Sin miedo a hacerlo bien

Nuestra Carta Magna obliga a los poderes p¨²blicos a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, con este fin, impedir el aumento especulativo de su precio mediante la regulaci¨®n del uso del suelo. A pesar de este claro mandato constitucional, los precios de la vivienda en propiedad est¨¢n en las grandes ciudades y sus conurbaciones en niveles imposibles, similares a los registrados durante la burbuja inmobiliaria. El alquiler tampoco es una alternativa, pues su fuerte crecimiento hace tiempo que dej¨® de estar vinculado al de los salarios y un rentismo extractivista succiona como un par¨¢sito sin fondo muchos de los esfuerzos del gobierno o las organizaciones sindicales para mejorar el poder de compra de los hogares. Este grave problema golpea el coraz¨®n de una ciudadan¨ªa que no encuentra soluci¨®n en unos poderes pol¨ªticos que parecen atenazados. Al menos una parte del gobierno de coalici¨®n parece tener miedo a ¡°hacerlo bien¡±, pues ello implica coger el toro por los cuernos y abandonar la zona de confort donde es f¨¢cil escurrir el bulto hacia los gobiernos auton¨®micos que tienen las competencias de vivienda y mayoritariamente est¨¢n gobernadas por el Partido Popular. Pero aun siendo cierta la deserci¨®n de los gobiernos auton¨®micos, no lo es menos que el Gobierno central puede y debe hacer mucho m¨¢s de lo que ha hecho hasta ahora, que el tiempo corre en contra y que est¨¢ siendo muy lento el cambio de mentalidad en los responsables del ramo cuando las soluciones a desarrollar son bien conocidas, pues no son otras que las que ya han tenido ¨¦xito en otros pa¨ªses.

La clave es convertir la vivienda en una infraestructura p¨²blica m¨¢s de acceso asequible y no enajenable o descalificable, como en el pasado se hizo con la sanidad p¨²blica, una parte de la educaci¨®n o las infraestructuras de transporte, h¨ªdricas, energ¨¦ticas y de telecomunicaciones. Esto a su vez abaratar¨¢ el parque de viviendas privadas de la misma manera que la universalidad y la calidad de la sanidad p¨²blica ha rebajado los precios de la sanidad privada. La tarea puede parecer en principio tit¨¢nica y solo realizable a largo plazo, pero nada m¨¢s lejos de la realidad. Solo requiere de voluntad pol¨ªtica y sacar a los intereses privados de la ecuaci¨®n, tanto los de las inmobiliarias privadas, que encarecen el precio de la vivienda y ponen en claro riesgo la permanencia de su protecci¨®n p¨²blica (como lo demuestran los millones de VPOs que se han construido bajo su paraguas y que han terminado todas en el mercado especulativo), como el resto de los intereses ligados a la generaci¨®n de plusval¨ªas a cargo del Estado (recu¨¦rdese la operaci¨®n Chamart¨ªn en Madrid). Desgraciadamente, el Ministerio de Vivienda sigue reincidiendo en este modelo fracasado y subordinado a los intereses privados, v¨¦ase el Programa Vive operado por inmobiliarias privadas o su negativa a gravar a las viviendas tur¨ªsticas. Sin cambiar el enfoque, tampoco una empresa p¨²blica va a solucionar el problema. Se necesita cambiar la forma de pensar y poner en el centro de la discusi¨®n que el sector p¨²blico es rico en los dos insumos clave para solucionar el problema: suelo y financiaci¨®n abundante y barata. Y que el Estado debe ser promotor directo de las viviendas que con ellos se construyan.

Hay mucho suelo p¨²blico disponible en la Administraci¨®n Central (ADIF, SAREB, SEPEs, Ministerio de Defensa, etc.), comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos. Y en los pr¨®ximos Presupuestos Generales del Estado se puede crear un fondo de 40.000 millones redirigiendo cr¨¦ditos blandos de la Adenda del plan de recuperaci¨®n, para impulsar la creaci¨®n de un gran parque de vivienda p¨²blica de alquiler asequible y al que acceder¨ªan empresas p¨²blicas estatales, comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos y que estar¨ªa condicionado al cumplimiento de hitos y condiciones, como, por ejemplo, que las viviendas no se pudieran descalificar. El fondo se emplear¨ªa, en primer lugar, en movilizar las viviendas vac¨ªas mediante agencias p¨²blicas de alquiler seguro, garantizado y asequible. Y, en segundo lugar, en construir a trav¨¦s de inmobiliarias p¨²blicas viviendas en zonas tensionadas donde la movilizaci¨®n de vivienda vac¨ªas sea insuficiente. Si toda la financiaci¨®n se destinara a este fin, se podr¨ªan construir hasta 500.000 viviendas, cuyo alquiler ascender¨ªa a 400 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados que, a su vez, permitir¨ªan devolver la financiaci¨®n y pagar su mantenimiento. Es el momento de la audacia como la que puso en pr¨¢ctica el ministro Ernest Lluch a mediados de los ochenta cuando universaliz¨® la sanidad p¨²blica. Resistir, escurrir el bulto o quedarse quietos no levantar¨¢ a los ciudadanos de sus sillones el d¨ªa de las elecciones. Es el momento de actuar sin miedo al fracaso. Los ciudadanos premian a los que encaran los retos y asumen riesgos.

Carlos Mart¨ªn Urriza es portavoz de Econom¨ªa y Hacienda del GP Sumar