Los misteriosos apagones en Internet cuando se protesta
Internet Sans Fronti¨¨res ha estudiado el respeto a los derechos humanos de las empresas l¨ªderes en telecomunicaciones en Senegal y Kenia
En lo que va de a?o se han documentado en ?frica cortes de Internet, al menos, en Camer¨²n, en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo y en Chad. En todos los casos, los apagones han coincidido con protestas en las calles. Se trata de una circunstancia sobre la que incluso las Naciones Unidas han llamado la atenci¨®n, recordando que el acceso a un Internet libre y seguro tiene la consideraci¨®n de derecho fundamental y que su protecci¨®n merece una atenci¨®n especial. Las organizaciones de defensa de los derechos digitales denuncian que, cuando se apaga internet, lo que las autoridades pretenden es silenciar a los testigos para poder violar otros derechos b¨¢sicos.
Una de las estrategias m¨¢s recientes de estas organizaciones es poner el acento sobre las acciones de las empresas implicadas en el suministro de Internet. La ONG Internet Sans Fronti¨¨res ha publicado recientemente un informe que analiza la actitud de estas empresas en ?frica a la hora de respetar los derechos de los consumidores. Uno de los resultados m¨¢s preocupantes del informe es que las rutinas de las empresas estudiadas no resisten ni siquiera el examen m¨¢s superficial. Las pesquisas concluyen que ¡°Orange Senegal y Safaricom no respetan los est¨¢ndares internacionales, y a veces ni siquiera los nacionales, en materia de protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n en l¨ªnea y la vida privada de los usuarios¡±.
La organizaci¨®n de defensa de los derechos en internet ha estudiado las dos compa?¨ªas como referentes en ?frica occidental y oriental. Ambas son filiales de grandes multinacionales con sede en suelo europeo: la francesa Orange, en el primer caso, y la brit¨¢nica Vodafone, en el segundo. Esta relaci¨®n empresarial con las matrices en los pa¨ªses del norte global, m¨¢s all¨¢ de la f¨®rmula de relaci¨®n org¨¢nica entre ellas, permite a la organizaci¨®n denunciar, adem¨¢s, un doble rasero con relaci¨®n al respeto a los derechos humanos. Mientras las empresas de los dos pa¨ªses africanos hacen o¨ªdos sordos a los protocolos internacionales y a la normativa nacional sobre la publicidad de las condiciones de uso de sus servicios o la pol¨ªtica de privacidad, ¡°estas pr¨¢cticas se diferencian claramente de las de sus empresas madres¡±, se?ala el estudio.
Las rutinas de las empresas estudiadas no resisten ni siquiera el examen m¨¢s superficial
Preguntados sobre las irregularidades detectadas y denunciadas por Internet Sans Fronti¨¨res, el servicio de prensa del grupo Sonatel, en representaci¨®n de Orange Senegal, ha enviado una respuesta a trav¨¦s de correo electr¨®nico a este medio. Asegura que las condiciones generales de venta son comunicadas a los clientes "incluidos los servicios de prepago y Orange Money" y precisa que "tiene en sus agencias comerciales todos los formularios" con estas condiciones, las cuales "se comunican a los clientes en el momento de la suscripci¨®n". El texto se?ala igualmente que "estas condiciones informan a los clientes sobre las modalidades de tratamiento de sus datos personales". En cuanto a la web, la compa?¨ªa asegura que esas mismas condiciones legales de tratamiento de los datos de los clientes est¨¢n disponibles en la plataforma digital a trav¨¦s de este enlace que, sin embargo, no funciona. La declaraci¨®n insiste en que, en todos los contratos con sus proveedores, la compa?¨ªa "toma garant¨ªas sobre la confidencialidad e impone a esos mismos suministradores el compromiso de respeto a la legislaci¨®n en materia de datos personales de sus clientes". La empresa keniana Safaricom, por su parte, no ha contestado a los requerimientos de este medio.
La comparaci¨®n se establece sobre la base del Ranking Digital Rights que analiza la actividad de empresas relacionadas con internet de todo el mundo (solo una hasta el momento en todo el continente africano). Internet Sans Fronti¨¨res ha empleado esa misma metodolog¨ªa, por un lado, para poder establecer una comparaci¨®n y, por otro, para garantizar el reconocimiento del estudio, en el que tambi¨¦n ha contado con la colaboraci¨®n de la ONG, AccessNow.
Julie Owono, directora ejecutiva de Internet Sans Fronti¨¨res, explica que esta exigencia de comportamiento ¨¦tico se enmarca en los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que, desde que se adoptaron en 2011, establecen las responsabilidades de los Estados y las empresas en la defensa de los derechos humanos. Este documento es tremendamente directo y exige, por ejemplo, que las empresas ¡°eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan¡±; o bien que ¡°traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionados con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos¡±.
Y de esta manera Internet Sans Fronti¨¨res advierte que, al margen de la colaboraci¨®n con las autoridades, estas empresas de telecomunicaciones no est¨¢n poniendo las medidas necesarias: ¡°Hemos demostrado que ninguno de los dos operadores objeto de este estudio detalla el proceso interno que se pone en marcha para responder a cualquier petici¨®n de suspensi¨®n del servicio. Esto es problem¨¢tico porque los operadores se pueden convertir en c¨®mplices de cortes totales o parciales del acceso a la red de internet, una tendencia que aumenta de manera exponencial en el continente africano¡±.
En el caso de Senegal, el informe se?ala tres episodios de persecuci¨®n por parte de la justicia de actividades en las redes sociales
Durante la investigaci¨®n, la ONG adem¨¢s ha podido constatar riesgos concretos. En el caso de Senegal, el informe se?ala tres episodios de persecuci¨®n por parte de la justicia de actividades en las redes sociales: El caso de la rapera D¨¦esse Major que, en junio de 2016, fue temporalmente arrestada y acusada de atentar contra los valores religiosos y morales de Senegal a causa del tama?o del escote y de los pantalones que luc¨ªa en un v¨ªdeo colgado en Snapchat: en mayo de 2017, cuatro j¨®venes eran detenidos por ultraje al presidente de la Rep¨²blica despu¨¦s de haber compartido en un grupo de WhatsApp un fotomontaje de Macky Sall. Finalmente, en agosto de 2017 otra cantante, Amy Coll¨¦ Dieng, fue tambi¨¦n arrestada con la acusaci¨®n de haber ofendido al jefe del Estado y de difundir noticias falsas despu¨¦s de compartir en WhatsApp un v¨ªdeo en el que aseguraba que Macky Sall hab¨ªa ganado fraudulentamente las elecciones de 2012. Internet Sans Fronti¨¨res advierte que Orange S¨¦n¨¦gal no ha estado directamente implicada pero se?ala que el control de las redes es suficientemente controvertido como para tomar todas las medidas para garantizar la seguridad de sus usuarios.
En el caso de Kenia, la ONG basa sus reticencias y sus recomendaciones en episodios en los que, aparentemente, Safaricom tuvo una responsabilidad m¨¢s clara. El informe menciona las sospechas de que el proveedor de servicios de telefon¨ªa hubiese reducido discretamente el ancho de banda de sus usuarios durante el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 26 de octubre. La organizaci¨®n se?ala que durante su an¨¢lisis se ha fijado en un corte de internet, en la red de Safaricom, ocurrido en abril de 2017 y que todav¨ªa no ha sido esclarecido.
La gesti¨®n de los datos personales es otro de los elementos que resulta preocupante en cuanto al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de telecomunicaciones. Internet Sans Fronti¨¨res, adem¨¢s, recuerdan que en muchos pa¨ªses africanos las condiciones de seguridad son todav¨ªa m¨¢s delicadas. Por ello, su informe tambi¨¦n incluye el an¨¢lisis de esta explotaci¨®n de los datos. En primer lugar, la ONG llama la atenci¨®n sobre el hecho de que en Senegal y Kenia se exige una inscripci¨®n previa, es decir, la entrega de un documento de identidad para la activaci¨®n de una tarjeta SIM, incluso de prepago. Esta condici¨®n constituye un riesgo potencial, seg¨²n la organizaci¨®n: ¡°Un n¨²mero creciente de gobiernos no dudan en utilizar las bases de datos de los operadores para enviar SMS no solicitados a los abonados: en Kenia, por ejemplo, muchos usuarios se han quejado de recibir mensajes no solicitados por parte de pol¨ªticos. Lo mismo ha ocurrido en Camer¨²n, donde en enero de 2017 el Gobierno ha utilizado la red para enviar SMS recordando de los riesgos de difundir noticias falsas en internet¡±.
El informe de Internet Sans Fronti¨¨res apunta que ninguno de los dos ejemplos estudiados hacen p¨²blica su pol¨ªtica de confidencialidad. Esta confirmaci¨®n hace ¡°imposible verificar cu¨¢les son los datos recogidos, con qui¨¦n se comparten y si se toman todas las medidas de seguridad para asegurar que los mencionados datos est¨¦n fuera del alcance de cualquier desaprensivo¡±.
La gesti¨®n de los datos personales es otro de los elementos que resulta preocupante en cuanto al respeto de los derechos humanos
¡°La combinaci¨®n de entornos legislativos d¨¦biles en el continente africano, de reguladores que cuentan con recursos limitados para actuar, de sociedades civiles poco sensibilizadas sobre la cuesti¨®n de los derechos digitales, ayuda a comprender el escaso desempe?o de las dos empresas estudiadas en materia de respeto de la libertad de expresi¨®n y del derecho a la vida privada en l¨ªnea de sus usuarios¡±, detalla la ONG.
La activista camerunesa responsable de la organizaci¨®n, Julie Owono, ha destacado adem¨¢s la necesidad de extender este tipo de estudio y la elaboraci¨®n de una clasificaci¨®n m¨¢s completa que ponga de manifiesto el compromiso de las empresas de telecomunicaciones con los derechos humanos.
Owono se?ala que una clasificaci¨®n de ese tipo ofrece a los usuarios y, por tanto, a la ciudadan¨ªa en genera, dos beneficios fundamentales. Por un lado, una sensibilizaci¨®n necesaria con relaci¨®n al respeto a los derechos humanos en el mundo digital. Por otro lado, el efecto que provoca en las empresas la certeza de que sus actividades son controladas. Owono considera que ese es el camino para conseguir la mejora del servicio y el respeto a esos derechos de los consumidores. ¡°Si analizando la actividad de estas dos empresas l¨ªderes en pa¨ªses bien considerados aparecen estos resultados, imaginad empresas menos importantes en contextos menos democr¨¢ticos¡±, alerta Owono.
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