Gobierno y grandes caseros discrepan sobre la manera de sumar 30.000 alquileres sociales

Los grandes caseros presionan para incorporar parte de sus viviendas al parque p¨²blico. Casi un a?o y medio despu¨¦s de que el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jos¨¦ Luis ?balos, anunciara la intenci¨®n del Ejecutivo de sumar 30.000 pisos de fondos y empresas arrendadoras a los programas de alquiler social, la Asociaci¨®n de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha aireado una propuesta en ese sentido. La idea es que el Estado se convierta en arrendatario de las casas para cederlas luego en alojamiento a inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. El ministerio no descarta la idea, pero estudia ¡°varias alternativas¡± y remite al plan estatal de vivienda, que ya permite acuerdos similares con las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos. Alcanzar un consenso no ser¨¢ sencillo porque, adem¨¢s, se trata de otra cuesti¨®n en la que las posturas de los socios de Gobierno se encuentran distanciadas. Podemos, que dice que no le han trasladado ninguna propuesta, prefiere otras opciones.

A principios de mes, durante unas jornadas en las que participaba el director general de Vivienda, Francisco Javier Mart¨ªn, Asval puso sus cartas sobre la mesa. ¡°Se ha presentado ante el ministerio [de Transportes] una iniciativa y la conoc¨¦is¡±, dijo Eduard Mendiluce, vicepresidente de la asociaci¨®n de propietarios y uno de los hombres fuertes del fondo Blackstone en Espa?a, como consejero delegado de Aliseda y Anticipa. El directivo se?al¨® que ¡°respondiendo a la idea de movilizar 30.000 viviendas¡±, se hab¨ªa trasladado una propuesta basada en el modelo que Irlanda hab¨ªa ensayado durante la pandemia. La idea es que el Estado ¡°paga un alquiler durante 25 a?os con derecho de subarriendo¡±.

Fuentes del sector, al tanto de la iniciativa, se?alan que los alquileres se ofrecer¨ªan ¡°a precios entre un 15% y un 20% por debajo de mercado¡±. La idea del subarriendo busca salvar un obst¨¢culo: los grandes caseros quieren que quien les pague el alquiler sea el Estado, pero las competencias en vivienda se encuentran mayoritariamente en manos de las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos, que podr¨ªan obtener la cesi¨®n final de esas viviendas para sus programas de alquiler social mediante pactos con la Administraci¨®n central. ¡°Da seguridad jur¨ªdica y la solvencia financiera de las comunidades no es la misma¡±, explican esas fuentes, que precisan que el ministerio recibi¨® el plan a finales del a?o pasado. Este contemplaba regularizar situaciones de ocupaci¨®n: es decir, que en pisos de los grandes propietarios donde viven familias en situaci¨®n irregular entren en los programas p¨²blicos.

Joan Clos, presidente de Asval, confirma que se trata de un asunto recurrente en las reuniones de su organizaci¨®n con Transportes. ¡°Mantenemos abierta una l¨ªnea de conversaci¨®n y con cierta periodicidad sale este tema¡±, se?ala el exalcalde de Barcelona, antes de enfriar las expectativas: ¡°Hay que negociar y acordar y de momento no se avanza en esta direcci¨®n¡±. ¡°Cuando se nos habl¨® [de sumar 30.000 viviendas al parque de alquiler social] gener¨® ilusi¨®n, pero ahora vemos con cierta preocupaci¨®n que se demora¡±, a?ade.

Negociaci¨®n sin plazo

Transportes tampoco ve cerca el acuerdo. ¡°No hay plazo ni se prev¨¦ que sea inminente¡±, se?ala una portavoz del departamento. ¡°Se est¨¢ hablando de diferentes f¨®rmulas, se han propuesto varias opciones y hay varias alternativas abiertas¡±, explica. Pero en el ministerio no entienden las prisas porque ¡°ya hay instrumentos que permiten la cesi¨®n de viviendas a las Administraciones p¨²blicas¡±. El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que se aprob¨® el pasado enero, contempla un programa por el que el Estado sufraga la cesi¨®n de viviendas a comunidades o ayuntamientos para alquiler social o asequible. Pero eso no cumple el requisito de los caseros de que los arriendos se firmen con la Administraci¨®n central. M¨¢s consenso hay en la idea de articular cualquier medida a trav¨¦s de un concurso p¨²blico, lo que permitir¨ªa a las empresas interesadas presentarse y salvar¨ªa la concurrencia competitiva.

Pero ese no es el ¨²nico obst¨¢culo. En el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra y coproponente en esta legislatura de iniciativas de vivienda tan importantes como el proyecto de la futura ley estatal, se?alan que no han visto el plan de los grandes caseros. ¡°No nos han trasladado la propuesta¡±, indican, limit¨¢ndose a se?alar que su opci¨®n ¡°es de obligatoriedad¡±. Es decir, normas que fuercen a los grandes propietarios a destinar parte de sus inmuebles a alquileres sociales. Fuentes del mismo partido, que tampoco conocen la propuesta de Asval, la rechazan de plano: ¡°Supondr¨ªa financiar a los grandes propietarios el mantenimiento de estas viviendas con fondos p¨²blicos¡±; alegan.

En el sector, donde recuerdan que algunas formaciones (como PP o ERC) han presentado enmiendas a la futura ley estatal de vivienda para fortalecer la colaboraci¨®n p¨²blico-privada, responden que su plan ¡°es m¨¢s barato¡± que construir un parque de vivienda social. En realidad, ambas ideas no son incompatibles. El plan de 100.000 viviendas que present¨® ?balos, y que ha seguido abrazando el ministerio en la etapa de Raquel S¨¢nchez, incluye 44.000 viviendas de nueva promoci¨®n y 56.000 ya construidas. De estas, 15.000 deb¨ªan salir de la Sareb, el banco malo, que las ha puesto a disposici¨®n aunque los convenios firmados hasta la fecha con diferentes comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos apenas cubren unos 3.000 inmuebles. Otras 11.000 deb¨ªan salir de los bancos, que a?adieron 1.000 viviendas a la provisi¨®n previa del denominado Fondo Social aunque las que se est¨¢n gestionando siguen por debajo de las 10.000 unidades. Y por ¨²ltimo, la partida m¨¢s generosa y la que m¨¢s r¨¢pidamente podr¨ªa crecer, son las 30.000 viviendas procedentes de grandes caseros. Pero estas, de momento, siguen a la espera.