La lucha contra la corrupci¨®n en las empresas espa?olas tiene todav¨ªa bastantes ¨¢ngulos muertos

Espa?a y sus empresas combaten la corrupci¨®n y rechazan los sobornos transnacionales. La afirmaci¨®n es cierta; tan cierta como decir que Espa?a y sus empresas est¨¢n a favor de un aire m¨¢s limpio. Son verdades con letra peque?a. Espa?a suscribi¨® en 2000 el Convenio de la OCDE de lucha contra de la corrupcio?n de 1997; reform¨® el C¨®digo Penal en los a?os 2010 y 2015 para ajustar las responsabilidades de las personas jur¨ªdicas ¡ªlas empresas¡ª en las pr¨¢cticas corruptas y todas las grandes empresas, sin excepci¨®n, tienen departamentos internos dedicados a prevenir las malas pr¨¢cticas ¡ª¨¢reas de compliance¡ª. Pero hechos son hechos. Peri¨®dicamente afloran de forma lenta y pesada casos de corrupci¨®n transnacional que afectan a grandes compa?¨ªas. El ¨²ltimo, la multa de 80 millones de EE UU a la filial de Telef¨®nica en Venezuela para cerrar, con acuerdo de las partes, una investigaci¨®n sobre sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano en 2014.

Los informes de la OCDE sobre Espa?a destacan los avances en la lucha contra la corrupci¨®n empresarial de los ¨²ltimos a?os, pero tambi¨¦n desnudan la realidad. En 2022, la OCDE concluy¨® que ¡°desde que la Convenci¨®n de la OCDE contra el Cohecho Internacional entr¨® en vigor hace m¨¢s de 20 a?os, Espa?a ha condenado solo a dos personas en un caso de cohecho internacional, y no ha condenado a una sola empresa. Espa?a sigue cerrando casos prematuramente¡±. Desde entonces, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la situaci¨®n ha cambiado poco. A los condenados que mencionaba la OCDE hace dos a?os ¡ªdos empleados de la editorial Aplicaciones Pedag¨®gicas y Comercializaci¨®n Editorial que, seg¨²n la sentencia, sobornaron a un ministro de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial¡ª solo se ha a?adido otra condena: la del exdirector comercial de la empresa de armamento semip¨²blica Defex ¡ªliquidada en 2017¡ª por comisiones y sobornos en Camer¨²n.

Defex, absuelta como sociedad en el caso, arrastra todav¨ªa investigaciones por sus actuaciones en Angola y Arabia Saud¨ª. El caso de la empresa de armamento es uno de los m¨¢s notables de los ¨²ltimos a?os; forma parte de una significativa lista de compa?¨ªas espa?olas afectadas por investigaciones: Duro Felguera tambi¨¦n por sobornos en Venezuela ¡ª¡±el tema sigue su curso legal¡±, dicen en la empresa¡ª; FCC por sobornos en Panam¨¢; la p¨²blica Mercasa (2019) por pagos a funcionarios por contratos p¨²blicos en varios pa¨ªses de Am¨¦rica Latina u OHLA en M¨¦xico ¡ªla firma no ha dado detalles sobre el estado actual del caso¡ª. Otras investigaciones sobre grandes compa?¨ªas o sus filiales ¡ªIberdrola en EE UU o el consorcio constructor del AVE a La Meca¡ª se han cerrado sin consecuencias.

Pilar Otero, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, enumera algunas de las causas por las que no hay sentencias condenatorias por corrupci¨®n transnacional en Espa?a: la complejidad de los procedimientos, con multitud de piezas separadas; la regulaci¨®n deficiente; la dificultad de recabar pruebas y dudas en casos en los que puede haber habido ya sanci¨®n en origen. El resultado es un freno a los enjuiciamientos de estos delitos en Espa?a. Y culpables que no pagan. Otero apunta como ejemplo a la filial en Espa?a de Fresenius Medical Care, ¡°que realiz¨® pr¨¢cticas corruptas en Espa?a, a la que se le ha aplicado la FCPA [La Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero aprobada en EE UU en 1977], y, sin embargo, no ha sido enjuiciada en nuestro pa¨ªs¡±.

El combate contra la gran corrupci¨®n transnacional afecta sobre todo a ¨¢reas como Am¨¦rica Latina o ?frica y no ha tenido grandes logros en Espa?a. Podr¨ªa dar la falsa sensaci¨®n de que las empresas espa?olas no caen en la tentaci¨®n. Pero si se baja un poco el list¨®n y se pasa de la gran corrupci¨®n pol¨ªtico empresarial al fraude ¡ªdefinido como actos u omisiones, deliberados o imprudentes, que enga?an para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o evadir una obligaci¨®n¡ª, el mapa para Espa?a y sus empresas es preocupante.

El n¨²mero de empresas espa?olas sancionadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) est¨¢n aumentando, aunque sin demasiado ruido, porque los procedimientos se resuelven mayoritariamente a trav¨¦s de procesos negociados. En la conferencia titulada Fraude y corrupci¨®n en los proyectos multilaterales: perspectivas, retos y experiencias, celebrada en septiembre de 2022 y organizada por el Consejo General de la Abogac¨ªa, la Oficina Econ¨®mica y Comercial de la Embajada espa?ola en Washington, se detall¨® que Espa?a ocupa el puesto n¨²mero 22 de los pa¨ªses sancionados por el Banco Mundial, por n¨²mero de empresas. Y el cuarto en el caso del BID. En el mismo acto, Marlon Q. Paz, socio de Latham & Watkins, remach¨®: ¡°En las sanciones por fraude, Espa?a es uno de los m¨¢s frecuentes, de los pa¨ªses desarrollados es el n¨²mero uno¡±.

Los datos no son para presumir, aunque hay margen para el optimismo. Jose F. Zamarriego, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Compliance (Ascom), as¨ª lo cree. ¡°Hay una gran sensibilizaci¨®n [en las empresas]; se est¨¢ evolucionando mucho y bien. Las personas jur¨ªdicas cada vez son m¨¢s conscientes de la necesidad de implementar sistemas de gesti¨®n de compliance y los tribunales se van pronunciando; van ayudando a clarificar situaciones¡±.

M¨¢s formal que efectivo

Para Orencio V¨¢zquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), la botella no est¨¢ precisamente llena. ¡°Las empresas han adoptado pol¨ªticas de cumplimiento, pero estas, en muchos casos, son m¨¢s formales que efectivas y dejan margen a la corrupci¨®n¡±. ¡°A pesar de las reformas legislativas y la inclusi¨®n de la responsabilidad jur¨ªdica de las empresas, la persecuci¨®n de delitos fuera de Espa?a ha sido m¨ªnima¡±. V¨¢zquez hace, adem¨¢s, un pron¨®stico con posibilidades de acertar. ¡°[Casos de corrupci¨®n] se han producido, se est¨¢n produciendo y se seguir¨¢n produciendo en el futuro¡±.

Aparentemente, la lucha contra la corrupci¨®n funciona, pero conviene mirar detr¨¢s de la cortina. Haz Fundaci¨®n, constituida en 2007 para impulsar el buen gobierno, elabora un ranking anual sobre la actividad de compliance de las grandes empresas ¡ªprevenci¨®n, gesti¨®n, control, y reacci¨®n de riesgos operativos y legales¡ª. La lista de 2024 es interesante. Haz Fundaci¨®n distingue entre empresas transparentes ¡ªmuestran todo¡ª, transl¨²cidas ¡ªhay luz pero no hay detalles¡ª y opacas. Su conclusi¨®n: la mayor¨ªa de las firmas del Ibex 35 (66%) son consideradas transl¨²cidas en sus pr¨¢cticas de compliance; el 23%, transparente, y un 11%, opaco. Queda mucho trabajo por hacer. ¡°Se ha avanzado¡±, explica Javier Mar¨ªn Cavanna, director de la fundaci¨®n, ¡°pero hay un margen de mejora muy importante, porque la legislaci¨®n en estos temas es relativamente reciente¡±.

Fuentes de uno de los bufetes de asesoramiento legal a grandes corporaciones m¨¢s afamado de Espa?a a?aden otro detalle importante: la presi¨®n que ha supuesto la reforma del C¨®digo Penal ha durado unos a?os, pero o se actualizan los cambios, o la presi¨®n se desvanecer¨¢. Es algo negativo para el conjunto de la sociedad porque cuesta dinero, aunque no est¨¢ claro cu¨¢nto. En Espa?a, el coste estimado de la corrupci¨®n se sit¨²a entre 60.000 y 90.000 millones anuales, entre el 4% y el 6% del PIB. La cifra se basa en informes de la Comisi¨®n Europea y ONG especializadas, como Transparency International y Corporate Europe Observatory. A estas alturas, al menos, est¨¢ claro que el consejero delegado de General Motors Charles Erwin Wilson ¡ªluego secretario de Defensa con Eisenhower¡ª nunca tuvo raz¨®n: lo que es bueno para General Motors no siempre es bueno para EE UU.