacto por la Comisi¨®n Europea y Van Rompuy "descartan las medidas m¨¢s conflictivas contenidas en ese acuerdo (como la indexaci¨®n salarial, la armonizaci¨®n fiscal de la base del impuesto de sociedades y los l¨ªmites constitucionales a la deuda) y esclarecen un poco los temores de los peque?os Estados y de los pa¨ªses que no pertenecen al euro de que la coordinaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica sea impuesta sobre ellos directamente por otros Gobiernos".
El propio Van Rompuy trat¨® de quitar hierro al malestar creado por la iniciativa imprevista de Berl¨ªn y Par¨ªs en una conferencia en Allianz-CER el pasado mi¨¦rcoles. "Por ejemplo", precis¨® Van Rompuy, "el objetivo de la indexaci¨®n salarial preocupar¨ªa solo a tres o cuatro pa¨ªses y por la manera que en ellos opera no es necesariamente un problema, mientras que parece importante examinar la evoluci¨®n de los salarios en los 17 Estados miembros del euro". Igualmente, diluy¨® las exigencias referidas a la edad de jubilaci¨®n. "En lugar de fijar un n¨²mero arbitrario que podr¨ªa no afectar a todos los pa¨ªses, como 67 a?os, tiene mucho m¨¢s sentido en general vincular la edad de retiro a la esperanza de vida".
Pero la alarma por la deriva que supone el Pacto de Competitividad en favor del m¨¦todo intergubernamental (acuerdos entre los Estados sin participaci¨®n del Parlamento) a costa del m¨¦todo comunitario (la Comisi¨®n tiene la iniciativa legal, tras atender los intereses generales, que luego es aprobada generalmente en codecisi¨®n por el Consejo y el Parlamento) ya estaba lanzada. La respuesta m¨¢s articulada contra la iniciativa de Merkel y Sarkozy la han liderado los liberales, encabezados por uno de los europe¨ªstas m¨¢s insignes de la arena p¨²blica comunitaria, el ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt.
El l¨ªder liberal en el Parlamento Europeo plante¨® el pasado jueves su alternativa: una "ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia en la Uni¨®n". Verhofstadt subraya que "la crisis de la deuda soberana ha demostrado que una uni¨®n monetaria sin una uni¨®n econ¨®mica simplemente no puede funcionar". Critica frontalmente el Pacto de Competitividad porque se limita a solo seis medidas espec¨ªficas. En su opini¨®n, "la gobernanza econ¨®mica es mucho m¨¢s compleja que esto". Pone el ejemplo de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que "no est¨¢ solo determinada por la edad de retiro que propone el pacto, sino por los a?os y las cantidades con que se ha contribuido, la esperanza de vida y el llamado segundo pilar (fondos administrados por el sector privado)". En este sentido destaca que el sistema de pensiones de Holanda es much¨ªsimo m¨¢s sostenible que el alem¨¢n a pesar de tener una edad de retiro m¨¢s baja, seg¨²n un estudio del Australian Centre for Financial Studies.
Seg¨²n la propuesta de los liberales, "el Pacto de Competitividad no lograr¨¢ sus objetivos simplemente porque el m¨¦todo intergubernamental no funciona". En cambio, asegura que el m¨¦todo comunitario "ha funcionado eficientemente en mercado interior y de competencia". Verhofstadt asegura que si la pol¨ªtica de competencia estuviera en manos del Consejo, es decir, decidida por los representantes de los Estados, "ninguna empresa habr¨ªa sido multada nunca".
La ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia de la Uni¨®n propone establecer unos niveles m¨¢ximos y m¨ªnimos para los componentes clave que afectan al desarrollo econ¨®mico y social, dando la conveniente flexibilidad a cada Estado. Las ¨¢reas a las que se aplicar¨ªan estos criterios son salarios, productividad, costes laborales unitarios, pensiones, movilidad laboral y protecci¨®n de los trabajadores, base com¨²n del impuesto de sociedades y cambiar tasas del trabajo al consumo, investigaci¨®n y desarrollo e inversi¨®n en infraestructuras.
En cualquier caso, los debates sobre la organizaci¨®n del gobierno econ¨®mico de la UE y la revisi¨®n del Tratado para reforzar los fondos de rescate deber¨¢n contar con el Parlamento Europeo, que espera jugar un papel clave, con sus nuevas competencias del Tratado de Lisboa. De momento, ya se han presentado m¨¢s de 1.700 enmiendas a las seis iniciativas legales presentadas por la Comisi¨®n Europea sobre el gobierno econ¨®mico. Fuentes comunitarias dudan mucho de que el paquete pueda ser aprobado durante el primer semestre de este a?o como estaba previsto.
Por su parte, los parlamentarios implicados en los debates sobre el gobierno econ¨®mico han advertido en un comunicado oficial que los debates sobre un potencial Pacto de Competitividad entre el presidente del Consejo Europeo y el de la Comisi¨®n Europea "claramente se solapan con el paquete de gobernanza econ¨®mica, especialmente con el nuevo marco del procedimiento por desequilibrios macroecon¨®micos". En la citada declaraci¨®n "urgen a la Comisi¨®n Europea, al Consejo y al Consejo Europeo a tener en cuenta la posici¨®n del Parlamento Europeo y a implicarle en los debates de manera transparente".
Elmar Brok, eurodiputado cristianodem¨®crata alem¨¢n y uno de los ponentes que debe dar la opini¨®n sobre la reforma del Tratado, advirti¨® esta semana que la Euroc¨¢mara har¨¢ valer sus poderes a la hora de examinar las propuestas de revisi¨®n de la m¨¢xima norma europea.
Pervenche Ber¨¨s se ha referido tambi¨¦n a que "hay una gran confusi¨®n porque estamos a la vez concernidos por la Estrategia 2020, por el paquete de gobierno econ¨®mico en el que el Parlamento Europeo ha invertido ampliamente, la revisi¨®n del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad financiera". La eurodiputada refleja tambi¨¦n la contradicci¨®n que mientras la Comisi¨®n lanza el Semestre Europeo, Merkel y Sarkozy ponen en marcha el Pacto por la Competitividad.
Demasiados conflictos sobre la mesa para resolverlos en solo tres semanas con un nivel m¨ªnimamente satisfactorio. Los mercados estar¨¢n atentos a las decisiones de los l¨ªderes.
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