M¨¢s de 300 propietarios reclaman da?o patrimonial al Estado por la limitaci¨®n de los alquileres al 2%

La Asociaci¨®n de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha comenzado a presentar 2.000 reclamaciones patrimoniales ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a cuenta de la limitaci¨®n de las actualizaciones de renta al 2%. En el proceso hay representados 300 caseros diferentes, que la organizaci¨®n define como ¡°peque?os y medianos propietarios¡±, a los que la normativa especial por la guerra de Ucrania que aprob¨® el Gobierno en marzo de 2022 ha impedido subir las rentas que cobran por sus casas conforme a la inflaci¨®n. Fuentes de Asval, que agrupa a 6.000 asociados con 60.000 viviendas en total, indican que los grandes caseros que forman parte de la entidad, como algunas sociedades espa?olas del fondo Blackstone, no participan de esta acci¨®n, ya que ¡°estudiar¨¢n¡± las posibles acciones legales con sus propios departamentos jur¨ªdicos.

Entre los 300 caseros que presentan las reclamaciones hay tanto asociados como no asociados de Asval, que ha actuado como mera ¡°canalizadora¡± de las demandas. La directora general de la asociaci¨®n, Mar¨ªa Andreu, se present¨® este jueves en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que es el que dirige las pol¨ªticas estatales de Vivienda) para iniciar el registro de todas las peticiones, que previsiblemente llevar¨¢ dos d¨ªas al hacerse una por una.

Leyre Aya, abogada del despacho TKL que act¨²a como asesor jur¨ªdico de Asval, admite que se trata de un procedimiento ¡°complejo¡± por la falta de precedentes. El proceso, ejemplifica, es similar a lo que sucede cuando un ciudadano se lesiona por tropezar en una acera en mal estado y pide ser compensado. ¡°El da?o que los caseros sufren es un da?o originado directamente por el Estado y la normativa prev¨¦ esa reclamaci¨®n patrimonial¡±, asegura la abogada. Para ello, los recursos justifican que la causa del perjuicio es el decreto que aprob¨® el Ejecutivo y argumentan que no hay razones de fuerza mayor que justifiquen la medida, algo que para la abogada ¡°pudiera ser en un primer momento, pero ya no que se mantenga en el tiempo tanto tiempo¡±.

El Ministerio tiene seis meses para responder y, si lo hace negativamente o no lo hace, se considerar¨¢ agotada la v¨ªa administrativa. Asval se plantear¨¢ entonces llevarlo a los tribunales, por la v¨ªa contencioso-administrativa. Transportes ¡°defiende la medida adoptada y su legalidad, ya que buscaba y busca evitar subidas desproporcionadas de precios en un momento de alta inflaci¨®n donde muchas familias pueden tener dificultades para continuar pagando su alquiler¡±, se?ala una portavoz del departamento, que recuerda que recientemente el Constitucional aval¨® la legislaci¨®n especial sobre desahucios que el Gobierno aprob¨® por la pandemia.

Asval calcula que, de media, por cada vivienda se dejar¨¢n de ingresar 2.000 euros debido a la limitaci¨®n en la actualizaci¨®n de rentas. Esto, multiplicado por los 2.000 inmuebles que han presentado reclamaci¨®n, sumar¨ªa 4 millones de euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la estimaci¨®n de la organizaci¨®n se refiere a todo el periodo de extensi¨®n de la medida (vigente hasta el pr¨®ximo 31 de diciembre) y las demandas ante Transportes solo contemplan los nueve meses de 2022 en que se aplic¨® el tope.

Casi un a?o con el nuevo tope

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que a los caseros actualicen anualmente la renta de los contratos en vigor. Esto se hace a instancias del propietario, siempre que el contrato firmado lo especifique y nunca de manera retroactiva. Desde 2019, la LAU acot¨® esas subidas a lo que marcase el IPC para evitar, lo que era una pr¨¢ctica relativamente com¨²n por parte de caseros profesionales, subidas lineales que durante la duraci¨®n total del contrato acababan suponiendo incrementos por encima del 15% e incluso el 20%. Pero ese tope con el IPC dej¨® de actuar como protecci¨®n para los inquilinos cuando la inflaci¨®n se dispar¨®. Por eso, a finales del pasado marzo el Gobierno decidi¨® modificarlo temporalmente y vincularlo al ?ndice de Garant¨ªa de Competitividad, un indicador diferente que nunca se puede aplicar por encima del 2%.

Ese movimiento no gust¨® a Asval, que ya el verano pasado anunci¨® que presentar¨ªa reclamaciones patrimoniales por un perjuicio que entonces estimaba para todos los caseros de Espa?a en 1.700 millones (asumiendo unos c¨¢lculos del portal Idealista). Las 2.000 reclamaciones de 300 caseros presentadas ahora, seg¨²n indican en la asociaci¨®n, fueron recogidas entre noviembre del a?o pasado y enero de este a?o. Durante ese periodo, concretamente en diciembre, el Ejecutivo anunci¨® la pr¨®rroga del tope del 2% a las actualizaciones de renta para todo 2023.

Asval, que tiene un car¨¢cter mixto entre asociaci¨®n de propietarios y grupo de presi¨®n, ya que agrupa a numerosas empresas del sector inmobiliario (desde promotoras hasta portales inmobiliarios), considera que esa limitaci¨®n es ¡°contraria¡± a lo que dice la LAU y destaca el perjuicio que causa a los peque?os propietarios: seg¨²n sus c¨¢lculos, un 75% del total del mercado de alquiler lo componen caseros con una o dos viviendas en arrendamiento, que a su vez representan el 95% de sus asociados. Adem¨¢s, la entidad presidida por el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, advierte de la posibilidad de que el n¨²mero de reclamaciones ¡°se eleve en caso de aprobarse la ley de vivienda¡± que se est¨¢ negociando en el Congreso.

¡°Inseguridad jur¨ªdica¡±

Esa norma, con la que el sector inmobiliario se ha mostrado hostil desde el primer momento, introducir¨¢ en caso de salir adelante una nueva limitaci¨®n a las actualizaciones de renta. Tal y como adelant¨® EL PA?S, los grupos que negocian la ley est¨¢n de acuerdo en cambiar la referencia actual al IPC por una nueva. En su momento hubo un preacuerdo para poner un 3% de tope, pero ahora el ala socialista del Ejecutivo aboga por poner ese 3% solo de manera temporal hasta que se elabore un indicador nuevo.

Asval considera que el l¨ªmite del 2% ha provocado ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± y hace ¡°que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado¡±, dificultando la situaci¨®n de los inquilinos al reducirse la oferta. Para fomentar esta, la asociaci¨®n de propietarios reitera el ofrecimiento que lleva meses haciendo: ceder 25.000 viviendas de grandes caseros al Estado, que pagar¨ªa unos alquileres del 80% sobre el precio de mercado y podr¨ªa emplear esas casas durante 25 a?os para engrosar el limitado parque social de vivienda en alquiler que tiene Espa?a, uno de los m¨¢s escasos de Europa.

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