Un campus privado de Santander fracasa en su intento de frenar la criba de calidad universitaria

El Tribunal Supremo ha desestimado en su totalidad el recurso contencioso-administrativo planteado por la Fundaci¨®n Universidad Europea del Atl¨¢ntico (Uneatl¨¢ntico), una instituci¨®n privada y con sede en Santander, contra el Decreto de creaci¨®n, reconocimiento y autorizaci¨®n de universidades y la condena a pagar las costas, hasta un m¨¢ximo de 3.000 euros. La sentencia no puede ser recurrida. Es decir, la Europea del Atl¨¢ntico no ha logrado parar el decreto del ministro Manuel Castells que obliga a los campus a cumplir unos criterios m¨ªnimos de calidad para poder considerarse universidad: plantilla (50% doctor), el n¨²mero de alumnos (masa cr¨ªtica razonable para actuar como una universidad, no un colegio), titulaciones (un m¨ªnimo de 10 carreras, seis posgrados y dos programas de doctorado), ramas de conocimiento (tres de las cinco) o el porcentaje del presupuesto que dedican a investigaci¨®n (al menos un 5% del total).

Cuando en octubre de 2020 se conoci¨® el borrador del decreto, la conferencia de rectores (CRUE) lo celebr¨® ¨D¡°No se trata de cerrar universidades ni de frenar la creaci¨®n de nuevas, sino de que todas cuenten con unos requisitos m¨ªnimos¡±, afirm¨® en un comunicado¨D, pero en Uneatl¨¢ntico cay¨® como un jarro de agua fr¨ªa. Las instituciones tienen cinco a?os ¨Ddesde julio de 2021¨D para cumplir con lo exigido en el texto. Si no lo hacen, los gobiernos auton¨®micos deber¨¢n comenzar el proceso para su clausura. ¡°Los chiringuitos no podr¨¢n ser universidad¡±, volvi¨® a insistir Joan Subirats en una entrevista en este diario poco despu¨¦s de hacerse cargo del Ministerio de Universidades en sustituci¨®n de Castells.

En octubre de 2021, Uneatl¨¢ntico, con ense?anzas presenciales y a distancia y muy orientada a Am¨¦rica Latina, recurri¨® el decreto. Junto a otros siete u ocho campus, la instituci¨®n c¨¢ntabra se encuentra en el listado que el Ministerio de Universidades elabor¨® sobre los centros con m¨¢s problemas para adaptarse al decreto, seg¨²n reconocen fuentes internas a este diario.

El Supremo critica a la universidad: ¡°Dedica m¨¢s de la mitad de su muy extenso escrito de demanda a hacer un discurso extremadamente gen¨¦rico sobre la improcedencia de regular en un mismo texto reglamentario las universidades p¨²blicas y las privadas [...], a glosar la importancia del reconocimiento de la autonom¨ªa universitaria en el art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n, y a se?alar que con respecto a las universidades privadas tambi¨¦n son relevantes la libertad de empresa y la libertad de establecimiento¡±.

El alto tribunal responde a estos argumentos con dureza: ¡°Pretender que las universidades privadas operen en el vac¨ªo regulatorio resulta manifiestamente insostenible¡±. Y considera que, con la demanda, ¡°la universidad se limita a expresar sus preferencias subjetivas¡±.

El Supremo sostiene que las universidades privadas ¨D37 en activo y otras tres autorizadas, pero sin clases a¨²n¨Dno pueden tener un r¨¦gimen jur¨ªdico sustancialmente diferente al de las universidades p¨²blicas (50). Entiende que se inauguren ¡°entidades que operen en la pura esfera privada, tales como academias de lenguas o de preparaci¨®n de concursos, sociedades de amigos del pa¨ªs, escuelas libres de em¨¦ritos¡±, pero respalda la idea de que, si se pretende ser una universidad, aunque sea privada, hay que ¡°satisfacer las exigencias que el ordenamiento jur¨ªdico impone a estas¡±.

En marzo de 2021, Rub¨¦n Calder¨®n, rector de la Europea del Atl¨¢ntico ¨Dcon 4.000 alumnos de grado y m¨¢ster y otros 10.000 de t¨ªtulos propios¨D, expres¨® en este diario que el decreto iba a ¡°marcar tendencias¡±, pero no se iba a aplicar tal cual. ¡°El ministerio puede decir c¨®mo debe ser un grado o el m¨¢ximo de alumnos que puede tener, pero no inmiscuirse en el porcentaje de alumnos totales de la universidad. Porque eso atenta contra la libre concurrencia¡±.

El Gobierno de Cantabria, entonces en manos del PP, aprob¨® en 2013 la creaci¨®n de Uneatl¨¢ntico, impulsada por la Fundaci¨®n Universitaria Iberoamericana (Funiber), sin el visto bueno del Ministerio de Educaci¨®n, comandado entonces por Jos¨¦ Ignacio Wert, del mismo partido. Result¨® pol¨¦mico, pues el consejero Miguel ?ngel Serna compar¨® la creaci¨®n de esta universidad con la libertad de abrir una pescader¨ªa.

El ¨²ltimo informe del departamento, de 2013, sobre la nueva universidad ya auguraba los problemas a los que se enfrenta: se?alaba falta de profesores doctores y dec¨ªa que su oferta ¡°no constituye desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance cient¨ªfico, sino que incorpora ense?anzas consolidadas¡± y ¡°tampoco se da respuesta a necesidades de los distintos sectores profesionales, dado que el mercado laboral se encuentra suficientemente atendido¡±.

El decreto de Universidades no es excesivamente exigente (a juicio de la comunidad universitaria), pero solo lo cumplen en su totalidad 18 de las 81 instituciones (el 22%) analizadas en el riguroso informe ?A qu¨¦ puede llamarse universidad?, del Observatorio del Sistema Universitario. En el caso de los campus p¨²blicos, falla la precariedad laboral (cumplen el resto) y en los privados, la falta de actividad investigadora o el grado de formaci¨®n del profesorado, entre otros requisitos.

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