El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educaci¨®n concertada

El Ministerio de Educaci¨®n se dispone a abrir la negociaci¨®n con las patronales de los colegios concertados para actualizar los fondos que estos centros privados reciben del Estado. El ministerio pretende cumplir con ello la previsi¨®n contenida en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020, que contempla dicha revisi¨®n. El primer paso, explica a EL PA?S el secretario de Estado de Educaci¨®n, Abelardo de la Rosa, consistir¨¢ en establecer de forma objetiva cu¨¢l es ¡°el coste real del servicio educativo¡± que presta la ense?anza concertada, y a partir de ah¨ª se proceder¨¢ a recalcular las partidas que reciben los centros. Ambas partes asumen que ello implicar¨¢ m¨¢s dinero. Educaci¨®n espera, en paralelo, un compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisi¨®n y gratuidad real de la escuela concertada, es decir, en la eliminaci¨®n de las cuotas obligatorias que cobra buena parte de ellos.

Se trata de un tema delicado por varias razones. Una parte importante de los defensores de la escuela p¨²blica, cercanos pol¨ªticamente al Gobierno, son tambi¨¦n partidarios de eliminar o, al menos, de reducir el peso de la educaci¨®n concertada, de modo que un paso en el sentido contrario, aumentando los fondos p¨²blicos, generar¨¢ muy probablemente rechazo. Los colegios concertados, adem¨¢s, recaudan una gran cantidad de dinero en cuotas al margen de la ley. EsadeEcPol lo estim¨® en 1.000 millones al a?o en un informe publicado en abril. Como consecuencia de ello y de otras t¨¢cticas para seleccionar a los estudiantes en los procesos de admisi¨®n que utilizan buena parte de los centros, Espa?a presenta la mayor brecha socioecon¨®mica entre el alumnado de centros p¨²blicos y concertados del mundo desarrollado, seg¨²n advirti¨® Save the Children en un informe publicado en septiembre. De ah¨ª que el ministerio quiera ¡°analizar en profundidad¡± la cuesti¨®n de las cuotas y los procesos de admisi¨®n en la educaci¨®n concertada, que matricula a un 29% de los estudiantes. La p¨²blica acoge al 67% y la privada sin subvencionar, al 4%.

La disposici¨®n adicional n¨²mero 29 de la Lomloe se?ala: ¡°En el seno de la Conferencia Sectorial se constituir¨¢ una comisi¨®n, en la que participar¨¢n las organizaciones empresariales y sindicales m¨¢s representativas en el ¨¢mbito de la ense?anza privada concertada, para el estudio de la cuant¨ªa de los m¨®dulos de concierto que valore el coste total de la impartici¨®n de las ense?anzas en condiciones de gratuidad. Sus conclusiones deber¨¢n incorporarse en el plan de incremento del gasto p¨²blico¡± que la misma ley prev¨¦ desarrollar. Los conciertos se componen de tres elementos que pagan las administraciones. Uno integrado por el sueldo de los docentes y los pagos a la seguridad social. Otro que incluye los complementos salariales (como la antig¨¹edad), las sustituciones, y el sueldo de los directores. Y un tercero, de funcionamiento, que incluye costes como el del personal de administraci¨®n y servicios, el mantenimiento y la conservaci¨®n de los centros.

Estudios como los de Esade y Save the Children concluyen que la educaci¨®n concertada est¨¢ infrafinanciada ¨Den l¨ªnea con lo que reclaman las patronales del sector, las m¨¢s importantes de las cuales son Escuelas Cat¨®licas y Cece¨D, es decir, que las cantidades que reciben no cubren el coste del servicio educativo. Pero ambos informes contienen matices importantes. El primer informe, basado en estad¨ªsticas del INE, limita dicha infrafinanciaci¨®n al 38% de los centros concertados. Y advierte que, al mismo tiempo, entre un 15% y un 17% de colegios (seg¨²n la etapa educativa) no solo est¨¢n bien financiados por el Estado, sino que cobran cuotas a las familias por conceptos que superan claramente el coste de los servicios mientras reciben de las arcas p¨²blicas 1.250 millones de euros al a?o. El informe concluye que retirarles los conciertos por incumplir la legislaci¨®n permitir¨ªa a las administraciones cubrir sobradamente lo que se deber¨ªa pagar a los centros infrafinanciados para que dejaran de estarlo: 240 millones de euros. El informe de Save the Children plantea, por su parte, vincular la mejora de la financiaci¨®n p¨²blica de los colegios concertados al porcentaje de alumnado en situaci¨®n de vulnerabilidad socioecon¨®mica que acoja cada centro, como una forma de atajar la gran segregaci¨®n por motivo de renta que se da entre dicha red escolar y la p¨²blica.

¡°El ministerio, y el resto de administraciones, tienen la obligaci¨®n de garantizar el derecho a la educaci¨®n, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminaci¨®n y de atender a una adecuada y equilibrada distribuci¨®n entre los centros escolares del alumnado con necesidad espec¨ªfica de apoyo educativo. La concertada no puede ser un instrumento de segregaci¨®n del alumnado¡±, afirma el n¨²mero dos de Educaci¨®n citando la Lomloe. Y las cuotas, a?ade De la Rosa, son ¡°un obst¨¢culo para garantizar la escolarizaci¨®n en estos centros sin que se discrimine al alumnado con menos posibilidades econ¨®micas¡±.

Cuatro d¨¦cadas sin funcionar

El actual modelo de educaci¨®n concertada se cre¨® a mediados de los a?os ochenta bajo la premisa de que, a cambio de ser subvencionados por el Estado, los centros privados ofrecer¨ªan ense?anza gratuita y no discriminar¨ªan al alumnado en la escolarizaci¨®n. Algo que no ha ocurrido. El informe de Esade, elaborado por Lucas Gortazar, ?ngel Mart¨ªnez y Xavier Bonal, se?ala que el incumplimiento del mandato original se ha mantenido hasta ahora debido a la existencia de un equilibrio que ofrec¨ªa a los implicados pocos incentivos para cambiar. La administraci¨®n se ahorraba dinero pagando menos de lo que supondr¨ªa cubrir todo el servicio educativo (aunque, seg¨²n los autores, la infrafinanciaci¨®n solo afecta al 38% de los colegios); los centros ten¨ªan una excusa para cobrar dinero a las familias sin que los poderes p¨²blicos persiguieran dicha pr¨¢ctica ilegal, y una parte de las familias consegu¨ªan ¡°acceder a centros con mayor selecci¨®n social¡± (es decir, en muchos casos, sin pobres ni migrantes) ¡°a cambio de pagar lo que para muchas es un modesto copago¡±. Menor en todo caso de lo que les costar¨ªa llevar a sus hijos a centros privados sin subvencionar, como denuncia la patronal de estos ¨²ltimos, Cicae.

Mejorar la financiaci¨®n puede ayudar, como apuntan Esade y Save the Children, a que los concertados dejen de cobrar cuotas y usar tretas para seleccionar al alumnado (por ejemplo, dando prioridad en la matr¨ªcula a los hijos de antiguos alumnos o a los ni?os que han asistido a etapas no gratuitas, como el 0-3, de la misma empresa o de otra con la que hayan establecido acuerdos). Pero lograr un compromiso as¨ª no ser¨¢ f¨¢cil. Para empezar porque su supervisi¨®n requerir¨ªa, en principio, la implicaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Y la mayor parte de ellas est¨¢n ahora gobernadas por el PP, un partido que no se ha caracterizado por vigilar a la concertada, sino por favorecerla en detrimento de la p¨²blica.