Catalu?a aprueba un decreto para evitar que los alquileres de temporada esquiven el l¨ªmite de precios

El Gobierno catal¨¢n ha aprobado este mi¨¦rcoles un decreto ley de urgencia para regular los alquileres de temporada y evitar que los propietarios de vivienda los utilicen para esquivar la regulaci¨®n de precios en las zonas de mercado tenso. El decreto, que entrar¨¢ en vigor en los pr¨®ximos d¨ªas (el d¨ªa despu¨¦s de publicarse en el diario oficial) y tendr¨¢ que ser ratificado con apoyo pol¨ªtico en un mes, modifica las leyes catalanas de vivienda y de fianzas, y prev¨¦ multas de entre 3.000 y 90.000 euros para los propietarios que no cumplan. El decreto llega la v¨ªspera del inicio de la campa?a de las elecciones del 12-M, pero el Govern niega que sea una medida electoralista, con el argumento de que era un objetivo de la legislatura y un clamor de las entidades que defienden el derecho a la vivienda.

La clave de la regulaci¨®n es la consideraci¨®n de que solo el uso tur¨ªstico o recreativo se puede considerar alquiler de temporada. Y que un alquiler por una estancia limitada, que no sea por motivo vacacional sino por estudios o trabajo, cubre las necesidades de vivienda permanente y por ello debe cumplir con las obligaciones de la legislaci¨®n espa?ola aprobada en mayo de 2023. Para justificar la condici¨®n de vivienda, el casero deber¨¢ documentar el motivo de la temporalidad al depositar la fianza en el Instituto Catal¨¢n del Suelo (Incasol). Y a partir de ah¨ª, argumenta el Govern, quedar¨¢ sujeto a la ley espa?ola de vivienda en cuestiones como la contenci¨®n de la renta o que los gastos de la inmobiliaria los pague el arrendatario. El decreto tambi¨¦n busca regular el alquiler de habitaciones, de manera que la suma de la cantidad que se paga por cada espacio no pueda superar el precio del ¨ªndice oficial en las zonas tensas donde se regulan las rentas.

La consejera de Territorio, Ester Capella, responsable de la pol¨ªtica de vivienda, lleva meses defendiendo la necesidad de ¡°resolver los agujeros¡± de la ley espa?ola de vivienda, que han disparado la oferta de alquileres de temporada para esquivar la normativa. La Generalitat, se?ala que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, consumo y legislaci¨®n civil. El decreto busca que los inquilinos puedan beneficiarse de la contenci¨®n de precios, pero tambi¨¦n de otras cuestiones de la ley de vivienda, como dejar de pagar los gastos de la inmobiliaria, pagar solo un mes de fianza o que no se les puedan imputar gastos. ¡°El decreto desarrolla medidas para evitar la picaresca que se ha instalado y que algunos eludan la ley en vigor y buscan cobijo en los vac¨ªos legales. Nosotros tapamos esos agujeros dando respuesta urgente y a demandas de entidades sobre la garant¨ªa del derecho a la vivienda¡±, ha defendido la consejera. Capella, que era consejera de Justicia cuando en 2020 la Generalitat regul¨® de forma pionera el precio de los alquileres en 60 ciudades, suele recordar que los precios del alquiler se han disparado un 66% en Catalu?a durante la ¨²ltima d¨¦cada, un 10% solo en 2023.

Bajando al detalle, la nueva regulaci¨®n modifica ¡°quir¨²rgicamente¡± la ley 18/2007 (la ley de vivienda del tripartito). En el art¨ªculo 61 sobre las ofertas de pisos de alquiler establece que en los anuncios debe constar el precio de la ¨²ltima renta o la condici¨®n de gran tenedor del casero, si es el caso. En el art¨ªculo 66 (de requisitos para el arrendamiento de viviendas) se a?adir¨¢ un ¡°66 bis¡± que especificar¨¢ que si la estacionalidad del alquiler es por causas profesionales, de estudio o de asistencia m¨¦dica (y no de ocio o vacaciones) se trata de residencia habitual y se somete a la regulaci¨®n espa?ola. Los contratos deber¨¢n explicar y justificar con documentaci¨®n la causa de la temporalidad (con una matr¨ªcula universitaria o un contrato laboral, por poner dos ejemplos). Si no incluyen esta justificaci¨®n en el momento de depositar la fianza en el Incasol (que es un tr¨¢mite obligatorio), se considerar¨¢n por defecto contratos permanentes, ha explicado la Consejer¨ªa de Territorio. Catalu?a tiene una ley propia de registro y dep¨®sito de fianzas (13/1996), que en su art¨ªculo 3 se refiere al dep¨®sito de las fianzas de los contratos de alquiler y cita de forma espec¨ªfica los ¡°arrendamientos de fincas urbanas por temporada¡±. Las novedades en el r¨¦gimen sancionador se introducir¨¢n tambi¨¦n en art¨ªculos de la ley de 2007, incorporando nuevas infracciones si los due?os superan la renta permitida o no informan del precio anterior.

Sobre el alquiler de habitaciones, la Generalitat ha explicado que no pretende una regulaci¨®n espec¨ªfica porque no lo est¨¢ en ninguna legislaci¨®n, sino que contempla que si la suma del alquiler de cada estancia supera el precio que fija el ¨ªndice en una zona tensionada, el inquilino puede denunciarlo de acuerdo a la ley catalana.

El sector inmobiliario arremete contra las formas del Govern

Las reacciones al anuncio del decreto no han tardado en llegar. El Sindicato de Inquilinas ha respondido al anuncio del decreto con entusiasmo, afirmando que ¡°acaba la v¨ªa libre al fraude contra la regulaci¨®n del alquiler¡± y exigiendo a los grupos parlamentarios ¡°que se comprometan por escrito, antes de las elecciones, a convalidar el decreto¡±. Mientras, los representantes del sector inmobiliario y los portales de internet han reaccionado de forma contraria: arremetiendo contra las formas del Govern, el hecho de que ERC no haya contado con ellos, la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± que consideran que provoca que dos administraciones (Gobierno y Govern) trabajen para regular una misma cuesti¨®n y acusaciones de actuar por electoralismo.

Por parte del colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, su portavoz, Carles Sala, ha destacado que no se ha contado con ellos, al contrario de c¨®mo act¨²a el Gobierno espa?ol ¡°que ya ha convocado en varias ocasiones al sector profesional y al sector social para conocer qu¨¦ propuestas tenemos para evitar el fraude de ley en los contratos de temporada¡±. Sala ve ¡°deplorable¡± e ¡°irresponsable¡± que dos administraciones trabajen ¡°paralelamente en la regulaci¨®n de la misma materia¡±, lo que genera en su opini¨®n ¡°confusi¨®n e inseguridad jur¨ªdica a propietarios y arrendatarios¡±.

Por parte de la C¨¢mara de la Propiedad Urbana, su gerente, Oscar Gorgues, ha defendido que ¡°los contratos de temporada dan respuesta a necesidades de personas que vienen un tiempo concreto a la ciudad¡±, como los estudiantes o trabajadores. Gorgues ve un conflicto competencial y fiscal en la regulaci¨®n si ¡°se obliga a hacer contratos de residencia habitual unos que no lo son. aunque los dos est¨¦n previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos¡±, al tiempo que se pregunta si las personas ser¨¢n obligadas a empadronarse en la residencia en la que vivir¨¢n por un plazo corto de tiempo. ¡°Es una legislaci¨®n hecha a toda prisa, puede que busque titulares en plena precampa?a y veremos si se podr¨¢ ratificar¡±, ha valorado y ha alertado: ¡°De nuevo crean inseguridad jur¨ªdica y provocar¨¢ que los propietarios retiren oferta del mercado a la espera¡±.

Los portales del sector en internet tambi¨¦n han cargado sobre la norma y la han tachado de electoralista. El director de estudios de Pisos.com ha celebrado que detalle qu¨¦ usos debe tener una vivienda alquilada como de temporada y que se incluya un r¨¦gimen sancionador, pero ha augurado que ¡°fracasar¨¢¡±. A su juicio, ¡°con toda probabilidad los propietarios encontrar¨¢n alternativas como trasladarse al mercado de la compraventa o quitarlos del mercado¡±. El portavoz de Idealista, Francisco I?areta, ha considerado que la regulaci¨®n ¡°da?ar¨¢ a¨²n m¨¢s la oferta de viviendas¡±. ¡°Desatendiendo los consejos de organismos como el FMI o el BDE, desdela Generalitat vuelven a incidir en la persecuci¨®n y la criminalizaci¨®n a los propietarios sin entender que ha sido la legislaci¨®n a golpe de decreto y prohibiciones la que nos ha tra¨ªdo al punto en el que estamos en este momento¡±, ha dicho.

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