Una deuda pendiente
En Chile, el aborto terap¨¦utico fue legal desde 1931 hasta 1989, a?o en el que la dictadura de Pinochet lo prohibi¨®, por lo que el avance de la despenalizaci¨®n ser¨ªa el regreso al pasado
Hace dos semanas, el parlamento chileno aprob¨® la ley que despenaliza el aborto en las circunstancias m¨¢s extremas: cuando hay riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal o cuando el embarazo es resultado de violaci¨®n. Con esta decisi¨®n y por iniciativa de la presidenta Bachelet, Chile intenta salir de la vergonzosa lista de pa¨ªses que penalizan de manera absoluta la interrupci¨®n del embarazo en la regi¨®n ¨CEl Salvador, Nicaragua, Rep¨²blica Dominicana y Malta¨C, en medio de un debate que no ha sido nada pac¨ªfico y que aun no ha llegado a su final. Esta semana le corresponde a los 10 ministros del Tribunal Constitucional determinar si la despenalizaci¨®n de estas causales est¨¢ acorde con la Constituci¨®n antes de que la nueva regulaci¨®n pueda aprobarse y promulgarse oficialmente como ley. El fallo tendr¨¢ un impacto real en la vida de las ni?as, adolescentes y mujeres chilenas, y otro simb¨®lico en la defensa de los derechos humanos de la mujeres, mucho m¨¢s all¨¢ de sus fronteras.
Aunque siempre genera pol¨¦mica, el debate sobre el aborto ha logrado encontrar su lugar en los debates constitucionales de las democracias modernas. En algunos casos los tribunales reconocen que la constituci¨®n impone un mandato de protecci¨®n a la vida prenatal pero se cuestiona la eficacia del derecho penal en la prevenci¨®n de los abortos y se propone en su lugar promover la educaci¨®n sexual, la anticoncepci¨®n y el acceso a los servicios sociales por parte de las mujeres embarazadas en situaci¨®n de vulnerabilidad. En otros, los jueces hacen una ponderaci¨®n entre los derechos de la mujer gestante y la protecci¨®n de la vida humana desde la concepci¨®n, entendiendo que la protecci¨®n del feto es incremental y que solo adquiere salvaguarda plena en el momento del nacimiento. Y en otros m¨¢s, el ¨®rgano de control constitucional enfatiza la necesidad de garantizar la dignidad y autonom¨ªa de las mujeres como individuos plenos que son un fin en s¨ª mismo y no m¨¢quinas reproductivas al servicio de la especie humana.
El debate sobre el aborto ha encontrado su lugar en los debates constitucionales de las democracias modernas
Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, existe consenso en que la penalizaci¨®n total del aborto constituye una violaci¨®n a los derechos humanos, y de que el derecho a optar por un aborto y a contar con los servicios de salud para tenerlo de manera digna y segura debe estar disponible al menos en los casos m¨¢s extremos. As¨ª lo han afirmado los m¨¢s diversos organismos del mundo de los derechos humanos: desde los dedicados a proteger los derechos de la mujer, hasta los encargados de garantizar los derechos de la ni?ez, e incluyendo el Comit¨¦ de Derechos Humanos, el Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos Sociales y Culturales, el Relator contra la tortura, el Relator del derecho a la salud, y los sistemas de protecci¨®n derechos humanos europeo, africano e interamericano.
En Chile, el aborto terap¨¦utico fue legal desde 1931 hasta 1989 cuando se prohibi¨® totalmente por parte de la dictadura de Augusto Pinochet con el argumento de proteger la vida humana desde la concepci¨®n, por lo cual es dif¨ªcil calificar este regreso al pasado como un avance, pero sin duda s¨ª es una deuda que tiene la democracia con las mujeres y ni?as chilenas.
Existe consenso en que la penalizaci¨®n total del aborto constituye una violaci¨®n a los derechos humanos
Los 10 ministros del Tribunal Constitucional ¨Cmuchos de ellos formados en universidades espa?olas¨C deben saber que su quehacer est¨¢ en la mira de la comunidad internacional y de la academia legal transnacional. Frente a ellos tienen un debate legislativo de m¨¢s de dos a?os de duraci¨®n que democr¨¢ticamente decidi¨® permitir el aborto en este m¨ªnimo de indicaciones, una opini¨®n p¨²blica que apoya con m¨¢s del 70% los cambios hechos al c¨®digo penal, una larga lista de argumentos de derecho penal, derecho constitucional y derechos humanos que rechazan la penalizaci¨®n total y que no pueden ignorar, y una realidad que exige soluciones, como las m¨¢s de 850 ni?as entre los 10 y los 14 a?os que, seg¨²n el Ministerio de Salud, no tienen otra opci¨®n que dar a luz cada a?o. La vida de todas estas ni?as y muchas mujeres m¨¢s, est¨¢ en sus manos.
M¨®nica Roa es abogada especialista en cambio social.
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