1.200 millones para evitar que en Espa?a haya 28.500 personas sin hogar

Cerca de 30.000 personas carecen de un hogar en Espa?a. Este problema se ha incrementado en los ¨²ltimos a?os pese a las recomendaciones de organismos nacionales y europeos para combatirlo. Pero el sinhogarismo, aunque sea la cara m¨¢s extrema y dolorosa, no puede entenderse sin el contexto de dificultades crecientes en torno a la vivienda. Con ese enfoque, la consultora EY presenta un an¨¢lisis de la situaci¨®n y una primera aproximaci¨®n econ¨®mica a su soluci¨®n: para poner remedio, estima el estudio, se necesitar¨ªa una inversi¨®n inicial de 1.200 millones de euros. A esto, luego, se sumar¨ªa un desembolso anual de entre 150 y 175 millones en pol¨ªticas asistenciales para los afectados.

La estimaci¨®n parte de la consideraci¨®n de que en Espa?a hab¨ªa 28.552 personas sin hogar, seg¨²n los datos del INE para 2022. Partiendo de esa base, ser¨ªan necesarias unas 10.000 viviendas, que con un coste promedio de 120.000 euros (entre el valor del activo y los gastos de adecuaci¨®n) elevar¨ªa la factura inicial a 1.200 millones. Pero hay que tener en cuenta que no toda esa inversi¨®n ser¨ªa en dinero, una parte puede provenir de la cesi¨®n de inmuebles. Y tambi¨¦n se puede beneficiar de subvenciones o aportaciones por parte de las Administraciones u otros propietarios. De hecho, la necesidad de financiaci¨®n se estima en un m¨¢ximo de 600 millones, seg¨²n el informe que este lunes presenta EY, y al que ha tenido acceso por adelantado EL PA?S.

El an¨¢lisis parte de la estrategia Housing First (la vivienda primero), que consiste en dar una vivienda estable tan pronto como sea posible a las personas que carecen de una y es la que recomiendan la mayor¨ªa de expertos y el propio Parlamento Europeo. Conseguidos los inmuebles para ello (algunas personas vivir¨ªan agrupadas por ser familia o porque sus circunstancias recomiendan un piso compartido, lo que se conoce como Housing Led), posteriormente habr¨ªa que pagar un alquiler. Eso, incluyendo gastos de mantenimiento e impuestos, supondr¨ªa un desembolso anual de entre 96 y 120 millones. A lo que se suman los 55 millones en los que se calculan los salarios de casi 1.500 empleados cualificados para gestionar las viviendas y el acompa?amiento de las situaciones de vulnerabilidad.

El m¨²sculo financiero necesario para enfilar esta soluci¨®n, que se plantea como ¡°un ejercicio generalista que requerir¨ªa un an¨¢lisis cuantitativo m¨¢s profundo¡±, podr¨ªa provenir en gran parte del sector privado. La consultora recalca que Espa?a tiene 3,4 millones de viviendas vac¨ªas y ¡°determinados actores¡± del mercado inmobiliario ¡°podr¨ªan aprovechar esta soluci¨®n para dar salida a parte del stock¡±. Adem¨¢s, recuerda que muchos inversores focalizan sus estrategias de sostenibilidad ¡°en la dimensi¨®n medioambiental, mientras que tienden a no impulsar la dimensi¨®n social por el desconocimiento o falta de oportunidades en el mercado¡±.

¡°No parece que sea un problema econ¨®mico o una situaci¨®n que no sea viable econ¨®micamente¡±, abunda F¨¦lix Villaverde, quien ha participado en el estudio como gerente del ¨¢rea de Estrategia y Transacciones de EY. ¡°Lo que hay que hacer es que de alguna manera el inversor privado lo vea como una oportunidad¡±, a?ade, ¡°abrir un debate en el que los diferentes actores [inversores, organizaciones sin ¨¢nimo de lucro, Administraciones] vean que hay una oportunidad y ponerles en contacto¡±.

A modo de ejemplo, EY presenta el caso de tech?, una socimi (sociedad cotizada de inversi¨®n inmobiliaria) nacida en 2022 en la que participa junto con otras compa?¨ªas del sector inmobiliario. La firma se centra en la provisi¨®n de vivienda para familias vulnerables y, partiendo de una inversi¨®n de 16 millones, aglutina ya 120 pisos que gestionan una treintena de entidades sociales. ¡°No se busca maximizar la rentabilidad econ¨®mica por la v¨ªa de las rentas¡±, explica tambi¨¦n al tel¨¦fono su presidenta, Blanca Hern¨¢ndez. ¡°Renuncias [como accionista] a eso por la rentabilidad social de saber que est¨¢s ayudando a la capa de tu pa¨ªs con mayor vulnerabilidad¡±.

Hern¨¢ndez es una de las personas que prestan su voz en el informe, en el que tambi¨¦n participan entidades del tercer sector y expertos para aportar soluciones y ayudar a definir el problema. A su juicio, ¡°hasta ahora las empresas no buscaban tantos proyectos propios de responsabilidad social corporativa, las Administraciones no dedicaban tantos fondos a subvencionar plazas y muchas entidades de trabajo ten¨ªan una metodolog¨ªa de trabajo ambulatoria [atenci¨®n en la calle, lo contrario al Housing First]¡±. Pero el mensaje de la directiva es de esperanza: ¡°Si todos tomamos conciencia y todos trabajamos juntos, como el modelo de tech?, se puede hacer¡±.

Un problema en aumento

Los autores del estudio no ponen pa?os calientes sobre otras dificultades crecientes. ¡°Espa?a tiene un problema con la vivienda¡±, dice el an¨¢lisis nada m¨¢s arrancar. ¡°La vivienda es cada vez m¨¢s cara y el n¨²mero de personas sin hogar aumenta cada a?o. Los problemas con la vivienda no se est¨¢n solucionando, sino que se est¨¢n agravando¡±. Con datos de la OCDE y el Banco de Espa?a, la firma consultora destaca que hay 19 provincias donde los precios de alquiler superan el umbral de esfuerzo recomendable (que sit¨²an en destinar a los gastos de vivienda un 35% de los ingresos). Adem¨¢s, un 77% de la poblaci¨®n espa?ola entra en los baremos que le permitir¨ªan comprar una vivienda protegida. Y m¨¢s de un 60% tambi¨¦n ser¨ªa elegible para un piso de alquiler asequible. El problema es que este tipo de viviendas escasean.

Y mientras crecen los problemas de asequibilidad, se engrosa el colectivo de personas sin hogar. En la ¨²ltima d¨¦cada, estos casos se han elevado un 24,5% seg¨²n el INE. El informe analiza seis de las siete comunidades aut¨®nomas m¨¢s pobladas (de Galicia no da datos) para concluir que desde 2012 solo dos, Catalu?a y la Comunidad Valenciana, han logrado reducir el sinhogarismo. Por el contrario, este aument¨® m¨¢s de un 17% en Madrid, un 84% en Andaluc¨ªa, casi un 124% en el Pa¨ªs Vasco y por encima del 150% en Castilla y Le¨®n.

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