Abertis denuncia a Argentina ante el Ciadi en una nueva demanda de arbitraje

Abertis y Argentina vuelven a las andadas. El grupo de infraestructuras espa?ol ha dado un nuevo paso en la batalla legal que le enfrenta al Gobierno de Alberto Fern¨¢ndez al registrar formalmente una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones, el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. Abertis defiende los acuerdos de renegociaci¨®n de las concesiones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) pactados con el Gobierno de Mauricio Macri en 2018, que el Gobierno actual pretende anular.

Abertis ha registrado este martes la solicitud de arbitraje ante el organismo con sede en Washington. Al grupo espa?ol lo representan el bufete de abogados neoyorquino Freshfields Bruckhaus Deringer y el argentino Marval, O¡¯Farrell & Mairal, mientras que Argentina se defiende a trav¨¦s de la Procuraci¨®n del Tesoro de la Naci¨®n. El grupo de infraestructuras que dirige Jos¨¦ Aljaro considera que el Gobierno argentino ha violado el Acuerdo para la Promoci¨®n y Protecci¨®n Rec¨ªproca de Inversiones entre Espa?a y Argentina de 1991.

Grupo Concesionario del Oeste (GCO) gestiona la autopista entre Buenos Aires y Luj¨¢n (56 kil¨®metros), y Austol es titular de la concesi¨®n de 119 kil¨®metros del acceso norte de Buenos Aires ¡ªpopularmente conocida como la autopista Panamericana¡ª y del mantenimiento de la Autopista General Paz. Las propias Ausol y GCO presentaron el 19 de octubre de 2022 sendas peticiones de medidas de emergencia ante la Corte de Arbitraje de la C¨¢mara de Comercio Internacional (CCI), de acuerdo con lo previsto en las cl¨¢usulas de los acuerdos renegociados. El 30 de octubre de ese a?o, el ¨¢rbitro de emergencia designado por la CCI acept¨® aplicar la medida solicitada por las concesionarias y orden¨® al Gobierno argentino desistir en sus pretensiones de anular el contrato renegociado.

Aunque esa decisi¨®n fue notificada al Estado argentino, el Gobierno de Alberto Fern¨¢ndez decidi¨® ignorarla. Las concesionarias presentaron una solicitud de arbitraje ante la CCI cada una pidiendo que se reconociese la validez del acuerdo renegociado y que se condenase a Argentina a cumplirlo y a pagar las cantidades adeudadas. Por su parte, ese pa¨ªs hizo a finales del a?o pasado una presentaci¨®n (¡±extempor¨¢nea¡±, a juicio de Abertis) solicitando el cese de las actuaciones arbitrales y poniendo objeciones al ¨¢rbitro designado por las concesionarias en cada caso.

En paralelo, Abertis empez¨® a preparar el terreno para la solicitud de arbitraje reci¨¦n presentada. El 24 de noviembre de 2022, el grupo, como accionista principal de Ausol (32% del capital) y de GCO (49%), present¨® una carta en Presidencia de la Naci¨®n, con copia a los ministerios de Econom¨ªa, Obras P¨²blicas y Relaciones Exteriores y al embajador de Argentina en Espa?a, para notificar la existencia de una controversia en el marco del tratado de protecci¨®n de inversiones de 1991. Con ello, se daba inicio al per¨ªodo de negociaci¨®n amigable previsto en dicho tratado, que ha terminado sin acuerdo.

Vuelta al Ciadi

Por ello, el grupo espa?ol controlado por Atlantia y ACS ha presentado la solicitud de arbitraje. No es la primera vez que Abertis acude al Ciadi para proteger sus inversiones en Argentina. El grupo entonces dirigido por Francisco Reyn¨¦s demand¨® al Gobierno argentino en ese mismo foro en 2015 por el desequilibrio financiero que acumulaban las concesionarias ante la decisi¨®n gubernamental de congelar las tarifas.

De hecho, lo que permiti¨® cerrar aquel arbitraje fue la renegociaci¨®n de los contratos. El acuerdo entre GCO y el Gobierno de Macri supuso extender la concesi¨®n 12 a?os, hasta 2030, reconocer los reequilibrios pendientes por 247 millones de d¨®lares, un plan de inversiones adicional para mejorar la red por 250 millones de d¨®lares, un nuevo esquema de revisi¨®n de tarifas y el cese de los procedimientos entre las partes.

En el caso de Ausol, la pr¨®rroga de la concesi¨®n fue por 10 a?os, tambi¨¦n hasta 2030, el reconocimiento de los reequilibrios pendientes por 499 millones de d¨®lares, un plan de inversiones adicional de 430 millones de d¨®lares y tambi¨¦n un nuevo esquema de tarifas y el fin del arbitraje. En ambos casos, el Gobierno asum¨ªa adem¨¢s, el riesgo de demanda, entre otras cl¨¢usulas.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno, Alberto Fern¨¢ndez afirm¨® en septiembre de 2022 que los contratos eran ¡°lesivos para el inter¨¦s general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad¡±. ¡°A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron da?o econ¨®mico al Estado nacional y a los usuarios¡±, asegur¨®. Argumentaba que no se pod¨ªa dolarizar la deuda y que no hab¨ªa justificaci¨®n para estipular los tipos de inter¨¦s en el 8% anual, entre otras objeciones.

El Gobierno aprob¨® un decreto para declarar lesivos al inter¨¦s general los acuerdos renegociados en virtud de supuestos graves vicios que afectaban a su legitimidad y orden¨® a la Direcci¨®n Nacional de Vialidad interponer una acci¨®n ante los tribunales para lograr su nulidad.

El pasado ejercicio, las dos filiales argentinas aportaron unos ingresos de 148,1 millones de euros, un resultado bruto de explotaci¨®n de 28,8 millones y tuvieron un resultado neto negativo de 2,1 millones, seg¨²n figura en las cuentas anuales consolidadas del grupo.

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