El mundo necesita un acuerdo tributario internacional m¨¢s justo

Los desbalances de poder cuentan. Una vez m¨¢s, son los pa¨ªses ricos los que ganan. Cuando, el 1 de julio, 131 pa¨ªses firmaron un acuerdo para reformar el sistema fiscal internacional para que grandes multinacionales empezaran por fin a pagar su parte justa de impuestos, la medida se celebr¨® como hist¨®rica. Es indiscutible que es un paso adelante, porque establece al nivel mundial un tipo m¨ªnima internacional para la tributaci¨®n corporativa, lo que podr¨ªa reducir los incentivos de las empresas multinacionales a declarar sus beneficios en los para¨ªsos fiscales.

Pero en realidad, esta nueva reforma fiscal responde esencialmente a los intereses de los pa¨ªses desarrollados, con muy pocos beneficios para los pa¨ªses en desarrollo. El tipo m¨ªnimo propuesto, del 15%, parecido al tipo aplicado por pa¨ªses con bajos impuestos corporativos como Irlanda o Suiza, es demasiado bajo para desincentivar el traslado artificial de beneficios hacia para¨ªsos fiscales por parte de las multinacionales. Este es especialmente el caso para la mayor¨ªa de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina o ?frica, donde el promedio en el impuesto de sociedades se sit¨²a en promedios en torno al 26% y 27%, respectivamente.

Sin duda alguna, esta es la raz¨®n por la cual algunos pa¨ªses en desarrollo reclaman al menos un 21%, siguiendo las propuestas iniciales de Estados Unidos. Muchos de los pa¨ªses africanos han venido defendiendo que un tipo inferior al del 20% tendr¨ªa poco efecto. M¨¢s a¨²n, cuando el list¨®n queda tan bajo, el potencial recaudador se recorta dr¨¢sticamente. Por eso, la propia OCDE reconoce que como mucho se generar¨ªan 150.000 millones de d¨®lares en ingresos adicionales, muy lejos de su estimaci¨®n de p¨¦rdidas fiscales anuales de 240.000 millones. ?C¨®mo calificar de hist¨®rico un acuerdo que apenas cubre tres quintas partes de las p¨¦rdidas estimadas?

Esto es especialmente inaceptable cuando sabemos que muchos pa¨ªses en desarrollo se est¨¢n ahogando en crisis fiscales, que pueden obligarles a aplicar programas de austeridad con consecuencias sociales catastr¨®ficas. Un estudio del Observatorio Fiscal de la Uni¨®n Europea muestra que, con un tipo del 15%, M¨¦xico, Sud¨¢frica y Brasil generar¨ªan en 2021 recaudos adicionales de 500, 600 y 900 millones, respectivamente, en comparaci¨®n con 900, 2.000 y 3.400 millones con un gravamen del 21%, y con los 1.300, 3.000 y 7.400 millones que se generar¨ªan si el tipo m¨ªnimo se situara en el 25% propuesto por la Comisi¨®n Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que presido.

Eso no es todo. Un problema adicional se relaciona con otra parte del acuerdo, la que establece una regla para redistribuir parte de los beneficios globales de algunas mega multinacionales (incluidas especialmente algunas de las digitales) entre los pa¨ªses donde producen o venden. El acuerdo se limita a empresas con vol¨²menes de facturaci¨®n por encima de los 20.000 millones y umbrales de rentabilidad de al menos el 10%. Adem¨¢s, los pa¨ªses en desarrollo solo podr¨¢n recibir sobre el 20-30% de los beneficios que excedan ese 10%. Es un per¨ªmetro de cobertura tan estrecho y con criterios tan poco razonables, que apenas se aplica a unas 100 multinacionales.

Los pa¨ªses signatarios del acuerdo tambi¨¦n deben renunciar a las medidas unilaterales, tales como los impuestos a los servicios digitales. Pa¨ªses como Costa Rica o Uruguay, que han sido innovadores buscando soluciones a su alcance, simples pero efectivas, para gravar parte de esa actividad digital en su territorio, aunque controlada desde fuera, se van a ver obligadas a renunciar a ingresos tangibles sobre la promesa de una redistribuci¨®n de beneficios globales que se quedar¨¢ corta. Los compromisos que se piden son desproporcionados con los beneficios que se ofrecen.

Finalmente, en materia de resoluci¨®n de conflictos en cuestiones tributarias, la reforma prev¨¦ que se utilice el arbitraje, la pr¨¢ctica que hoy en d¨ªa prevalece en los acuerdos de inversi¨®n. Simplemente no es aceptable. Adem¨¢s de ser percibido en muchos pa¨ªses en desarrollo como una intromisi¨®n en su soberan¨ªa nacional, es un mecanismo que muchos analistas y empresas consideran poco transparente y costoso, y est¨¢ generalmente en manos de ¨¢rbitros que provienen de los pa¨ªses desarrollados.

Quisiera terminar con un punto de optimismo. No todo est¨¢ perdido. El acuerdo que acaba de ser respaldado tambi¨¦n por el G-20 no es definitivo, y las negociaciones continuar¨¢n hasta el plazo final de octubre. Un grupo de pa¨ªses est¨¢ dispuesto a luchar con fuerza por una reforma m¨¢s justa. Varios pa¨ªses desarrollados y en desarrollo siguen abogando por una tasa similar a la que propuso inicialmente Estados Unidos y las principales agrupaciones de pa¨ªses en desarrollo reclaman reglas m¨¢s justas para gravar las utilidades de las multinacionales que producen o venden en sus territorios. Lo m¨¢s interesante es que, al unir sus fuerzas, tienen la oportunidad de ir m¨¢s all¨¢ de las alianzas tradicionales.

Jos¨¦ Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia y ex subsecretario general de la ONU, es profesor de la Universidad de Columbia y presidente de la Comisi¨®n Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).