Bruselas urge a Espa?a a acabar con las ¡°condiciones discriminatorias¡± de los interinos
La Comisi¨®n, que abri¨® un expediente de infracci¨®n por este tema en 2014, reconoce que se han cambiado leyes desde entonces, pero sigue detectando diferencias con los funcionarios y da dos meses al Gobierno para abordar el asunto
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
Nuevo choque entre Espa?a y las instituciones europeas a cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores temporales de la Administraci¨®n p¨²blica. Esta vez es por ¡°discriminaciones contrarias al derecho de la UE¡± entre los empleados p¨²blicos con plaza fija y los interinos. Y, por eso, la Comisi¨®n Europea reabre un expediente que mantiene desde hace ya 10 a?os y que hab¨ªa suspendido porque Espa?a hab¨ªa cambiado la norma. Pero ¡°los problemas de discriminaci¨®n persisten¡± y esto lleva al Ejecutivo de la Uni¨®n a retomar el procedimiento de infracci¨®n y darle al Gobierno dos meses de plazos para resolver la situaci¨®n o justificar que la diferencia de trato responde a ¡°razones objetivas¡±, seg¨²n ha anunciado este mismo jueves. Si no lo hace, Bruselas continuar¨¢ adelante con un proceso que puede acabar con el Estado espa?ol ante la justicia europea.
La lista de desencuentros que tiene Espa?a con las instituciones europeas por las diferentes condiciones laborales de los trabajadores temporales del sector p¨²blico o por c¨®mo se castiga el abuso de la temporalidad por la Administraci¨®n a?ade este jueves otro cap¨ªtulo. Las normas europeas no distinguen entre empleados del sector privado y del sector p¨²blico. Adem¨¢s, dentro de este ¨²ltimo tampoco lo hacen entre personal laboral contratado y funcionarios (sujetos estos ¨²ltimos a un estatuto propio). Espa?a s¨ª que lo hace y eso da pie a diferencias en las condiciones laborales de unos y otros empleados. Los choques m¨¢s estruendosos se han visto en el Tribunal de Justicia de la UE, pero no solo han tenido este escenario.
El que ahora se reactiva se desarrolla dentro de los llamados procedimientos de infracci¨®n, un mecanismo que tiene el Ejecutivo de la Uni¨®n para abrir expediente a un Estado miembro que aprueba normas que no respetan la legislaci¨®n comunitaria o que no la traspone debidamente, y que tambi¨¦n puede acabar en una denuncia ante la justicia europea. En este caso se trata de un procedimiento que se abri¨® en 2014, siendo comisaria de Empleo la belga Marianne Thyssen, porque Espa?a no contabilizaba los periodos de interinidad de los funcionarios a la hora de calcular los incrementos salariales (trienios y sexenios) ni los ascensos; y no solo para los que todav¨ªa eran interinos, que no ten¨ªan acceso a la misma carrera profesional que los fijos, tampoco lo contaba para quienes hab¨ªan obtenido una plaza fija siendo antes temporales.
Espa?a trat¨® de que la Comisi¨®n entendiera que la diferencia de trato que hab¨ªa entre quienes son funcionarios fijos y los interinos estaba justificada por razones objetivas, como no pertenecer a la misma categor¨ªa o que unos ten¨ªan un v¨ªnculo permanente con el empleador (la Administraci¨®n) y otros, solo temporal. Pero para el Ejecutivo europeo estos argumentos no fueron v¨¢lidos y acab¨® abriendo el expediente con el argumento de ¡°la legislaci¨®n espa?ola contiene condiciones de empleo menos favorables (como los derechos de vacaciones) para los empleados con contrato de duraci¨®n determinada que trabajen en el sector p¨²blico espa?ol, en comparaci¨®n con los empleados fijos¡±.
La notificaci¨®n conocida este jueves admite que el Gobierno espa?ol ha hecho reformas para corregir esta situaci¨®n, pero tambi¨¦n se deduce que estas no han sido suficientes a ojos de Bruselas: ¡°La segunda carta de emplazamiento adicional aborda las diferencias de trato en relaci¨®n con el c¨¢lculo de la antig¨¹edad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales¡±, explica el comunicado emitido por la Comisi¨®n, que da ahora dos meses ¡°para subsanar las deficiencias se?aladas¡±.
De no hacerlo, la Comisi¨®n avanzar¨¢ en el procedimiento de infracci¨®n remitiendo al Gobierno una opini¨®n razonada. Si despu¨¦s de este requerimiento tampoco se resuelve la situaci¨®n, entonces Bruselas lleva al Estado miembro ante los tribunales de Luxemburgo. La v¨ªa elegida para este procedimiento por el Ejecutivo comunitario no conlleva multa si los jueces fallaran contra Espa?a.
Junto a este expediente, a menos de una semana para que llegue agosto, Bruselas ha anunciado este jueves medio centenar de decisiones sobre procedimientos de infracci¨®n, y la gran mayor¨ªa ellas ata?en a m¨¢s de un pa¨ªs. En el caso de Espa?a, adem¨¢s del asunto de los funcionarios hay decisiones sobre otros siete asuntos que van desde no haber facultado correctamente a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir el reglamento europeo de servicios digitales, carencia que comparte con B¨¦lgica, Luxemburgo, Pa¨ªses Bajos y Suecia; hasta la trasposici¨®n incompleta de la directiva de reestructuraciones y resoluciones bancarias.
La Comisi¨®n tambi¨¦n ha apercibido a Espa?a por ¡°la prohibici¨®n impuesta de cotizar a planes de pensiones de empleo y personales por encima de los importes m¨¢ximos deducibles a efectos fiscales¡±. Cree Bruselas que esto ¡°puede entrar en conflicto con la libre circulaci¨®n de trabajadores, servicios y capitales y el derecho de establecimiento garantizados por los Tratados¡±. En el mismo campo, el del ahorro para la jubilaci¨®n, el Ejecutivo de la Uni¨®n ha abierto expediente a Espa?a y Portugal por no ¡°notificar las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales¡±. Las otras tres comunicaciones ata?en al plan de rendimiento y tarificaci¨®n del Cielo ?nico Europeo en los servicios de navegaci¨®n a¨¦rea, los incumplimientos de los objetivos de recogida y reciclaje, y la trasposici¨®n incompleta de una directiva sobre cr¨¦ditos.
Espa?a es, junto con Grecia, el pa¨ªs con m¨¢s procedimientos de infracci¨®n abiertos en la UE. Seg¨²n los datos de finales de 2023, ten¨ªa 44 expedientes abiertos frente a una media de 26 entre los Veintisiete. Adem¨¢s, el tiempo que emplea Madrid en resolver estos contenciosos con Bruselas supera a los del resto de socios: 63,2 meses, frente a un promedio de 36.
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