Faltan estad¨ªsticas en vivienda

El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda trata de dar cumplimiento al mandato constitucional de 1978: ¡°Los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones necesarias y establecer¨¢n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n¡±. Es un precepto expl¨ªcito para intervenir en un mercado que ha sido excesivamente deficiente. La intervenci¨®n p¨²blica en este campo es la norma en los pa¨ªses democr¨¢ticos. La C¨¢mara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de gasto social que incluye 150.000 millones de d¨®lares para vivienda.

La pandemia ha evidenciado que el acceso a la vivienda es el gran d¨¦ficit de nuestro Estado de bienestar. Hay datos inquietantes. Los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda afectaron al 13,5% de los hogares en 2020, el doble que el a?o anterior, seg¨²n el INE. En el segundo trimestre del presente a?o, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 253% respecto al mismo periodo del a?o pasado. Decenas de miles de familias viven angustiadas por temor al desahucio cuando finalice la actual moratoria.

Las propuestas contenidas en la iniciativa legal, como el impulso de la vivienda protegida de alquiler para las familias sin recursos, el fomento de la rehabilitaci¨®n o la creaci¨®n de un seguro de impago del alquiler para los j¨®venes, han despertado muchas expectativas. Pero tambi¨¦n han abierto un intenso debate entre quienes las consideran insuficientes y los que las rechazan por excesivo intervencionismo.

Alejandro Inurrieta, economista y profesor de Estructura Econ¨®mica en la UNED, publica un bien documentado libro, Vivienda: la revoluci¨®n m¨¢s urgente (Alternativas Econ¨®micas) que ofrece un nuevo enfoque que puede ser muy valioso para profundizar en esta vieja problem¨¢tica.

El autor subraya el serio problema de la falta de estad¨ªsticas de referencia con que cuentan los gestores p¨²blicos y privados para tomar sus decisiones en materia de vivienda. Un d¨¦ficit que considera grave en la vivienda de alquiler. ¡°Un ejemplo palmario¡±, se?ala, ¡°ha sido el uso sistem¨¢tico, hasta hace poco, de la informaci¨®n de tasadores y portales inmobiliarios como fuente fundamental para la elaboraci¨®n de ¨ªndices precios¡±. Por ello estima urgente ampliar el conocimiento estad¨ªstico mediante encuestas m¨¢s frecuentes y la utilizaci¨®n de los registros de Hacienda, comunidades aut¨®nomas, catastro e INE para ¡°construir una base de datos actualizada y fiable sobre demanda, oferta y precio de viviendas en alquiler y compra¡±. M¨¢s informaci¨®n puede facilitar las soluciones.

Inurrieta aboga tambi¨¦n por un nuevo modelo fiscal, en l¨ªnea con los pa¨ªses europeos, que concreta en un impuesto sobre el suelo que llegase al 3%, sobre el 80% de su valor comercial, que permitir¨ªa una recaudaci¨®n de casi 100.000 millones de euros.

El debate legal est¨¢ abierto a la participaci¨®n ciudadana. La asociaci¨®n de consumidores Asuf¨ªn considera, en sus observaciones, que son ¡°insuficientes las medidas encaminadas a la rehabilitaci¨®n¡±, dada su importancia para el ahorro energ¨¦tico y la movilizaci¨®n de viviendas en mal estado. La ley puede mejorar sustancialmente si incorpora las observaciones m¨¢s constructivas.