El Gobierno soporta el coste de la dependencia en cuatro regiones
Canarias, Valencia, Madrid y Galicia aportan menos del 30% del gasto nuevo - Las Administraciones central y auton¨®micas est¨¢n obligadas a cofinanciar
La eterna batalla mantenida entre las comunidades y el Gobierno sobre qui¨¦n aporta m¨¢s dinero al sistema de la dependencia parece, por fin, dilucidada. O, al menos, se ha conocido un dato que se ha mantenido oculto durante estos a?os: cu¨¢nto cuestan los dependientes que han obtenido su ayuda por primera vez desde que se aprob¨® la ley, sin incluir a aquellos que ya estaban siendo atendidos, por ejemplo en geri¨¢tricos o con ayuda a domicilio. Son 3.624 millones de euros. Esa es la cifra del a?o pasado, a la que el Gobierno ha aportado 1.828 millones y las comunidades 1.538. Los 257 millones que faltan para el total los ponen los beneficiarios de su bolsillo.
Las comunidades y el Gobiernos est¨¢n obligadas a financiar la ley a partes iguales, sin embargo, el esfuerzo est¨¢ siendo muy dispar. La dependencia en Canarias, Valencia, Madrid o Galicia la costea el Gobierno. Los datos oficiales de la evaluaci¨®n de la ley, los que el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social ha recabado durante meses de las comunidades, indican que en Canarias, el a?o pasado, el Gobierno aport¨® el 90% del coste de la ley, el 85% en Valencia, el 74% en Madrid o el 73% en Galicia. Esto revela el esfuerzo hecho por cada uno para aplicar la ley. Porque las comunidades atienden y pagan a muchos otros ancianos, pero no es un gasto nuevo. Las tres que, siguiendo esta evaluaci¨®n que hoy se presenta en Consejo de Ministros, han aportado m¨¢s de lo que deb¨ªan son el Pa¨ªs Vasco (64%), La Rioja (61%) y Andaluc¨ªa (54%).
Entre 2009 y 2010 el sistema ha creado 165.000 empleos
La inversi¨®n total para este nuevo derecho supone el 0,64% del PIB
Las comunidades se vienen quejando durante a?os de que aportaban alrededor del 70% del coste de la dependencia. Pero eso no es del todo justo, a la vista de los datos conocidos ahora.
El coste total del sistema de la dependencia -aqu¨ª s¨ª se incluyen aquellas personas que est¨¢n registradas en el sistema y por las que el Gobierno ha puesto dinero nuevo, no as¨ª todas las comunidades- alcanz¨® el a?o pasado 6.301 millones de euros, lo que representa un 0,64% del PIB, el doble de lo que supon¨ªa en 2003. El 95% de ese gasto, es decir, 5.969 millones corresponde a las ayudas destinadas a los beneficiarios, tanto prestaciones econ¨®micas como servicios. Del total de ese coste, el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social ha aportado 1.828 millones de euros, un 30,6%, y el resto lo habr¨ªan puesto las comunidades aut¨®nomas (60%) y los ciudadanos mediante el copago (9%), en cifras redondas. Pero estas ya parecen cuentas antiguas. Aqu¨ª no est¨¢ separada la paja del grano. Cuentas as¨ª ya las hizo en su d¨ªa la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, haciendo estimaciones con los costes de las ayudas que recib¨ªan los dependientes. Este peri¨®dico public¨® esas cifras, que apenas difer¨ªan de esos 5.969 millones que da el Gobierno. Pero nunca se pudo calcular el verdadero esfuerzo de unos y de otros para sufragar una ley nueva porque no se dispon¨ªa de ese dato. Se sab¨ªa, por ejemplo, que Madrid -otras tambi¨¦n lo hicieron, pero no con tanta abundancia- hab¨ªa incluido en el sistema de la dependencia a miles de ancianos que ya estaban siendo atendidos en los geri¨¢tricos con presupuestos de la comunidad. Esa trampa no impidi¨® que el Gobierno pagara por cada uno de ellos. Por eso la asociaci¨®n mencionada hablaba de que las comunidades estaban "haciendo caja" con la ley. El caso de Canarias ha sido siempre paradigm¨¢tico.
La cuesti¨®n es que, a medida que avanza el sistema de la dependencia, se observa que el gasto nuevo cada vez es mayor mientras que el consolidado tiende a disminuir. Por lo tanto, si no se equilibran las cuentas, el Gobierno aportar¨¢ demasiado en unas comunidades mientras que otras sufrir¨¢n cada vez m¨¢s e injustamente el coste del sistema.
La inversi¨®n total en este el a?o pasado, los 6.301 millones de euros, representan un 0,64% del PIB, el doble de lo que supon¨ªa en 2003. Por hacer una comparaci¨®n sencilla, la inversi¨®n en educaci¨®n representa un 4,9% del PIB, 52.700 millones de euros en 2010. ?Es sostenible la Ley de Dependencia? El Gobierno cree que s¨ª. Y adem¨¢s genera empleo. Solo entre 2009 y 2010 se han creado gracias a la ley 165.000 trabajos, el 74% relacionados directamente con la atenci¨®n a las personas con dependencia, y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos.
Por otro lado, la implantaci¨®n de la ley est¨¢ generando jugosos retornos a las arcas p¨²blicas. En los dos ¨²ltimos a?os mencionados, los ingresos p¨²blicos habr¨ªan alcanzado 1.272 millones de euros, seg¨²n los datos oficiales. Los c¨¢lculos del Gobierno indican que recuperan 20 c¨¦ntimos por cada euro invertido. Pocos sectores pueden hablar de creaci¨®n de empleo en estos tiempos. Si la enorme lista de espera, m¨¢s de 300.000 ciudadanos que a¨²n no han recibido su ayuda, estuviera atendida, el n¨²mero de empleos ser¨ªa a¨²n mayor.
Esta evaluaci¨®n -debi¨® haberse publicado el a?o pasado-, tendr¨ªa que pasar por consejo territorial, para que comunidades y Gobierno la aprobaran, pero eso no podr¨¢ ser porque ya hay elecciones convocadas.
Prefieren los servicios
Los beneficiarios de la dependencia valoran con m¨¢s nota los servicios que la prestaci¨®n econ¨®mica, es decir, prefieren los geri¨¢tricos, los centros de d¨ªa, la ayuda a domicilio, antes que una ayuda monetaria. Y la prestaci¨®n econ¨®mica al cuidador familiar es la que menos apoyo recibe, aunque saca un 4 sobre 5. A pesar de ello, esta paga al cuidador es la m¨¢s extendida de todas las ayudas previstas en la Ley de Dependencia.
Las personas mayores, el colectivo mayoritario entre los atendidos, valoran m¨¢s las prestaciones recibidas que las j¨®venes: los que superan los 70 a?os le dan un 4,5 (siempre sobre cinco) mientras que aquellos que est¨¢n entre los 40 y 49 a?os son m¨¢s cr¨ªticos y solo otorgan 3,9 puntos. Son datos de una encuesta a 2.500 beneficiarios sobre satisfacci¨®n con la ley que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social.
El proceso de valoraci¨®n, es decir, cuando los profesionales se acercan a casa para visitar al dependiente y elaboran su diagn¨®stico es tambi¨¦n mayor entre las personas de m¨¢s edad, pero es donde se obtienen las notas menos altas. Entre los beneficiarios de m¨¢s de 80 a?os solo se obtienen 3,5 puntos para este procedimiento, y a¨²n baja entre los de 30 a 49 a?os, que otorgan solo 2,9 puntos.
M¨¢s del 80% de los cuidadores y de los atendidos consideran esta nueva protecci¨®n positiva o muy positiva. Casi 740.000 personas reciben ya alguna ayuda. Pero los usuarios se muestran m¨¢s descontentos con la prestaci¨®n recibida cuando no han sido consultados sobre ella. La ley obliga a que sean consultados.
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