Baleares incorpora al parque p¨²blico 22 viviendas expropiadas a grandes propietarios

El Gobierno de Baleares ha culminado el proceso que inici¨® el pasado mes de marzo para expropiar de forma temporal 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios y destinarlas a alquiler social durante los pr¨®ximos siete a?os. De las 56 viviendas incluidas en el expediente inicial, un total de 22 pasar¨¢n a formar parte temporal o definitivamente del parque p¨²blico del Gobierno regional, 21 han sido vendidas o puestas en alquiler directamente por los grandes propietarios y 13 no han entrado en liza porque no llevaban m¨¢s de dos a?os vac¨ªas. Baleares es la primera comunidad aut¨®noma en ejecutar un procedimiento de estas caracter¨ªsticas a nivel nacional.

El proceso para la expropiaci¨®n temporal de las viviendas, propiedad de bancos y de sociedades inmobiliarias vinculadas a estas entidades, arranc¨® hace nueve meses con el doble objetivo de conseguir viviendas que se pudieran destinar al alquiler social por parte de la Administraci¨®n y de incentivar la rehabilitaci¨®n y salida al mercado de los inmuebles de grandes tenedores que permanec¨ªan cerrados. La Ley de Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 define como grandes tenedores a las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que disponen de diez o m¨¢s viviendas y establece que los inmuebles se consideran desocupados cuando llevan dos a?os o m¨¢s sin ser habitados sin una causa que lo justifique. La norma obliga a estos propietarios a inscribir en un registro los inmuebles que llevan m¨¢s de dos a?os desocupados y permite a la Administraci¨®n disponer de ellos justificando una ¡°necesidad real¡± de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas.

El procedimiento se ha realizado bajo el amparo de la cesi¨®n de uso temporal de viviendas, una herramienta recogida en la ley auton¨®mica que permite rescatar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de los residentes del archipi¨¦lago, que pagar¨¢n un alquiler adaptado a su capacidad econ¨®mica que nunca superar¨¢ el 30% de sus ingresos. ¡°Los grandes tenedores han entendido que no pueden dejar pisos desocupados de una forma indefinida en el tiempo y negando su funci¨®n social. Esta medida ha sido un revulsivo y se est¨¢ notando una reactivaci¨®n por parte de los grandes tenedores en cuanto a ofertas y operaciones inmobiliarias¡±, ha explicado este jueves el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, en una comparecencia ante los medios.

Seis casas compradas

Del total de 56 viviendas incluidas en el expediente, 16 han sido expropiadas y seis han sido compradas por la Consejer¨ªa de Vivienda. Estos 22 pisos se integrar¨¢n directamente en el parque p¨²blico que gestiona el Instituto Balear de Vivienda. Sobre el resto, hay 21 inmuebles que han pasado a manos de particulares mediante operaciones de venta o contratos de alquiler por parte de los grandes propietarios. De hecho, seg¨²n ha detallado el director general de Vivienda, algunas de las ventas se han realizado justo antes de que el Ejecutivo regional obtuviera la posesi¨®n de los inmuebles, como uno que finalmente se vendi¨® en Inca (Mallorca) por 60.000 euros. Las 13 viviendas restantes no cumpl¨ªan el requisito de llevar m¨¢s de dos a?os vac¨ªas porque, o bien se encontraban ocupadas irregularmente o ten¨ªan una licencia de primera ocupaci¨®n con menos de dos a?os de antig¨¹edad.

El Gobierno regional tendr¨¢ que compensar a los grandes propietarios afectados por la operaci¨®n con 371.448 euros, el equivalente a unos 276 euros mensuales por vivienda. En este importe no se incluyen las obras de rehabilitaci¨®n que tendr¨¢ que ejecutar la Administraci¨®n auton¨®mica y que se calcula en 23.215 euros por vivienda. La expropiaci¨®n tiene una duraci¨®n temporal de siete a?os, la duraci¨®n legal de los contratos de alquiler cuando el casero es una empresa u organismo, aunque mediante un acuerdo con los propietarios de los inmuebles se podr¨ªa prorrogar.

El director general de Vivienda ha admitido que hay procedimientos judiciales abiertos porque los grandes tenedores presentaron demandas contra la orden de inicio y contra la resoluci¨®n de la Consejeria mediante la cual se iniciaba la ejecuci¨®n material del procedimiento. ¡°Hasta el momento los pronunciamientos judiciales, respecto a medidas cautelares y cautelar¨ªsimas, han sido denegadas. Pero es cierto que no ha habido un pronunciamiento judicial en cuanto al fondo de la cuesti¨®n¡±, ha se?alado Robsy. Seg¨²n ha descrito, el proceso no ha sido f¨¢cil y se han dado situaciones de incumplimiento, irregularidades, deficiencias e incluso ¡°falta de colaboraci¨®n abiertamente¡± con grandes propietarios que no se han presentado a las citas o se han negado a abrir los pisos. Como consecuencia, se han abierto 26 expedientes sancionadores con resoluciones de multa por valor de 50.000 euros.