Las medidas m¨¢s crueles para frenar la migraci¨®n

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El pasado 19 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en ingl¨¦s) adopt¨® el reglamento que dio inicio a la implementaci¨®n de los anunciados Acuerdos de Cooperaci¨®n sobre Asilo (ACA), que hasta la fecha han sido pactados con Guatemala, Honduras y El Salvador. A trav¨¦s de estos acuerdos, el Gobierno estadounidense caracteriza a los pa¨ªses centroamericanos bajo la figura de ¡°tercer pa¨ªs seguro¡± con el fin de limitar la elegibilidad de asilo en Estados Unidos.

Desde su implementaci¨®n, se ha documentado el traslado de al menos 24 personas centroamericanas, entre salvadore?as y hondure?as, a Guatemala. Los medios de comunicaci¨®n tambi¨¦n han advertido sobre la llegada de las primeras unidades familiares devueltas al pa¨ªs.

A pesar de que la totalidad de las consecuencias de los ACA todav¨ªa se est¨¢ desvelando, los acuerdos representan una clara afectaci¨®n a los hombres, mujeres, ni?os y ni?as m¨¢s vulnerables del mundo, al tiempo que atentan contra los valores fundamentales de nuestra humanidad. Al generar a¨²n m¨¢s presi¨®n sobre los d¨¦biles sistemas de asilo de los pa¨ªses de la regi¨®n, los acuerdos ignoran las problem¨¢ticas estructurales que impulsan la movilidad y socavan la protecci¨®n internacional.

Hace m¨¢s de 60 a?os, en las secuelas de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se uni¨® con el prop¨®sito de crear un marco internacional para la protecci¨®n de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad alrededor del mundo mediante categor¨ªas legales que garantizaran que una puerta siempre estar¨ªa abierta para aquellas personas obligadas a huir de la persecuci¨®n.

Hoy, con nuevas crisis emergentes a lo largo de Am¨¦rica Latina y el mundo, los acuerdos entre Estados Unidos y Centroam¨¦rica le dan la espalda a ese consenso internacional y cierra casi por completo una de las puertas m¨¢s importantes para la protecci¨®n de la humanidad. Los acuerdos impiden protecci¨®n en Estados Unidos para personas en situaci¨®n de vulnerabilidad de todas las nacionalidades y les obligan a buscar protecci¨®n en pa¨ªses donde la mayor¨ªa estar¨¢n inseguras: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Con estos acuerdos, los Estados de la regi¨®n centroamericana, en complicidad con el Gobierno estadounidense, no solo est¨¢n incumpliendo su obligaci¨®n de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, sino que les est¨¢n exponiendo, de manera cruel e inhumana, a enfrentar riesgos como violencia sexual, extorsi¨®n, secuestros y asesinatos como medida para desincentivar la migraci¨®n y obstaculizar el derecho de estas personas a solicitar protecci¨®n.

Para dimensionar las condiciones de seguridad de Guatemala basta saber que m¨¢s de 33.000 guatemaltecos huyeron de su pa¨ªs en 2018

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organizaci¨®n regional con casi tres d¨¦cadas de experiencia defendiendo derechos humanos en Am¨¦rica Latina, conocemos de primera mano la situaci¨®n de violencia y pobreza que obliga a las personas de esta regi¨®n a migrar. Para ejemplificar, en Guatemala, los enormes retos en la lucha contra la corrupci¨®n y la impunidad, la creciente presencia de grupos criminales transnacionales y bandas de narcotr¨¢fico a lo largo de la frontera con M¨¦xico, as¨ª como las alarmantes tasas de violencia en contra de las mujeres demuestran que el gobierno ha fracasado en su obligaci¨®n de proteger, incluso, a su propia poblaci¨®n. Si se requieren m¨¢s pruebas, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inform¨® de un incremento dram¨¢tico en el n¨²mero de personas guatemaltecas que huyeron del pa¨ªs en los ¨²ltimos a?os con el fin de buscar protecci¨®n internacional de las m¨²ltiples formas de violencia que enfrenta el pa¨ªs.

Para dimensionar las condiciones de seguridad de Guatemala basta saber que m¨¢s de 33.000 guatemaltecos huyeron de su pa¨ªs y solicitaron asilo en los Estados Unidos en 2018 y m¨¢s de 85.000 solicitudes de asilo guatemaltecas est¨¢n pendientes de resoluci¨®n en todo el mundo. Esta tendencia tambi¨¦n se extiende internamente. A finales de 2017, m¨¢s de 242.200 personas guatemaltecas eran desplazadas internas.

Las condiciones de inseguridad y debilidad institucional de Guatemala se replican en los pa¨ªses vecinos. Nuestro trabajo de a?os de la mano de personas defensoras de derechos humanos en la regi¨®n centroamericana nos confirma de manera inequ¨ªvoca que ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador cuentan con las condiciones necesarias para recibir y atender a las miles de personas en busca de refugio que ser¨¢n transferidas como resultado los ACA.

En El Salvador, las tasas de homicidio fueron las segundas m¨¢s altas de Am¨¦rica Latina en 2018, con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien el Gobierno ha informado una disminuci¨®n de homicidios durante 2019, hay informes que reportan el aumento de las desapariciones forzadas.

Aunado a esto, la corrupci¨®n, la incapacidad y falta de voluntad para luchar contra poderosas pandillas, y la violencia contra las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+ es rampante. En el ¨²ltimo a?o, m¨¢s de un tercio de las mujeres sufrieron alguna forma de violencia sexual y de g¨¦nero. Los feminicidios contin¨²an sin disminuir, con 365 mujeres asesinadas en 2018 y, en 2017, la tasa de feminicidios fue la m¨¢s alta de la regi¨®n seg¨²n las Naciones Unidas. Frente a estos casos, la impunidad es la norma.

En el caso de Honduras, al menos 190.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia del crimen organizado y las pandillas. All¨ª, la colusi¨®n entre el crimen organizado y las autoridades corruptas es sistem¨¢tica. Ejemplo de ello es que el pasado mes de octubre el hermano del presidente Juan Orlando Hern¨¢ndez fue declarado culpable de tr¨¢fico de drogas por un jurado de Nueva York, mientras que el mismo presidente fue etiquetado como co-conspirador bajo pruebas de que hab¨ªa recibido dinero de un c¨¢rtel de drogas para su campa?a presidencial.

En Honduras, adem¨¢s, las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio, comunicadores sociales, periodistas y, en general, las personas que levantan sus voces disidentes en contra del Gobierno, se enfrentan a amenazas, ataques y asesinatos como represalias por su labor.

Aunado a estos riesgos, los Gobiernos centroamericanos no tienen ni la capacidad de garantizar una protecci¨®n efectiva a las y los migrantes. Sus sistemas de asilo son d¨¦biles. Entre 2001 y 2017, Guatemala proces¨® tan solo 800 aplicaciones en total. Por su parte, los programas de recepci¨®n hondure?os han demostrado ser incapaces de satisfacer las necesidades, siquiera, de los flujos existentes antes de la firma de los acuerdos y, en el caso de El Salvador, la capacidad operativa es muy limitada para recibir y tramitar las solicitudes de protecci¨®n internacional. En este pa¨ªs, la agencia responsable de revisar las solicitudes de asilo cuenta tan s¨®lo con un oficial y, para 2018, se presentaron ¨²nicamente cuatro solicitudes de asilo, tres de las cuales han sido denegadas y una cuarta que a¨²n est¨¢ siendo examinada.

Estos Gobiernos tampoco cuentan con programas integrales para apoyar la reintegraci¨®n de los migrantes en la sociedad y asegurar que no vuelvan a ser v¨ªctimas de riesgos. Prueba de ello es que el Ejecutivo guatemalteco no ha asumido responsabilidad alguna por las personas que ha recibido bajo el acuerdo. En cambio, la labor de proporcionar alimentos, refugio, atenci¨®n psicol¨®gica, entre otras medidas de atenci¨®n b¨¢sica, han sido asumidas en su totalidad por las organizaciones de sociedad civil, llenando as¨ª el gran vac¨ªo de protecci¨®n dejado por las autoridades.

Ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador cuentan con las condiciones necesarias para recibir y atender a las miles de personas en busca de refugio que ser¨¢n transferidas como resultado los acuerdos.

Aunque la figura de ¡°tercer pa¨ªs seguro¡± no es expl¨ªcitamente reconocida en el derecho internacional, de acuerdo con ACNUR, la clasificaci¨®n de un pa¨ªs dentro de esta categor¨ªa debe considerar si ¨¦ste respeta "los derechos humanos y el Estado de derecho, su historial de no producir refugiados, su ratificaci¨®n y cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos". Adem¨¢s, los pa¨ªses deben tener las condiciones para garantizar un procedimiento justo y eficiente para el acceso a una protecci¨®n internacional efectiva

Actualmente, las d¨¦biles instituciones en Guatemala, El Salvador y Honduras no cumplen con estas condiciones. La falta de financiaci¨®n de los sistemas de asilo y las deficiencias de sus sistemas de protecci¨®n internacional crean una situaci¨®n de incertidumbre para las personas devueltas a estos pa¨ªses. Ninguno de los pa¨ªses receptores tiene la capacidad de ofrecer condiciones de vida adecuadas, acceso a servicios y derechos b¨¢sicos. La inmadurez de sus marcos y procedimientos jur¨ªdicos y la limitada experiencia de sus Gobiernos en la tramitaci¨®n de las solicitudes de protecci¨®n internacional plantean serias dudas sobre la posibilidad de obtener una protecci¨®n efectiva.

En concordancia con el derecho internacional, las personas refugiadas tienen el derecho de solicitar protecci¨®n una vez que hayan abandonado sus pa¨ªses de origen. Desafortunadamente, los pa¨ªses del norte de Centroam¨¦rica no pueden garantizar esta protecci¨®n. Sumado a la situaci¨®n de corrupci¨®n, impunidad y erosi¨®n institucional que enfrentan, los acuerdos firmados con Estados Unidos incrementar¨¢n los niveles de inseguridad en pa¨ªses ya de por s¨ª inestables.

En ¨²ltima instancia, los acuerdos socavan los principios fundamentales del Estado de derecho y amenazan la dignidad de algunas de las personas m¨¢s vulnerables del mundo, al tiempo que fracasar¨¢n en disminuir el n¨²mero de personas que buscan protecci¨®n internacional. Estos acuerdos pretenden ser una soluci¨®n de corto plazo que, por el contrario, generar¨¢ desaf¨ªos de largo plazo y exacerbar¨¢ problemas como la violencia, la corrupci¨®n y el tr¨¢fico de personas y drogas en una regi¨®n donde las violaciones de los derechos humanos con frecuencia quedan impunes.

Cerrar las fronteras y externalizar los procesos para tramitar solicitudes de asilo no es una soluci¨®n. Una respuesta genuina a la situaci¨®n de movilidad de la regi¨®n requiere de un esfuerzo sostenido y multilateral, que aborde las causas estructurales de la migraci¨®n forzada e incorpore debidamente las leyes y normas internacionales dise?adas para proteger la dignidad de las personas obligadas a huir para salvar sus vidas.

Claudia Paz y Paz es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroam¨¦rica y M¨¦xico.