La presunta l¨ªder del fraude de las intoxicaciones admite que vend¨ªa datos de turistas a los ¡®reclamadores¡¯

La principal investigada en la trama de la presunta estafa a establecimientos hoteleros mediante reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias admite que recopilaban los nombres y n¨²meros de tel¨¦fono de turistas brit¨¢nicos que pasaban sus vacaciones en Mallorca y luego los vend¨ªan a empresas especializadas en reclamaciones y marketing de Reino Unido. Sin embargo, niega en el juzgado que ella o sus empleados fueran los que intentaran convencer a los viajeros para que pidieran indemnizaciones a los establecimientos invent¨¢ndose enfermedades.

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Laura Cameron est¨¢ acusada junto a otras seis personas de un delito de estafa continuada por inducir a turistas brit¨¢nicos a presentar reclamaciones contra los establecimientos hoteleros de la isla a trav¨¦s de bufetes de abogados de Reino Unido alegando que se hab¨ªan intoxicado con la comida. La legislaci¨®n del pa¨ªs apenas les ped¨ªa pruebas de la enfermedad, lo que sumado a los altos costes de los pleitos, llevaba a los touroperadores a abonar las compensaciones a los reclamantes. Los mayoristas repercut¨ªan posteriormente estos costes a los hoteles.

En la declaraci¨®n efectuada ante el magistrado del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Palma a la que ha tenido acceso EL PA?S, Cameron ha explicado que ten¨ªa una empresa de recogida de informaci¨®n, de nombres y n¨²meros de tel¨¦fono de turistas brit¨¢nicos. Los datos, seg¨²n la empresaria, se vend¨ªan a sociedades de marketing que compraban los nombres y n¨²meros de los viajeros "por si les pasa alguna incidencia y dentro de ello se encuentran las intoxicaciones alimenticias". Son tres las empresas a las que ella a trav¨¦s de su sociedad vend¨ªa los datos, todas radicadas en Reino Unido y especializadas en marketing y reclamaciones.

Datos por dinero

La empresaria afirma que a finales de 2016 un conocido se puso en contacto con ella y le coment¨® la posibilidad de recoger n¨²meros de tel¨¦fono y datos de los viajeros para conseguir dinero. En aquel momento lo vio como una oportunidad porque acaba de cerrar la discoteca que hab¨ªa gestionado durante a?os. El trabajo se hac¨ªa en la calle "hablando con los turistas" a los que, seg¨²n ha subrayado, no se les preguntaba si hab¨ªan tenido "un problema alimenticio". "Pagan por los datos, que son para muchas cosas distintas", ha se?alado la empresaria, quien ha insistido en que a ella le abonaban las cantidades pactadas independientemente de si luego el turista reclamaba.

A lo largo de su declaraci¨®n, Cameron ha insistido en que "para nada" ha inducido a los turistas a reclamar y ha querido dejar claro que ella obten¨ªa beneficios por entregar los datos "y no por las intoxicaciones". Obten¨ªa alrededor de 5.600 euros por entregar aproximadamente mil nombres y n¨²meros de tel¨¦fono. Desarroll¨® esta actividad entre verano de 2016 y la primavera de 2017, cuando decidi¨® fundar una empresa dedicada a la organizaci¨®n de eventos.

En septiembre de 2017 Cameron fue arrestada junto a otras seis personas acusadas de crear un entramado para estafar a varias cadenas hoteleras, que se han personado en la causa como acusaci¨®n particular a trav¨¦s de abogados propios y de la Federaci¨®n Hotelera de Mallorca. Seg¨²n la investigaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional que obra en el sumario, los despachos de abogados de Reino Unido llegaban a ofrecer hasta 18.000 euros de indemnizaci¨®n y un 98% de garant¨ªa de ¨¦xito. Hasta el momento los investigadores han identificado a 800 turistas que habr¨ªan reclamado mediante 77 bufetes diferentes. La Guardia Civil cifr¨® inicialmente el fraude en unos 60 millones de euros desde 2014.

El esc¨¢ndalo llev¨® a Reino Unido a tomar medidas como iniciar los tr¨¢mites para abaratar la v¨ªa judicial para los turoperadores mediante una reforma que limitara y estipulara de antemano las costas del proceso judicial. Adem¨¢s, esta semana la Asociaci¨®n de Viajes ABTA anunci¨® que el Ministerio de Justicia brit¨¢nico ha prohibido a los bufetes de abogados con sede en Reino Unido facturar honorarios "excepcionalmente elevados" por demandas por enfermedad en destinos extranjeros. Los abogados que gestionaban estos pleitos, seg¨²n la Polic¨ªa Nacional, obten¨ªan un beneficio del 60% de la reclamaci¨®n frente al 40% que se quedaba el cliente.