Seis grandes empresas de energ¨ªa renovable inician una batalla legal contra el Gobierno mexicano
Los amparos presentados consideran que el cambio de reglas en el mercado energ¨¦tico es ilegal
El sector de las renovables de M¨¦xico ha dado un pu?etazo sobre la mesa al lanzarse en una batalla legal contra el Gobierno. Seis empresas, entre ellas gigantes como la italiana Enel, presentaron el martes sendos amparos frente a un cambio en el mercado energ¨¦tico que consideran ilegal y perjudicial para sus operaciones. Es el primer gran acto de rebeld¨ªa de un sector cuyos cimientos ha trastocado la pol¨ªtica energ¨¦tica del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.
La decisi¨®n llega tres semanas despu¨¦s de que el Ejecutivo cambiara las reglas de los Certificados de Energ¨ªa Limpia (CELs), un instrumento concebido para potenciar la inversi¨®n privada en el sector. La modificaci¨®n permite a la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE), la empresa el¨¦ctrica p¨²blica, emitir certificados con plantas antiguas. Antes, solo pod¨ªan hacerlo centrales con inversi¨®n posterior al 2014, lo que exclu¨ªa la mayor¨ªa de plantas de la CFE y beneficiaba a los generadores privados.
El cambio tiene el potencial de a?adir una gran cantidad de CELs al mercado y de reducir su precio y, en consecuencia, las ganancias con que contaban las empresas al decidir invertir en el pa¨ªs. Tras el anuncio a finales de octubre, la principal asociaci¨®n patronal, el Consejo Coordinador Empresarial, emiti¨® un duro comunicado en el que avisaba de que el cambio vulneraba la inversiones y pon¨ªa en peligro m¨¢s de 9.000 millones de d¨®lares en contratos.
Los amparos presentados el martes est¨¢n ligados a 14 proyectos e¨®licos y fotovoltaicos generadores de CELs, en operaci¨®n o a punto de entrar en funcionamiento. Las empresas denunciantes consideran que se ha vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un medioambiente sano, establecidos en la Constituci¨®n del pa¨ªs. Adem¨¢s, acusan al Gobierno de cambiar las reglas de manera retroactiva y de saltarse el procedimiento habitual para hacerlo. ¡°El cambio viola la ley, el debido proceso y distorsiona el mercado¡±, asegura el director adjunto de la Asociaci¨®n Mexicana de Energ¨ªa E¨®lica (AMDEE), Julio Valle.
La abogada ambientalista Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), defiende que hay una base ¡°razonable¡± para los amparos. ¡°Cualquier cambio en una disposici¨®n administrativa se tiene que publicar en un portal, dar espacio suficiente para que las partes interesadas den su opini¨®n e ir acompa?ado de un manifiesto de impacto regulatorio¡±, explica la experta, que no participa en los amparos. ¡°El Gobierno decidi¨® que esos lineamientos no causaban impacto econ¨®mico, se salt¨® ese paso y la consulta p¨²blica fue muy expedita¡±.
Las empresas denunciantes son pesos pesados del sector. Una de ellas, la multinacional italiana Enel, es una de mayores energ¨¦ticas del mundo y suministra a unos 70 millones de clientes en 34 pa¨ªses. Particip¨® activamente en las subastas energ¨¦ticas, el mecanismo establecido por el Gobierno anterior para licitar contratos de suministro de energ¨ªa limpia a la CFE y que redujo el precio de la electricidad a m¨ªnimos -la misma Enel marc¨® un r¨¦cord en 2017 al comprometerse a vender a 17,7 d¨®lares por MWh-. En las tres convocatorias que ha habido, la empresa ha invertido alrededor de 1.800 millones de d¨®lares en ocho proyectos e¨®licos y fotovoltaicos que producen m¨¢s de 1.700 megavatios, suficientes para cubrir las necesidades anuales de unos cuatro millones de hogares, seg¨²n sus estimaciones.
Adem¨¢s de Enel, el grupo demandante est¨¢ formado por la francesa EDF, la estadounidense AES Corp, la brit¨¢nica Cubico, y las mexicanas Zuma Energ¨ªa y Balam Fund, seg¨²n fuentes del sector conocedoras de las denuncias -ninguna de ellas se ha pronunciado todav¨ªa p¨²blicamente al respecto-. Juntas poseen m¨¢s del 50% del volumen de CELs. Las asociaciones del gremio esperan que en los pr¨®ximos d¨ªas se unan m¨¢s empresas hasta llegar al 80%.
No todos los actores del sector se han subido al barco. Algunos tienen proyectos anteriores a la reforma energ¨¦tica que estableci¨® el mecanismo de las subastas y el mercado de CELs, por lo que no se ven afectados de igual modo por la medida. Iberdrola, una de las l¨ªderes en generaci¨®n e¨®lica, se ha descolgado de la denuncia. Julio Valle, de AMDEE, apunta a que ¡°cada empresa tiene una exposici¨®n distinta¡± al cambio de reglas, seg¨²n la importancia de los certificados en su portafolio.
Antes de la presentaci¨®n de los amparos, la CFE intent¨® calmar las aguas con la promesa de no vender el excedente de CELs que no utilizara para as¨ª evitar un desplome de los precios. Una promesa que no ha resultado suficiente para las empresas demandantes.
La batalla legal se prev¨¦ larga, entre uno y dos a?os, seg¨²n Anaid Velasco, de CEMDA. Por ahora, los denunciantes esperan obtener del juez una suspensi¨®n provisional que paralice el cambio de normas. La Secretar¨ªa de Energ¨ªa no se ha pronunciado de manera oficial sobre la presentaci¨®n de los amparos. Un portavoz ha asegurado a este peri¨®dico que las empresas ¡°est¨¢n en su derecho de hacerlo¡± y ha insistido en que se van a respetar los contratos.
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