Las juezas no quieren cobrar menos que ellos en Pa¨ªses Bajos

Las juezas ganan entre un 3,5% y un 10% menos por hora que los jueces en Pa¨ªses Bajos, y se han plantado. Dos togadas han denunciado este julio al Estado ante la junta neerlandesa de Derechos Humanos ¡ªel organismo que vela por su cumplimiento¡ª por discriminaci¨®n de g¨¦nero. Exigen el fin de la desigualdad salarial y piden una compensaci¨®n por las p¨¦rdidas econ¨®micas padecidas. En estos momentos, hay cerca de 2.700 jueces en activo, de los cuales m¨¢s de 1.620 son mujeres, y las diferencias afectan tambi¨¦n a los fiscales. En su caso, los varones pueden ingresar hasta un 5,4% m¨¢s que sus colegas femeninas, y el Ministerio de Justicia asegura que est¨¢ trabajando para cambiar el criterio que fija ahora los sueldos en la carrera judicial.

Esta declaraci¨®n ministerial sobre la brecha salarial no atiende directamente la solicitud de las juezas, que ya plantearon el problema en 2018. De ah¨ª que la Oficina Clara Wichmann haya apoyado la denuncia. Se trata de una fundaci¨®n que toma su nombre de una de las primeras abogadas de Pa¨ªses Bajos, nacida en 1885 y fallecida en 1922. Especializada en la igualdad de g¨¦nero y la mejora de la posici¨®n social y jur¨ªdica de las mujeres, afirma en un comunicado que ¡°la pol¨ªtica de remuneraciones a¨²n no se ha equilibrado¡±. ¡°El Estado tambi¨¦n se ha negado a compensar a las juezas y fiscales por la p¨¦rdida de ingresos¡±, sigue la nota. Las denunciantes dieron un plazo de dos semanas al ministerio antes de acudir a la Junta de Derechos Humanos, argumentando que la ley proh¨ªbe la desigualdad de retribuciones. ¡°Se calcula que esta brecha se cerrar¨¢ en 2086. Damos el paso no solo para las juezas y fiscales, sino para todas las ni?as y mujeres de Pa¨ªses Bajos, porque 2086 es demasiado tiempo¡±, aseveran.

Cada a?o, unos 130 jueces y 80 fiscales inician su formaci¨®n en Pa¨ªses Bajos. Despu¨¦s de graduarse en Derecho, para ser juez es necesario adquirir antes entre dos y seis a?os de experiencia laboral. Dos de estos han tenido que llevarse a cabo fuera del entorno judicial. A continuaci¨®n, y superada una rigurosa selecci¨®n, hay que seguir un curso especializado que debe aprobarse en el plazo de cuatro a?os como m¨¢ximo. Durante ese tiempo, los candidatos trabajan en un tribunal. Est¨¢n en pr¨¢cticas y cobran una mensualidad de entre 3.264 y 4.931 euros brutos. Y ah¨ª empiezan las diferencias. Este sueldo es calculado en funci¨®n del que se ganaba en el ¨²ltimo trabajo antes de acceder a las pr¨¢cticas judiciales, y la desigualdad existente en la sociedad se traslada a la judicatura. En 2022, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres ajustada en funci¨®n del tipo de trabajo, estudios y experiencia era de un 1,8% en el sector p¨²blico, y de un 6,9% en la comunidad empresarial, seg¨²n la Oficina Central de Estad¨ªstica. Tambi¨¦n se puede acceder a la judicatura con m¨¢s de seis a?os de experiencia laboral, o bien con 15 o 20 a?os de labor jur¨ªdica generalista.

En mayo pasado, 139 jueces, magistrados y jueces en pr¨¢cticas, presentaron un manifiesto donde exig¨ªan ¡°lo que est¨¢ en la ley desde hace 50 a?os: que hombres y mujeres cobren igual por el mismo trabajo¡±. Seg¨²n ellos, deber¨ªa haber un pago fijo para la carrera judicial, ¡°porque el actual m¨¦todo de clasificaci¨®n es inconstitucional¡±. Superadas las pr¨¢cticas, un juez en ejercicio puede ganar entre 4.000 y 10.000 euros brutos mensuales, para una semana de 36 horas y en funci¨®n del puesto y su antig¨¹edad, seg¨²n el portal de la judicatura. A partir de entonces ya no existe una diferencia significativa entre los salarios de varones y mujeres, seg¨²n una investigaci¨®n encargada en 2023 por el Ministerio de Justicia. De todos modos, la transici¨®n hacia la retribuci¨®n m¨¢s alta se realiza por etapas, y los que empezaron con una muy baja durante su capacitaci¨®n pueden tardar m¨¢s en conseguirla, se?ala Advocatie, una publicaci¨®n jur¨ªdica.

La Junta de Derechos Humanos es un organismo independiente que asesora al Gobierno y al Parlamento. Sus decisiones no son vinculantes, pero el peso de su influencia contribuye a garantizar que la legislaci¨®n los respete.

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