Bruselas descarta cambios profundos en las normas sobre etiquetas verdes para las inversiones
Aunque la Comisi¨®n no reabrir¨¢ la ley sobre taxonom¨ªa medioambiental, como tem¨ªan Espa?a y otros pa¨ªses, limitar¨¢ su impacto para el 80% de las empresas

Las definiciones de qu¨¦ es una inversi¨®n empresarial verde y qu¨¦ no lo es se van a quedar a salvo del recorte simplificador que va a aplicar Bruselas a su agenda verde, seg¨²n los borradores de propuestas reguladoras que la Comisi¨®n Europea va a aprobar este mi¨¦rcoles y a los que ha tenido acceso EL PA?S. Esto no quiere decir que la denominada taxonom¨ªa verde, la clasificaci¨®n en la que se establece qu¨¦ inversiones se pueden considerar realmente que aportan a la lucha contra el cambio clim¨¢tico, vaya a salir intacta: las empresas obligadas a seguirla en sus informaciones sobre sostenibilidad se reducen mucho. Pero esta norma, que para sus defensores es ¡°una piedra angular de las finanzas sostenibles¡± de la UE, estar¨¢ exenta de cambios profundos, lo que supone una derrota para Alemania, salvo cambio de ¨²ltima hora, puesto que Berl¨ªn reclamaba un cambio.
En ese sentido, la intenci¨®n inicial de la Comisi¨®n parec¨ªa que era abrir esta regulaci¨®n que se aprob¨® en 2020. Cuando present¨® sus planes sobre la ¡°simplificaci¨®n administrativa¡± a comienzos de este mes, se?alaba que su t¨¢ctica pasaba por hacer cambios en ¡°los campos de los reportes de las finanzas sostenibles, la diligencia debida en sostenibilidad y la taxonom¨ªa¡±. A primera vista, pod¨ªa interpretarse que su intenci¨®n era tocar las normas que regulan cada uno de estos elementos. Pero finalmente el tercero se queda fuera, a tenor del ¨²ltimo borrador visto por este diario. Sin embargo, s¨ª hay una reducci¨®n muy sustancial por v¨ªa indirecta del n¨²mero de empresas que pueden verse potencialmente afectadas, ya que la propuesta ¡°¨®mnibus¡± excluye de los requisitos obligatorios de informaci¨®n sobre sostenibilidad a todas aquellas que no lleguen a 450 millones de euros de facturaci¨®n anual. Es decir, m¨¢s de un 80% de las empresas hasta ahora afectadas, seg¨²n el texto elaborado por la Comisi¨®n.
¡°Se necesita encontrar un equilibrio entre la generaci¨®n de datos y la reducci¨®n de la carga administrativa¡±, justifica el Ejecutivo comunitario en su propuesta. ¡°Los informes de sostenibilidad de grandes empresas con una media de m¨¢s de mil empleados son indispensables para comprender la transici¨®n a una econom¨ªa clim¨¢ticamente neutra¡±, asevera. No es el caso, sin embargo, de otras empresas m¨¢s peque?as, especialmente aquellas que, aunque son m¨¢s grandes que una pyme, no facturan m¨¢s de 450 millones de euros ni superan tampoco los mil empleados. Estas empresas, sostiene Bruselas, ¡°deber¨ªan poder ser capaces de divulgar la informaci¨®n (¡) de manera m¨¢s flexible¡±. En este sentido, concluye, ¡°la Comisi¨®n debe estar facultada para establecer normas que complementen el r¨¦gimen de informaci¨®n para las actividades que solo se ajustan parcialmente a la taxonom¨ªa¡±.
Bruselas lleva tiempo anunciando que va a crear una nueva categor¨ªa de empresas, mayores que una pyme y menores que una gran compa?¨ªa, a la que eximir de las obligaciones de las grandes corporaciones. Todav¨ªa no ha se?alado p¨²blicamente los criterios, que est¨¢ siendo de lo m¨¢s discutido tambi¨¦n en la preparaci¨®n de la propuesta a presentar este mi¨¦rcoles. De las cifras que aparecen en los borradores conocidos hasta ahora, puede deducirse que ese grupo de sociedades lo conformar¨¢n las que tienen una facturaci¨®n anual de entre 50 y 450 millones; y una plantilla de entre 250 y 1.000 empleados.
La promesa de una ambiciosa agenda de ¡°simplificaci¨®n¡± ¡ªen Bruselas se huye de la expresi¨®n desregulaci¨®n para evitar connotaciones negativas¡ª de la nueva Comisi¨®n Europea que pudiera afectar a los objetivos fijados durante la legislatura anterior contra el cambio clim¨¢tico, como una econom¨ªa neutra en emisiones de carbono en 2050, ha levantado suspicacias en bastantes sectores, no solo los m¨¢s puramente ecologistas. El Ejecutivo de la Uni¨®n siempre trata de calmar esos temores aclarando que no est¨¢ en sus planes rebajar esas metas. No obstante, s¨ª que parece que se van a reducir los controles y las sanciones previstas para su cumplimiento en el sector privado, lo que de alguna manera desincentiva poner en marcha estrategias para lograrlo. La Comisi¨®n asegura que ha consultado a todas las partes interesadas para sus propuestas. Pero parece haber escuchado m¨¢s atentamente a las empresas que a otros grupos.
Entre quienes han visto con recelos la agenda simplificadora est¨¢ el propio Gobierno de Espa?a que, m¨¢s concretamente, ha alertado del riesgo que conlleva tocar la taxonom¨ªa. La semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Sara Aagesen, y el ministro de Econom¨ªa, Carlos Cuerpo, enviaron una carta a los comisarios responsables del paquete ¨®mnibus, entre ellos tambi¨¦n la espa?ola Teresa Ribera (predecesora de Aagesen), estableciendo como l¨ªnea roja precisamente el no tocar el texto legal de la taxonom¨ªa, que calificaban de ¡°piedra angular del marco de finanzas sostenibles de la UE¡±.
El borrador de la propuesta comunitaria no ha hecho caso, sin embargo, a otra petici¨®n de Espa?a, que ped¨ªa que se mantuviera la obligatoriedad para todas las empresas, independientemente de su tama?o, de presentar los informes de sostenibilidad requeridos en la directiva sobre informaci¨®n corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en ingl¨¦s). Esa directiva, que entr¨® en vigor en 2023, aunque todav¨ªa no se ha desplegado completamente, s¨ª que se va a cambiar y es por esa v¨ªa indirecta por la que se saca a ocho de cada 10 empresas, seg¨²n c¨¢lculos de la Comisi¨®n. La nueva iniciativa propone que estos informes sean voluntarios para las empresas de menos de 450 millones de euros. No obstante, si optan por hacerlo, deber¨¢n seguir el m¨¦todo que plantea la taxonom¨ªa.
¡°Este planteamiento de inclusi¨®n voluntaria eliminar¨¢ por completo el coste que supone para las empresas el cumplimiento de las normas de informaci¨®n sobre taxonom¨ªa para las compa?¨ªas cuya facturaci¨®n neta no exceda los 450 millones de euros y que no aleguen que sus actividades est¨¢n asociadas a actividades econ¨®micas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista medioambiental con arreglo al reglamento sobre la taxonom¨ªa¡±, conf¨ªa Bruselas.
Uno de los temores que existen con los tres paquetes que ha anunciado la Comisi¨®n para reducir las cargas administrativas actuales de las empresas entre un 25% y un 35%, verdadero objetivo de esta agenda simplificadora, es que una vez lleguen a manos de los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE) se aprovechen para acabar con la estrategia de lucha contra el cambio clim¨¢tico desplegada en la legislatura anterior. Ese riesgo, apuntan fuentes de la Euroc¨¢mara, est¨¢ muy presente con la configuraci¨®n de fuerzas actual en ambas instituciones: en el Parlamento la ultraderecha, negacionista del calentamiento global pese a las evidencias cient¨ªficas, suma mayor¨ªa absoluta junto con el Partido Popular Europeo, que ya en los ¨²ltimos compases de la pasada legislatura empez¨® a mostrar su escepticismo con la agenda verde. En el Consejo de la UE (en decir, los Estados miembros) el dominio conservador es aplastante, y m¨¢s que lo ser¨¢ tras la victoria de los democristianos en las elecciones alemanas de este domingo.
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