El Gobierno trata de excluir los peajes de las reformas pactadas con la UE

Las declaraciones del director general de Tr¨¢fico, Pere Navarro, han vuelto a poner sobre la palestra los pagos por el uso de las carreteras. ¡°Lo que s¨ª que les puedo decir es que el a?o que viene tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas¡±, dijo el jueves en una entrevista en TV3. Sin embargo, el Gobierno enseguida sali¨® en tromba a desmentirlo en plena campa?a electoral. Navarro no tiene ni competencia en la materia ni sabe de qu¨¦ est¨¢ hablando, dec¨ªa un ministro tras otro. El motivo es que el Ejecutivo ha incluido renegociar los peajes en la adenda a los fondos europeos que est¨¢ discutiendo con Bruselas. En esta, que se present¨® a principios de junio, se ha planteado hacer simplemente un estudio sobre cu¨¢l ser¨ªa el mejor modelo para financiar el coste de mantenimiento de las carreteras espa?olas, explican diversas fuentes conocedoras de la materia. En consecuencia, dejar¨ªan sin hacer esa reforma comprometida con Bruselas. Pero estas mismas fuentes tambi¨¦n apuntan que ser¨¢ muy dif¨ªcil que Europa acepte esta f¨®rmula. Para la Comisi¨®n es una prioridad que Espa?a aumente la imposici¨®n medioambiental, se?alan.

Los peajes se incluyen en el documento que firm¨® el Gobierno espa?ol con Bruselas a cambio de los 70.000 millones en fondos europeos concedidos por la pandemia: ¡°La creaci¨®n de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzar¨¢ a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga¡±, recoge el texto donde se listan los hitos y objetivos que hay que cumplir. Esta es una de las reformas comprometidas para obtener los 7.000 millones de euros del quinto pago.

Pero la idea del Gobierno es tratar de renegociarlo. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, fue muy clara tras las palabras de Navarro: ¡°No habr¨¢ ning¨²n coste a?adido en la circulaci¨®n¡±. La ministra de Transportes, Raquel S¨¢nchez, explic¨® que no se dan las condiciones al no haber consenso con los partidos, las comunidades aut¨®nomas y el sector afectado de los transportistas. ¡°Se plante¨® sin una guerra de Ucrania, sin subidas de precios, por tanto se retir¨® de la ley y se est¨¢ renegociando con la Comisi¨®n Europea la previsi¨®n de este hito. Un Gobierno socialista no va a implantar este sistema¡±, dijo.

En el fondo, el Gobierno trata de hacer lo mismo que ya hizo con la ley de movilidad, donde se deber¨ªan haber incluido los peajes. Esta se redact¨® con el ¨²nico compromiso de hacer un estudio para analizar qu¨¦ modelo de financiaci¨®n podr¨ªa usarse. Pero no hab¨ªa ninguna referencia a su implantaci¨®n. No obstante, Podemos se opuso y Transportes incluso suprimi¨® esa menci¨®n. Y algo parecido se ha hecho tambi¨¦n con la reforma fiscal basada en el informe de los expertos. Esta tendr¨ªa que haber sido aprobada en el primer trimestre de 2023 para ayudar a cerrar el desfase presupuestario. Pero se ha esgrimido la actual crisis inflacionaria para posponerla sine die. Se argumenta adem¨¢s que los ingresos tributarios suben con fuerza y que se han aprobado una serie de impuestos como el de las energ¨¦ticas, la banca y el de grandes fortunas.

Paralizaci¨®n de recursos

En estas circunstancias, salvo un estudio t¨¦cnico que se ha encargado sobre la materia, nada estar¨ªa preparado para que los peajes puedan ponerse en marcha a principios de 2024. No da tiempo ni para aprobar la legislaci¨®n, ni para desarrollar los instrumentos y sistemas inform¨¢ticos necesarios. Si se niega a suprimir esta reforma, la Comisi¨®n Europea podr¨ªa acabar imponiendo un bloqueo de fondos parcial y por un tiempo. Pero esta no es la ¨²nica reforma que se encuentra en un estado similar. El Ejecutivo que salga del 23-J se enfrenta al riesgo de paralizaciones temporales y parciales en los pagos de fondos europeos por varios conceptos.

Tanto la ley de funci¨®n p¨²blica como las tres leyes para mejorar la eficiencia de la justicia han deca¨ªdo en el Parlamento con la convocatoria de elecciones. Las dos reformas estaban comprometidas para el 31 de diciembre del a?o pasado y eran parte del cuarto desembolso que ten¨ªa que haberse solicitado en la primera mitad de este a?o. Pese a que est¨¢n programadas dos peticiones de fondos al a?o, el Gobierno ha decidido no reclamarlos. Son unos 10.000 millones que no se han solicitado y que tendr¨¢ que pedirlos con retraso el Ejecutivo que salga de las urnas. Y que se juntar¨¢n con la siguiente solicitud de desembolsos. El atasco se sumar¨¢ a los retrasos que ya se sufren con las inversiones.

El nuevo Gabinete tendr¨¢ hasta diciembre para renegociar los fondos

El Gobierno aprob¨® en junio la adenda al plan de recuperaci¨®n, justo despu¨¦s de las elecciones municipales y auton¨®micas. En este documento se a?aden 7.700 millones m¨¢s en subvenciones a los 69.000 millones ya concedidos; otros 84.00 millones en cr¨¦ditos, y adem¨¢s se pueden hacer cambios siempre que est¨¦n justificados por circunstancias que escapan a la planificaci¨®n como la crisis de precios o los cuellos de botella. De hecho, el Ejecutivo ha pedido retrasar un buen n¨²mero de fechas del calendario de inversiones siempre que estas no vayan m¨¢s all¨¢ de agosto de 2026, momento en el que se tendr¨ªan que haber ejecutado todos los fondos seg¨²n la regulaci¨®n europea.

A partir de la entrega de la adenda, Bruselas tiene dos meses para evaluar los papeles enviados por Espa?a. No obstante, la fecha l¨ªmite para que la Comisi¨®n comprometa por su parte todos los fondos es el 31 de diciembre de este a?o. Es decir, el pr¨®ximo Ejecutivo podr¨ªa tener como l¨ªmite ese plazo para renegociar los fondos. Aunque con un problema: cuanto m¨¢s tarde, m¨¢s demorar¨¢ la ejecuci¨®n de unos recursos que ya avanzan con retraso debido a las dificultades para poner en marcha las inversiones. La ley de contratos, los permisos y las transferencias a las comunidades no permiten ir muy r¨¢pido, pese a que todo tenga que estar listo para mediados de 2026.

La sostenibilidad de las pensiones, punto caliente

La reforma de la ley de movilidad, la de funci¨®n p¨²blica y la de justicia tardar¨ªan m¨¢s de un a?o en aprobarse una vez que han deca¨ªdo en el Congreso. A menos que se legislen por decreto argumentando la urgencia para cobrar los fondos. En este cuarto tramo que ya va con retraso hay adem¨¢s dos puntos que podr¨ªan tener una evaluaci¨®n complicada. Uno es el de las pensiones. Entre los compromisos suscritos est¨¢ la elaboraci¨®n de unas ¡°proyecciones actualizadas que muestren que la reforma de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo¡±, seg¨²n se recoge como uno de los objetivos para lograr el pago de fondos europeos. Tanto el Banco de Espa?a como la Autoridad Fiscal ya han se?alado que har¨¢n falta m¨¢s medidas que las aprobadas. Y que muy probablemente en 2025 se tenga que activar un ajuste, cuya posibilidad ya est¨¢ contemplada en la reforma, para compensar las desviaciones presupuestarias. Este ajuste lo impusieron los funcionarios de la Comisi¨®n para poder firmar la reforma sin que el Tribunal de Cuentas europeo les exija responsabilidades.

El informe de proyecciones sobre las pensiones ser¨¢ uno de los puntos calientes de los pr¨®ximos meses. Si el nuevo Gobierno es del PP, podr¨ªa utilizarlo con la intenci¨®n de dejar en evidencia que la reforma del ministro Escriv¨¢ es una soluci¨®n en falso a las pensiones.

Ley de vivienda

Otro punto que puede reabrirse es la ley de vivienda, tambi¨¦n incluida en el cuarto pago y que contiene las limitaciones a los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. El Banco de Espa?a ya ha advertido de que esta iniciativa puede afectar a la mejora de la oferta de vivienda en alquiler y podr¨ªa entrar en una fase de revisi¨®n al evaluarla Bruselas.

Adem¨¢s, el Gobierno ha aprobado dos medidas laborales sobre las que la patronal est¨¢ protestando porque se han legislado al margen de la reforma pactada. La Comisi¨®n podr¨ªa interpretar que se contradice lo acordado: una es que la inspecci¨®n controle los ERE. Y la otra que las empresas tengan que avisar al Gobierno con seis meses de antelaci¨®n si despiden a m¨¢s de 50 trabajadores.

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