Cient¨ªficos de ¨¦lite denuncian su precariedad pese a las medidas de urgencia del Gobierno

Los representantes de los centros de investigaci¨®n m¨¢s competitivos del pa¨ªs denuncian que ocho meses despu¨¦s de que el Gobierno presentase sus acciones urgentes para sacar a la ciencia de su par¨¢lisis la situaci¨®n en algunos aspectos apenas ha cambiado. Las medidas fueron aprobadas por el Parlamento en marzo con el apoyo de todos los grupos pol¨ªticos. Desde entonces, no se ha realizado ni un solo contrato indefinido con cargo a proyecto en ning¨²n centro, explica Luis Serrano, presidente de la alianza Somma que agrupa a 25 centros de investigaci¨®n y 23 unidades universitarias que, por su competitividad, reciben una financiaci¨®n adicional por parte del Gobierno. ¡°Sencillamente no podemos implementar este tipo de contrato. Nos lo ha dicho hasta un abogado del Estado¡±, denuncia Mar¨ªa Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncol¨®gicas (CNIO) y vicepresidenta de Somma. El Ministerio de Ciencia, que dirige Pedro Duque, defiende su conjunto de medidas y se?ala que solo hace falta m¨¢s tiempo para comenzar a aplicarlas.

¡°Despu¨¦s de todos estos meses, la situaci¨®n no ha avanzado porque las medidas urgentes no han solucionado todos los problemas de la ciencia¡±, afirma el bioqu¨ªmico Serrano. Somma representa la ¨¦lite de la ciencia espa?ola. Los centros y unidades a los que representa realizan investigaciones punteras en todos los campos del saber, del c¨¢ncer y las enfermedades cardiovasculares a la astronom¨ªa y la computaci¨®n cu¨¢ntica. Agrupan a unos 7.000 empleados dedicados a la investigaci¨®n y aglutinan m¨¢s de 500 millones de euros solo en financiaci¨®n europea, considerada la de mayor competitividad.

En febrero, el ministro de Ciencia anunci¨® un paquete de medidas urgentes para ¡°levantar las cadenas¡± que oprim¨ªan a los laboratorios cient¨ªficos del pa¨ªs. El ministro se refer¨ªa a las temibles ataduras de la burocracia y al excesivo control de las cuentas impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy para controlar al m¨¢ximo el gasto p¨²blico. Otra de las medidas estrella avanzadas por Pedro Duque era un esperado contrato indefinido para cient¨ªficos, que pretend¨ªa frenar el abuso de la temporalidad e inestabilidad que ha afectado al colectivo durante a?os.

Fuentes de Somma explican que la modalidad de contrato indefinido con cargo a un proyecto de investigaci¨®n que present¨® el Gobierno en febrero no tiene respaldo legal, pues no existe como modalidad real en el r¨¦gimen de la Seguridad Social. Adem¨¢s, no queda claro si esos contratos estar¨ªan sujetos o no a los l¨ªmites de contrataci¨®n que cada a?o se fijan desde el Gobierno en funci¨®n de los presupuestos disponibles, la llamada tasa de reposici¨®n. ¡°Otro problema es que si hacemos un contrato indefinido a cargo de un proyecto que dura cuatro a?os, al final de ese tiempo, cuando lo rescindamos, podr¨ªa ser declarado despido improcedente o incluso el afectado podr¨ªa denunciar en tribunales y ganar un puesto fijo¡±, explican estos centros.

Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, una de las unidades del programa Mar¨ªa de Maeztu, explica otra raz¨®n por la que no se han hecho ese tipo de contratos. ¡°La normativa de contrataci¨®n de las universidades no permite hacer este tipo de contratos indefinidos con cargo a proyecto, solo pueden ser temporales, as¨ª que la medida no ha tenido ning¨²n impacto real¡±, detalla.

Serrano y Blasco aseguran que plantearon estos problemas al ministro en dos reuniones, la ¨²ltima en agosto, sin que por ahora se haya aportado una aclaraci¨®n. Los dos cient¨ªficos exigen al Gobierno que publique ¡°una nota aclaratoria¡± que desatasque la contrataci¨®n. "Estamos perplejos porque llevamos discutiendo este tema desde febrero¡±, protesta Blasco.

A este problema se suma la falta de financiaci¨®n inminente para 15 centros y unidades durante casi un a?o. El programa Severo Ochoa aporta un mill¨®n de euros anuales durante cuatro a?os a los centros que consiguen la acreditaci¨®n, que otorga un tribunal de expertos que valora la competitividad del centro. El Mar¨ªa de Maeztu, destinado a unidades en universidades, aporta 500.000 euros al a?o. En 2019, 15 centros y unidades deben presentar su solicitud de renovaci¨®n. Seg¨²n el nuevo calendario de convocatorias aprobado por el Gobierno, analizar y renovar las solicitudes no se har¨¢ hasta noviembre de 2020, por lo que los centros perder¨¢n al menos nueve meses de financiaci¨®n. El a?o pr¨®ximo a?o, otros 13 centros tendr¨ªan el mismo problema. Este par¨®n ¡°va a obligar a despedir a gente¡±, asegura Serrano. Su organizaci¨®n calcula que hay al menos 236 personas cuyo contrato est¨¢ en el alero en 2020.

Entre los afectados hay buques insignia de la ciencia espa?ola, como el CNIO, donde se investigan nuevas formas de combatir tumores; el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), centrado en el avance del estudio y tratamiento de las dolencias coronarias; o el Instituto de Astrof¨ªsica de Canarias, el principal centro de astronom¨ªa del pa¨ªs. Pero el mayor impacto ser¨¢ para organismos m¨¢s peque?os y con menos presupuesto, denuncian los jefes de Somma. Es el caso del centro de Coronado en la Universidad de Valencia. ¡°Aqu¨ª hemos pasado de tener un presupuesto anual de unos cuatro millones de euros en 2015 a unos 10 millones de euros este a?o y ese ¨¦xito se debe en buena parte a que en 2015 contratamos a seis t¨¦cnicos gracias a la financiaci¨®n Mar¨ªa de Maeztu¡±, explica Coronado. ¡°Esos t¨¦cnicos se encargan de la gesti¨®n administrativa, de pedir nuevos fondos de investigaci¨®n a la UE, por ejemplo. Ese a?o sin financiaci¨®n nos har¨¢ seguro perder proyectos y fondos, pues no hay garant¨ªas de que esas seis personas puedan seguir contratadas¡±, explica.

En el Centro de Investigaci¨®n de Gen¨®mica Agr¨ªcola (CRAG), en Barcelona, ese recorte de casi un a?o en financiaci¨®n puede suponer la p¨¦rdida de un laboratorio dirigido por un investigador joven que fue fichado y financiado con fondos del Severo Ochoa. ¡°En este centro, con un presupuesto anual de 8,5 millones de euros, perder un mill¨®n supone un agujero muy grande. Se pone en riesgo parar los resultados de la inversi¨®n ya hecha¡±, explica Jos¨¦ Luis Riechmann, director del centro, donde se trabaja, por ejemplo, en el desarrollo de hortalizas resistentes a la sequ¨ªa o las olas de calor. ¡°A¨²n tenemos demasiada incertidumbre. La legislaci¨®n aprobada fue un primer paso, pero se qued¨® muy corta respecto a lo que necesitamos¡±, a?ade.

El ministerio defiende que las medidas urgentes "han servido para mejorar muchas situaciones que estaban perjudicando a la ciencia", como terminar con el problema de la intervenci¨®n previa. Respecto a las cuestiones planteadas por Serrano y Blasco, el departamento opina que no son necesarias m¨¢s aclaraciones e invita a los centros de investigaci¨®n y unidades a que empiecen a hacer contratos ya. "La regulaci¨®n de los contratos indefinidos sujetos a proyectos no necesita de un posterior desarrollo reglamentario, pero precisa de un tiempo para su aplicaci¨®n", reconoce un portavoz del ministerio que dirige Pedro Duque. "Esta disposici¨®n permite la contrataci¨®n indefinida con cargo a planes o programas p¨²blicos, de acuerdo con determinadas condiciones y con plena seguridad jur¨ªdica", recuerdan. Sobre el problema de la financiaci¨®n, a?aden: "Estamos trabajando para que la Agencia Estatal de Investigaci¨®n pueda flexibilizar la fecha de inicio de las convocatorias, es decir, que aunque se resuelvan en el segundo semestre del a?o, se adelanta el periodo de ejecuci¨®n para que no haya lapso [sin financiaci¨®n]". "En el caso de los programas Severo Ochoa y Mar¨ªa de Maeztu, que se resolver¨¢n en octubre de 2020, el objetivo es que las entidades que repitan la acreditaci¨®n puedan enlazar las ayudas", aseguran.

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