La generalidad del IRPF en jaque: riesgo de una pol¨ªtica impositiva miope

El impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) es uno de los pilares centrales de la tributaci¨®n progresiva en Espa?a. Desde una perspectiva distributiva este impuesto tiene un doble objetivo: garantizar la equidad vertical, de modo que quienes tengan una mayor capacidad econ¨®mica aporten proporcionalmente m¨¢s, y respetar la equidad horizontal, asegurando que los contribuyentes con la misma renta soporten una carga tributaria similar. Sin embargo, desde hace algunos lustros se ha consolidado un fen¨®meno que amenaza con erosionar estos principios: la creciente exclusi¨®n de contribuyentes del pago efectivo del impuesto. La exenci¨®n del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) y sus incrementos anuales es un ejemplo paradigm¨¢tico de este debate.

El problema de la exenci¨®n masiva de contribuyentes se ha agudizado hasta niveles alarmantes en los ¨²ltimos tiempos. Actualmente, cerca del 45% de los perceptores de renta del pa¨ªs no contribuyen en absoluto al IRPF, a pesar de presentar declaraci¨®n o soportar retenciones, lo que supone un quebranto del principio de generalidad. Esta creciente exenci¨®n de contribuyentes con suficiente capacidad econ¨®mica supone una p¨¦rdida de renta gravable claramente injusta, ya que se excluye del IRPF a quienes podr¨ªan y deber¨ªan contribuir. Y lo peor es que esta pr¨¢ctica se presenta como un acto de justicia distributiva, cuando en realidad ocurre lo contrario. La exenci¨®n de los incrementos de SMI distorsiona la carga tributaria, reduce la capacidad redistributiva del sistema fiscal y erosiona tanto la equidad como la sostenibilidad recaudatoria del IRPF.

El argumento esgrimido para justificar esta tendencia es, en apariencia, de car¨¢cter social: proteger a los contribuyentes con menor renta. Sin embargo, esta decisi¨®n esconde una falacia distributiva. La equidad no exige la exclusi¨®n de un grupo creciente de ciudadanos del impuesto, sino la aplicaci¨®n de un tipo impositivo acorde a su capacidad de pago. Todo ciudadano que reciba una renta por encima de un determinado umbral de subsistencia, normalmente por debajo del SMI, tambi¨¦n tendr¨¢ la obligaci¨®n de contribuir a sostener la res publica en los t¨¦rminos que recoja el IRPF. De lo contrario, se desvirt¨²a la funci¨®n redistributiva del IRPF y se genera una fractura fiscal entre los que contribuyen y los que no.

En los ¨²ltimos lustros, los incrementos del SMI han ido acompa?ados de medidas para eximir estos incrementos de renta del pago del IRPF, un error conceptual que atenta contra la l¨®gica del impuesto. Un aumento del SMI representa, por definici¨®n, un incremento de la capacidad econ¨®mica de quienes lo perciben y, por tanto, en un sistema tributario justo y eficiente este incremento de capacidad econ¨®mica deber¨ªa reflejarse en una mayor contribuci¨®n a las arcas del Estado en la cuant¨ªa que se derive del IRPF vigente. Declarar exentas las subidas de SMI no solo vulnera el principio de generalidad, sino que tambi¨¦n debilita la recaudaci¨®n y erosiona la equidad tanto vertical como horizontal del impuesto.

Las consecuencias de la exoneraci¨®n de los incrementos del SMI no son triviales. En primer lugar, supone una reducci¨®n de la base imponible que compromete la sostenibilidad recaudatoria del sistema impositivo y obliga a incrementar la presi¨®n fiscal del resto de declarantes, un grupo cada vez m¨¢s reducido. En segundo lugar, la falta de generalidad introduce distorsiones en el mercado laboral y genera incentivos perversos, especialmente para los ¡°contribuyentes-frontera¡±, aquellos cuya renta salarial se encuentre ligeramente por encima del nivel del SMI.

Para estos individuos, un peque?o aumento en su renta salarial les supone un salto impositivo abrupto, que desincentiva su mejora profesional y, en algunos casos, fomenta la econom¨ªa sumergida. Adem¨¢s, la exenci¨®n del SMI no solo tiene implicaciones fiscales, sino tambi¨¦n sociales. Al excluir a sus perceptores de cualquier contribuci¨®n al IRPF, se les estigmatiza al colocarles en una posici¨®n de ajenidad respecto al sostenimiento del Estado, proyectando la idea de que no participan en el esfuerzo colectivo que garantiza los bienes y servicios p¨²blicos. Esta situaci¨®n no solo erosiona la noci¨®n de corresponsabilidad fiscal, sino que tambi¨¦n puede reforzar una percepci¨®n de desigualdad entre quienes contribuyen y quienes quedan al margen del sistema, debilitando el sentido de comunidad y el compromiso con el sostenimiento del gasto p¨²blico. Un sistema tributario justo no solo debe ser equitativo en la distribuci¨®n de la carga que impone, sino tambi¨¦n en la integraci¨®n de todos los ciudadanos dentro de su marco de obligaciones y derechos.

El IRPF es una pieza clave del sistema tributario espa?ol y su viabilidad a largo plazo depende de la generalidad en su aplicaci¨®n. Mantener el actual esquema de exenciones masivas es un camino insostenible que erosiona la equidad y la eficiencia del impuesto. Corregir esta deriva no es una opci¨®n, sino una necesidad impostergable para garantizar la justicia fiscal y la sostenibilidad del modelo impositivo. Independientemente de donde provenga, un incremento de renta supone una mayor capacidad econ¨®mica que debe gravarse en los t¨¦rminos que establezca el IRPF en vigor. Por eso, las subidas del SMI deben pagar el IRPF que les corresponda.