De Suiza al Supremo, las claves del caso que implica a Juan Carlos I

Cuando apenas ha recuperado la normalidad tras dejar atr¨¢s el juicio del proc¨¦s, sobre el Tribunal Supremo sobrevuela otra de esas causas que en su propia nomenclatura se llaman ¡°especiales¡±. Un apellido com¨²n a todos los casos contra aforados que se instruyen en la Sala de lo Penal, pero que esta vez refuerza su sentido m¨¢s literal. La posibilidad de que se llegue a abrir una causa contra Juan Carlos I existe, aunque ninguna de las fuentes jur¨ªdicas y fiscales consultadas se atreve a pronosticar si es m¨¢s probable que ocurra o que no. El alto tribunal, por ahora, vive ajeno al caso, aunque consciente de que si la Fiscal¨ªa da el paso adelante de poner los hechos en su conocimiento tendr¨¢ ante s¨ª ¡°la causa m¨¢s especial entre las especiales¡±, en palabras de un magistrado.

C¨®mo empez¨® todo. Un registro en el verano de 2018 en un c¨¦ntrico edificio de cuatro alturas en el centro de Ginebra es la clave del caso que ha llevado hasta la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo la investigaci¨®n sobre Juan Carlos I. Los agentes de la Polic¨ªa Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa ignoraban lo que iban a encontrar en la gestora de fondos de Arturo Fasana, un viejo conocido de la polic¨ªa espa?ola que manej¨® las cuentas ocultas en Suiza de Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama G¨¹rtel. En aquel registro, r¨¢pido, sin ruido, sirenas ni publicidad, Bertossa hall¨® dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundaci¨®n de Liechtenstein Zagatka, de ?lvaro de Orleans, primo lejano del rey em¨¦rito, que pag¨® vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundaci¨®n paname?a Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.

La causa suiza. La investigaci¨®n revel¨® que Arturo Fasana ingres¨® el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de d¨®lares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª. En el KYC (Know your client, que el banco obliga a rellenar para explicar el origen de los fondos), el gestor externo escribi¨® ¡°donaci¨®n¡±, ¡°regalo¡± de Arabia Saud¨ª. Cuatro a?os despu¨¦s, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe de Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embarg¨® las cuentas de los sospechosos y abri¨® una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creaci¨®n de la estructura y en la recepci¨®n del dinero. El rey em¨¦rito no est¨¢ siendo investigado, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro.

La investigaci¨®n en Espa?a. Para la justicia espa?ola, los hechos que podr¨ªan implicar al rey Juan Carlos saltaron en una de las investigaciones vinculadas al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, quien se reuni¨® en 2015 en Londres con Larsen. A lo largo de la conversaci¨®n, grabada por Villarejo, Larsen habl¨® de un terreno en Marruecos a su nombre que atribu¨ªa al rey em¨¦rito y de cuentas en Suiza que asegur¨® que hab¨ªa tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros. Tambi¨¦n hizo referencia a comisiones que el entonces Rey de Espa?a presuntamente percibi¨® por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado a empresas espa?olas. El hallazgo de estos audios dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso Villarejo, conocida como Carol, que se cerr¨® en 2018 al concluir que los hechos se hab¨ªan producido antes de la abdicaci¨®n, por lo que el rey em¨¦rito gozaba de inviolabilidad, y que los indicios aportados por Larsen eran ¡°notoriamente insuficientes¡±. Pero la Audiencia Nacional envi¨® a la Fiscal¨ªa la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y Anticorrupci¨®n abri¨® unas diligencias de investigaci¨®n.

La Fiscal¨ªa del Supremo. La investigaci¨®n en la Audiencia Nacional se centraba en el presunto pago de comisiones por parte de empresas espa?olas. Pero las pruebas recabadas por Suiza han arrojado dudas sobre conductas del rey em¨¦rito posteriores a junio de 2014, cuando perdi¨® el blindaje de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey em¨¦rito est¨¢ aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidi¨® a principios de junio que la Fiscal¨ªa del alto tribunal asumiera el caso.

Esta fase de la investigaci¨®n debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer alg¨²n delito desde que dej¨® el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen il¨ªcito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda p¨²blica superior a 120.000 euros). El ministerio p¨²blico ve factible recabar indicios sobre ambos, pero eso no basta para sostener la acusaci¨®n. Para el primero, seg¨²n fuentes fiscales y expertos en delitos econ¨®micos consultados, la inviolabilidad de don Juan Carlos hasta 2014 impide indagar en el origen del dinero, lo que complica poder acreditar si se han blanqueado fondos. En el caso del delito fiscal el plazo de prescripci¨®n acota la investigaci¨®n a los ¨²ltimos cinco ejercicios, lo que deja fuera los a?os de mayor movimiento en las cuentas bajo sospecha. El propio ministerio p¨²blico ha reconocido ¡°la complejidad t¨¦cnica y la trascendencia institucional¡± de esta investigaci¨®n, dirigida por el fiscal de Sala del Supremo coordinador de delitos econ¨®micos, Juan Ignacio Campos. Junto a ¨¦l trabajan otros tres fiscales expertos en estos delitos: Paloma Iglesias, Jos¨¦ Antonio del Cerro y Juan Carlos L¨®pez Coig. Este equipo cuenta adem¨¢s con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperaci¨®n Penal Internacional de la Fiscal¨ªa General del Estado, dirigida por la fiscal Rosa Ana Mor¨¢n Mart¨ªnez, cuya labor ser¨¢ crucial para recabar documentaci¨®n de otros pa¨ªses.

Las pruebas. Buena parte de las pruebas con las que puede contar el ministerio p¨²blico provienen de las que ya ha recabado el fiscal suizo. La Fiscal¨ªa del Supremo ha recibido parte de esa documentaci¨®n, referida a titulares de la cuenta corriente investigada en ese pa¨ªs y las declaraciones realizadas ante Bertossa como investigados (pr¨¦venus en franc¨¦s) por el responsable de la banca privada Mirabaud; Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta; y Dante Can¨®nica, director de Lucum; adem¨¢s de las de algunos testigos que han comparecido ya. Faltan las declaraciones de Larsen, reveladas por EL PA?S, y la de su banquero en Bahamas, Nicolas Gonet, que se niegan a que sus declaraciones se env¨ªen a la justicia espa?ola. La de Larsen es trascendental para la investigaci¨®n del rey em¨¦rito. Ella le ha eximido de cualquier responsabilidad al afirmar que los 65 millones se los don¨® ¡°por gratitud, por amor, para solucionar el futuro de sus hijos y no para deshacerse¡± del dinero.

Pr¨®ximos pasos. La negativa de Larsen y Gonet a que se env¨ªen sus declaraciones puede dilatar el trabajo del ministerio p¨²blico en Espa?a. La justicia helv¨¦tica establece el derecho de los investigados o testigos para decidir si sus declaraciones se comparten con la justicia de otro pa¨ªs. Si recurren de nuevo ante Bertossa, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona (Suiza) deber¨¢ decidir, lo que prolongar¨ªa el retraso entre cuatro y ocho meses m¨¢s.

La Fiscal¨ªa del Supremo, por su parte, no puede llamar a declarar a don Juan Carlos. Aunque la citaci¨®n del principal implicado suele ser una de las primeras pruebas que se practican en cualquier investigaci¨®n, en el caso de los aforados una circular de 2005 establece que ¡°la Fiscal¨ªa que realice la investigaci¨®n se abstendr¨¢ de citar a la persona aforada para que acuda a declarar, ¡±y se limitar¨¢ a poner en su conocimiento la existencia de la investigaci¨®n y su derecho a personarse ante el fiscal a iniciativa propia¡±. Por tanto, el ministerio p¨²blico se ce?ir¨¢ a recabar las pruebas documentales y, si considera que existen indicios de delito, presentar¨¢ una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, a quien le corresponder¨¢ decidir si abre una causa contra el rey em¨¦rito y le cita a declarar como investigado.