Espa?a cierra 2023 como el pa¨ªs de la UE con m¨¢s expedientes por infracciones medioambientales abiertos

Espa?a va a cerrar este 2023 como el pa¨ªs de la Uni¨®n Europea con m¨¢s expedientes abiertos por incumplir las normas medioambientales comunitarias. En concreto, tiene en estos momentos 21 infracciones activas, seg¨²n el recuento realizado por EL PA?S a partir de la base de datos de la Comisi¨®n Europea. A continuaci¨®n en esta lista de incumplidores de las directivas verdes de la UE est¨¢n Polonia y Grecia, con 19 cada uno, seguidos de Italia (17), Bulgaria (17) y Rumania (16).

Los Veintisiete est¨¢n obligados a cumplir las diferentes normas comunitarias y una parte importante de ellas est¨¢n relacionadas con la protecci¨®n del medio ambiente. Cuando no lo hacen, la Comisi¨®n Europea inicia un expediente de infracci¨®n, que en ¨²ltima instancia puede terminar en una condena por parte del Tribunal de Justicia de la UE e, incluso, en sanciones millonarias contra los Estados. Bruselas tiene activos 292 expedientes en estos momentos contra los pa¨ªses por incumplimientos de la legislaci¨®n medioambiental y clim¨¢tica. Muchos son por la no trasposici¨®n de las directivas, es decir, por no trasladar los preceptos que se fijan en las leyes europeas a las normas nacionales. Pero tambi¨¦n hay casos relacionados con incumplimientos concretos sobre contaminaci¨®n del aire, el buen estado de las masas de agua, la gesti¨®n de los residuos, la protecci¨®n de espacios naturales...

El pa¨ªs que tiene menos expedientes activos ahora es Luxemburgo, que solo cuenta con uno referido a la contaminaci¨®n del aire que la Comisi¨®n le abri¨® el pasado a?o. Le siguen Pa¨ªses Bajos, con tres, Lituania (cinco) y Estonia y Finlandia, con seis cada uno.

Espa?a, con los 21 expedientes vivos, est¨¢ lejos de esas posiciones al cierre de 2023. Pero no se trata de algo excepcional o coyuntural, porque el pa¨ªs lleva ya a?os ocupando los primeros puestos del listado de infractores a las normas medioambientales de la UE. Respecto al ¨²ltimo recuento realizado por este diario en febrero de 2022, cuando los casos contra Espa?a ascend¨ªan a 26, ha mejorado la situaci¨®n, ya que Bruselas ha cerrado algunas infracciones. Varias estaban relacionadas con la no trasposici¨®n de directivas sobre la gesti¨®n de los residuos, como, por ejemplo, la relativa a los pl¨¢sticos de un solo uso. Con la aprobaci¨®n de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en la primavera de 2022 varios casos se archivar¨¢n al actualizarse la legislaci¨®n nacional.

Buena parte de la demora en la trasposici¨®n de las normas y de la acumulaci¨®n de infracciones contra Espa?a ha estado vinculada al periodo de inestabilidad pol¨ªtica en la segunda mitad de la pasada d¨¦cada. La sucesi¨®n de elecciones generales ¡ªhubo comicios en 2015, 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019¡ª y las dificultades para formar Gobierno hicieron que se acumulara un gran retraso en la trasposici¨®n de las directivas europeas medioambientales al ordenamiento espa?ol. Este atraso se ha solucionado en gran medida y Espa?a ya no tiene ahora expedientes vivos por la no trasposici¨®n, seg¨²n los datos que aparecen en la base de datos de la Comisi¨®n.

Pero existe otro grupo de infracciones, en las que tambi¨¦n tienen responsabilidades las comunidades aut¨®nomas y los Ayuntamientos, que est¨¢ directamente relacionadas con malas pr¨¢cticas que contravienen el derecho europeo por parte de las Administraciones.

El caso m¨¢s claro es el de la falta de depuraci¨®n de las aguas residuales urbanas, un problema que arrastra Espa?a desde hace d¨¦cadas. En estos momentos, Espa?a tiene cuatro expedientes activos por este asunto ¡ªse abren diferentes casos en funci¨®n del tama?o de las poblaciones que no depuran bien sus aguas y de si est¨¢n en zonas sensibles¡ª. Uno de estos casos acab¨® en una condena del Tribunal de Justicia de la UE en 2018, que ha acarreado una multa millonaria, la mayor a la que ha tenido que hacer frente Espa?a hasta ahora. Fue por la falta de depuraci¨®n en 17 grandes aglomeraciones urbanas. Todav¨ªa alguna ¡ªcomo la de Matalasca?as, en pleno coraz¨®n de Do?ana, o Alhaur¨ªn el Grande, en M¨¢laga¡ª sigue sin cumplir, lo que hace que la multa crezca semestre a semestre. El Gobierno no espera que el problema est¨¦ resuelto completamente hasta, al menos, 2026. Y el ¨²ltimo c¨¢lculo del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica apuntaba a que la sanci¨®n final superar¨¢ los 80 millones de euros, a los que est¨¢n haciendo frente el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas afectadas. En otros dos casos m¨¢s activos por la mala depuraci¨®n, que afectan a decenas de aglomeraciones urbanas, Bruselas ya ha llevado a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la UE. La ¨²ltima de las demandas se anunci¨® la semana pasada.

La Comisi¨®n suele ser bastante paciente con los pa¨ªses infractores. De hecho, la directiva europea que incumple Espa?a sobre las aguas residuales y por la que ha sido multada tiene m¨¢s de tres d¨¦cadas. Para que se llegue a una sanci¨®n deben pasar muchos a?os y avisos de Bruselas. Primero, se abre el expediente y se insta al pa¨ªs miembro a cumplir. Tras varios cruces de advertencias, contestaciones de los Estados y ultim¨¢tums, la Comisi¨®n lleva al pa¨ªs ante la justicia europea si persisten los incumplimientos. Normalmente, la primera condena no acarrea una sanci¨®n. Hace falta una segunda para que se llegue a la multa.

La contaminaci¨®n atmosf¨¦rica es otro de los problemas medioambientales que arrastra Espa?a y en el que, de nuevo, las responsabilidades est¨¢n compartidas entre el Estado, las autonom¨ªas y los ayuntamientos. Bruselas tiene activos dos expedientes por la mala calidad del aire: uno referido a las part¨ªculas PM10 (que no ha llegado a la justicia) y otro por incumplir reiteradamente los l¨ªmites fijados para di¨®xido de nitr¨®geno en Madrid y en el ¨¢rea metropolitana de Barcelona. Por este ¨²ltimo caso, Espa?a fue condenada hace justo un a?o, aunque sin sanciones todav¨ªa.

Otro caso por el que Espa?a ha sido condenada tambi¨¦n se centra en el mal estado del acu¨ªfero del que vive Do?ana. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE data de junio de 2021 y pon¨ªa el foco en el mal uso del agua en el entorno del parque nacional. Aquella condena fue un primer aviso y la Comisi¨®n ha amagado en los dos ¨²ltimos a?os en un par de ocasiones con denunciar otra vez a Espa?a por lo mismo y, esta vez s¨ª, pedir sanciones. Lo hizo tras presentar en dos ocasiones el PP andaluz un proyecto de ley para regularizar cultivos ilegales en el entorno del parque. Finalmente, el Gobierno y la Junta cerraron un acuerdo por el que esa iniciativa para la legalizaci¨®n de regad¨ªos no se aprobar¨¢.

El vertido incontrolado de residuos, la contaminaci¨®n por nitratos y la falta de mapas de ruidos son otros de los casos que contin¨²an activos y que sit¨²an a Espa?a como el pa¨ªs europeo con m¨¢s infracciones a las normas medioambientales al cierre de este 2023.

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