La enmienda de los empresarios a la reducci¨®n de jornada apela a su posible inconstitucionalidad

Los once meses de negociaciones en el di¨¢logo social destinados a articular legalmente el compromiso del Gobierno de coalici¨®n de reducir la jornada laboral m¨¢xima legal de 40 a 37,5 horas semanales no han sido suficientes para llegar a un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. Muy al contrario, los empresarios han rechazado de plano la medida y han enmendado punto por punto el anteproyecto de ley para la reducci¨®n de la duraci¨®n m¨¢xima de la jornada. Lo han hecho en un duro documento de medio centenar de p¨¢ginas que han registrado en la Direcci¨®n General de Trabajo y donde apelan directa y reiteradamente a la ¡°inconstitucionalidad¡± del recorte del tiempo de trabajo promovido por la vicepresidenta, Yolanda D¨ªaz.

La dureza del texto radica en las numerosas ocasiones en las que los t¨¦cnicos de CEOE y Cepyme arremeten tanto contra el contenido en s¨ª de la medida como en la forma en la que ha sido abordada por los responsables del Ministerio de Trabajo en estos meses de conversaciones. ¡°Lamentablemente, la acci¨®n pol¨ªtica viene promoviendo la desnaturalizaci¨®n del di¨¢logo social, convirtiendo el principal mecanismo generador de consenso sociales duraderos y de estabilidad regulatoria en una mera herramienta de comunicaci¨®n pol¨ªtica al servicio de los anuncios del Ministerio de turno¡±, se quejan los empresarios en el texto.

En concreto, califican estos once meses de negociaciones de ¡°reuniones ficticias al servicio de los intereses medi¨¢ticos del Ministerio de Trabajo, sin que haya sido posible desarrollar una negociaci¨®n que respete los principios constitucionales¡±, a?aden. As¨ª, en varias ocasiones a lo largo del documento de alegaciones, CEOE y Cepyme consideran inconstitucional tanto la forma del di¨¢logo, por parte de Trabajo, como la propia reducci¨®n de la jornada, en este ¨²ltimo caso, por ¡°no respetar el contenido esencial del derecho a la negociaci¨®n colectiva¡±.

Y es que, desde el minuto uno, los empresarios han pedido que la aplicaci¨®n de cualquier recorte de jornada se produjera cuando terminara la vigencia de los actuales convenios colectivos, en muchos de los cuales se han pactado m¨¢s de 37,5 horas semanales en c¨®mputo anual. Incluso niegan la mayor: ¡°Cualquier intento de regulaci¨®n legal de la jornada de trabajo pactada invade el ¨¢mbito propio, protegido, del derecho a la negociaci¨®n colectiva y debe considerarse lesivo y en este caso, del anteproyecto de ley, inconstitucional¡±. Sin embargo, en el seno de la patronal no se han planteado todav¨ªa dar el paso formal de buscar un recurso de inconstitucionalidad de la futura norma.

A lo largo de este medio centenar de p¨¢ginas, los empresarios utilizan, para referirse a la acci¨®n de Trabajo, verbos como ¡°invadir¡±, ¡°violentar¡±, ¡°dirigir¡±, ¡°colonizar¡± o ¡°intervenir¡± la autonom¨ªa de las partes que atribuye la Constituci¨®n a la patronal y a los sindicatos. Tambi¨¦n consideran que el borrador del anteproyecto de ley ¡°revela un profundo desconocimiento de la realidad socioecon¨®mica y laboral, proyectando una imagen decadente, deplorable y vergonzante de Espa?a¡±. Por el contrario, los empresarios recuerdan que en 25 Estados de la UE la jornada m¨¢xima est¨¢ fijada en 40 horas semanales. Y destacan un c¨¢lculo empresarial que ya trascendi¨® recientemente seg¨²n el cual, para tener un nivel de productividad similar a los pa¨ªses europeos, la jornada efectiva en Espa?a deber¨ªa estar en torno a 41,2 horas semanales.

En este punto, las patronales consideran que tal representaci¨®n de la realidad sociolaboral espa?ola ¡°es inadmisible desde una perspectiva jur¨ªdica, pol¨ªtica y sociol¨®gica, y exige su enmienda total¡±. Precisamente, es lo que hace la segunda parte de este documento, que incluye una correcci¨®n completa de todo el articulado del anteproyecto. As¨ª, reclaman desmontar totalmente la nueva regulaci¨®n del derecho a la desconexi¨®n propuesta por Trabajo y los sindicatos, asegurando que su redacci¨®n destila ¡°un exceso protector¡± que ¡°considera a los trabajadores menores de edad¡±.

Crecer¨¢ la conflictividad en los tribunales

Tambi¨¦n hacen una enmienda a la totalidad de los cambios que pretenden endurecer el registro horario, as¨ª como las sanciones a las empresas que incumplan esta obligaci¨®n de anotar la jornada diaria de sus empleados de forma digital e interoperable con la Inspecci¨®n de Trabajo. Auguran que este nuevo sistema ¡°incrementar¨¢ la litigiosidad y saturar¨¢ los juzgados¡±.

En el Ministerio de Trabajo el registro de estas alegaciones no ha sentado del todo bien, sobre todo porque los empresarios han esperado al fin de la negociaci¨®n del di¨¢logo social para presentar con este detalle sus propuestas. En la patronal aseguran que este proceder es el habitual con todos los anteproyectos de ley y por eso han proseguido su lucha contra esta medida al margen del di¨¢logo social y a trav¨¦s del tr¨¢mite burocr¨¢tico establecido. Argumentan, adem¨¢s, que el registro se produjo el d¨ªa 2 de enero porque las organizaciones empresariales no tuvieron conocimiento del detalle del articulado de esta norma hasta el 20 de diciembre a las 20:06, con un plazo de 7 d¨ªas para formular estas alegaciones. Adem¨¢s, este proceso se produjo de forma simult¨¢nea al tr¨¢mite de audiencia p¨²blica para los ciudadanos, lo que pod¨ªa modificar el texto original. Por todo ello, los empresarios acusan tambi¨¦n a Trabajo de vulnerar de forma clara el art¨ªculo 7 de la Constituci¨®n, que regula la actividad de los interlocutores sociales.