M¨¢s transparencia

Transparencia y responsabilidad constituyen los dos pilares fundamentales en los que se asienta la actividad de todo alto cargo. Son propiedades que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios p¨²blicos y, por extensi¨®n, de la propia democracia. Por ello, no dejan de ser preocupantes los desajustes que en ocasiones se producen entre la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ¡ªorganismos ambos dependientes del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial¡ª cuando los ciudadanos solicitan informaci¨®n. Uno de los casos conocidos recientemente est¨¢ relacionado con las actividades y los bienes de los altos cargos. Entre 2015 y 2018, alrededor de un centenar no presentaron su declaraci¨®n en el plazo que marca la ley. Fueron apercibidos por ello, pero sus nombres son un secreto, pese a que han sido requeridos.

Estar sometido al escrutinio social no es solo una obligaci¨®n; es tambi¨¦n una muestra de la fortaleza y el prestigio de las instituciones. Los ciudadanos tienen derecho a conocer c¨®mo se adoptan las decisiones que les afectan. Quieren saber, por ejemplo, cu¨¢l el patrimonio de los diputados, en qu¨¦ se gastan sus impuestos o lo que cuestan los programas de la televisi¨®n p¨²blica. Para dar cobertura a estas demandas se aprob¨® en 2013 la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno, una norma que ven¨ªa a solventar una destacada anomal¨ªa: Espa?a era el ¨²nico pa¨ªs europeo de m¨¢s de un mill¨®n de habitantes que carec¨ªa de una norma que regulara la transparencia y el acceso a la informaci¨®n p¨²blica.

Esta ley represent¨® un paso fundamental para quitar el precinto al tradicional secretismo de las Administraciones y las entidades p¨²blicas. Abri¨® la puerta a que cualquier persona pueda acceder a informaci¨®n de archivos y registros oficiales sin verse en la obligaci¨®n de justificar la petici¨®n. Pero las dificultades para obtener datos relevantes no han desaparecido. Los dos organismos adscritos al departamento de Pol¨ªtica Territorial libran una singular batalla. Contra las resoluciones del Consejo de Transparencia se han planteado m¨²ltiples recursos contencioso-administrativos, en parte porque la Oficina de Conflictos e Intereses es reacia a facilitar determinados datos.

Demasiado a menudo, las discrepancias entre estos dos organismos se solventan en los tribunales, con el coste econ¨®mico que ello conlleva. El resultado es un deterioro de la confianza de los ciudadanos en la Ley de Transparencia, que deber¨ªa funcionar de manera m¨¢s fluida y ¨¢gil. La abundante litigiosidad no hace sino torpedear el indiscutible derecho a saber de los ciudadanos y arroja opacidad sobre la vida p¨²blica.