La familia del hombre en coma por una operaci¨®n de nariz desmonta el campamento en el que viv¨ªa

Hoy se cumple el d¨ªa 522 en la calle, en la plaza Jacinto Benavente de Madrid, dos d¨ªas despu¨¦s de que el Tribunal Supremo les diese la raz¨®n despu¨¦s de dos d¨¦cadas de pleitos judiciales, la familia de Antonio Me?o, de 42 a?os y en estado vegetativo desde una operaci¨®n de nariz en 1989, ha decidido abandonar su protesta p¨²blica y ha vuelto a su casa de M¨®stoles, embargada desde que el Supremo conden¨® a la familia en 2008 a pagar los costes judiciales de la parte demandada, la cl¨ªnica Nuestra Se?ora de Am¨¦rica y el anestesista de la operaci¨®n, a los que denunciaron durante todo este tiempo como responsables de una negligencia que dej¨® en coma a su hijo Antonio.

Los padres de Me?o, Juana y Antonio, 65 y 66 a?os, empezaron a sacar sus b¨¢rtulos sobre las once de la ma?ana rodeados del ambiente de los ¨²ltimos d¨ªas: los habituales de la plaza Jacinto Benavente, peatones, mujeres de la calle y hombres ociosos m¨¢s las unidades m¨®viles de televisi¨®n y las decenas de periodistas que los han seguido durante su batalla en la calle. La familia ha vuelto a su casa (sobre la que ha dejado de pesar el embargo) en M¨®stoles con su hijo Antonio, al que han trasladado en una cama dentro de una furgoneta. A su llegada, sus vecinos han aplaudido.

El pasado mi¨¦rcoles, el Supremo anul¨® las sentencias anteriores de este caso gracias a un nuevo testigo, el doctor Ignacio Frade, que estuvo como aprendiz en el quir¨®fano y vio c¨®mo, al final de operaci¨®n, las constantes del paciente se alteraron en ausencia del anestesista. Este tard¨® cinco minutos en volver al quir¨®fano tras ser avisado y entonces se dio cuenta de que el tubo de respiraci¨®n hab¨ªa estado desconectado durante la intervenci¨®n, por lo que Me?o hab¨ªa ido perdiendo ox¨ªgeno hasta sufrir la lesi¨®n cerebral que lo dej¨® postrado para siempre. La nueva sentencia del Supremo permite reabrir la causa a instancia de las partes y exime a la familia de Me?o de pagar 400.000 euros en concepto de costas judiciales.