La ley hipotecaria llega muy tarde

La nueva ley hipotecaria aprobada la semana pasada supone un progreso en la protecci¨®n de los hipotecados y una clara mejora respecto al proyecto que hab¨ªa elaborado el Partido Popular. Cuando la norma entre en vigor los procedimientos de desahucio solo podr¨¢n iniciarse tras producirse el impago de 9 o 12 mensualidades o 3% del pr¨¦stamo, frente a las tres cuotas actuales. Podemos exig¨ªa que s¨®lo empezaran tras el impago del 10%. Adem¨¢s, se rebajan los intereses de demora y la mayor parte de los costes asociados (impuestos, gastos de notario, registrador y gestor¨ªa), que pagar¨¢n los bancos. La nueva ley recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n EuropeaE (TJUE), que no se aplicaba.

El problema de esta ley es que llega muy tarde. Se trata de una transposici¨®n de una directiva europea con tres a?os de retraso. Durante este periodo la realidad econ¨®mica, social y jur¨ªdica de la vivienda en Espa?a ha cambiado radicalmente. Ahora el grave problema de los desalojos de familias se produce sobre todo por impagos de alquileres, que representan ya m¨¢s del 65%. Los recientes desahucios de cuatro familias en Madrid, en contra de los criterios de Naciones Unidas, reflejan muy bien donde est¨¢ el problema.

Durante los ¨²ltimos a?os se ha producido un cambio radical en la propiedad de las viviendas problem¨¢ticas por la incapacidad de pago de las familias. Los bancos se han desprendido de cientos de miles de inmuebles por m¨¢s de 100.000 millones de euros, que han sido adquiridos por grandes fondos extranjeros a precios de saldo, (entre el 3% y el 7% de su valor) que posteriormente han vendido doblando el precio a otras sociedades o personas f¨ªsicas. Como consecuencia se han dificultado las posibilidades de los hipotecados para negociar alternativas y se ha producido un aumento de los alquileres de hasta un 300% en las grandes ciudades. En Espa?a se inician m¨¢s de 160 procedimientos diarios para expulsar a las familias de sus casas.

Adem¨¢s de los problemas de una legislaci¨®n contraria a los derechos de los consumidores, como viene estableciendo el TJUE principalmente desde la sentencia Aziz en 2013, otro aspecto fundamental es la ausencia de vivienda social en Espa?a, que no llega al 1,5%, frente al 15% de la media europea.

El fomento de viviendas sociales fue abordado en la asamblea estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), celebrada el pasado fin de semana en Barcelona con m¨¢s de 400 representantes de 73 plataformas de toda Espa?a. La PAH ha dirigido un escrito a la Comisi¨®n Europea con cinco propuestas muy concretas: fijar que la inversi¨®n en vivienda social no compute para el d¨¦ficit p¨²blico establecido en el Tratado de Maastricht; concesi¨®n de cr¨¦ditos para viviendas asequibles por el Banco Europeo de Inversiones; regulaci¨®n del alquiler privado a corto plazo en la UE; eliminaci¨®n de los l¨ªmites de renta m¨ªnima y m¨¢xima para acceder a la vivienda social y acceso a los fondos europeos para financiar viviendas sin ¨¢nimo de lucro.