Un soborno al juez m¨¢s duro del proceso de Burgos

¡°La movilizaci¨®n contra el proceso de Burgos de 1970 marc¨® la decadencia de la dictadura franquista como la reacci¨®n contra el asesinato de Miguel ?ngel Blanco lo est¨¢ marcando para ETA¡±, reconoc¨ªa, en 1997, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor. Cuando se cumplen 50 a?os del proceso de Burgos ¨Cpor el que un tribunal militar, durante la dictadura, pidi¨® la pena de muerte a seis j¨®venes militantes de ETA por su primer asesinato premeditado, el del jefe de la brigada pol¨ªtico-social franquista de Gipuzkoa, Melit¨®n Manzanas- apenas hay discusi¨®n sobre c¨®mo las intervenciones de los acusados y sus abogados, la prensa internacional y las masivas movilizaciones ciudadanas vascas, extendidas a Espa?a y Europa, pusieron, como nunca, en jaque al r¨¦gimen franquista, revivido por las canciller¨ªas democr¨¢ticas como un residuo olvidado del totalitarismo derrotado en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, se desconocen algunas claves de aquel proceso, referidas a las tensiones que gener¨® en el r¨¦gimen franquista. Un reflejo in¨¦dito de ellas fue la imputaci¨®n judicial al ministro de Informaci¨®n y Turismo del Gobierno franquista, Alfredo S¨¢nchez Bella, por tratar de sobornar al capit¨¢n Troncoso, ponente del consejo de guerra de Burgos, para que retirara las penas de muerte a los procesados, seg¨²n el sumario al que ha accedido el jefe de investigaci¨®n del Memorial de V¨ªctimas del Terrorismo, Gaizka Fern¨¢ndez.

En 1970, el franquismo ya no era un bloque monol¨ªtico. El Gobierno, pilotado por el vicepresidente Carrero Blanco y el ministro L¨®pez Rod¨®, estaba copado por tecn¨®cratas vinculados al Opus Dei enfrentados al falangismo. Pretend¨ªan modernizar la econom¨ªa y, sin salirse del franquismo, estrechar las relaciones con Europa e incluso acceder a la OTAN y a la CEE. Pero la petici¨®n de seis penas de muerte del proceso de Burgos lo enturbiaba todo.

El proceso de Burgos ¨Cque pidi¨® la pena de muerte a Javier Izko, Mario Onainidia, Eduardo Uriarte, Jokin Gorostidi, Jos¨¦ Mar¨ªa Dorronsoro y Javier Larena- se gest¨® en su Capitan¨ªa General. Su titular, Manuel Cabanas, cont¨® con la colaboraci¨®n del capit¨¢n Troncoso como vocal ponente y Fernando Su¨¢rez de la Dehesa como coronel auditor. La Ley de Bandidaje y Terrorismo, promulgada en 1968 por el Gobierno anterior, obligaba a los tribunales militares a juzgar los delitos de terrorismo. La Auditor¨ªa de Guerra de Burgos unific¨® en un macroproceso los sumarios contra l¨ªderes de ETA por econom¨ªa procesal, porque dichos sumarios reca¨ªan en Troncoso y por plantear un juicio ejemplarizante contra una ETA ¨Cdistinta a la posterior- que en 1968 despuntaba.

La incomodidad del Gobierno lleg¨® al extremo de que el ministro de Informaci¨®n y Turismo, Alfredo S¨¢nchez Bella, exembajador y hermano del consiliario del Opus Dei en Espa?a, trat¨® de sobornar al vocal ponente del proceso, capit¨¢n Troncoso, por mediaci¨®n de Carlos Rojas, alto funcionario de la Direcci¨®n General de Prensa. Seg¨²n revela el sumario, Troncoso se reuni¨® poco antes del inicio del proceso en un hotel de Burgos con Rojas, que le plante¨®: ¡°Si el Consejo de Guerra no pone pena de muerte ninguna, te ofrecen (en alusi¨®n a S¨¢nchez-Bella) que te vengas a Madrid de vicepresidente¡± del Banco Hipotecario, el Banco de Cr¨¦dito Agr¨ªcola o el de Cr¨¦dito a la Construcci¨®n". Supon¨ªa pasar de un sueldo de 16.000 pesetas mensuales a otro de 200.000.

Troncoso rechaz¨® el soborno. ¡°Las penas que se pongan han de ser serias, dada la gravedad de los hechos¡±, respondi¨®. Inform¨® del soborno a Su¨¢rez de la Dehesa y le coment¨® que si el Gobierno no quer¨ªa su intervenci¨®n, que el capit¨¢n general de Burgos se ¡°mojase¡± y enviase el sumario al Tribunal de Orden P¨²blico. ¡°Pero mientras venga a la jurisdicci¨®n y est¨¦ en Consejo de Guerra, voy a aplicar la ley¡±, insisti¨®.

D¨ªas despu¨¦s, Rojas, asombrado de que Troncoso resistiera las presiones gubernamentales, lo coment¨® a un grupo del que participaba Su¨¢rez de la Dehesa. Por su indiscreci¨®n el 10 de febrero de 1971 la Auditoria de Guerra le abri¨® un sumario, el 18/71, por ¡°presunto delito de soborno¡±. En su interrogatorio, Troncoso y Su¨¢rez de la Dehesa acusaron a S¨¢nchez Bella de inspirar el soborno. S¨¢nchez Bella y Rojas lo negaron. Pero el ministerio fiscal mantuvo que ¡°no se hab¨ªan desvanecido los indicios de culpabilidad del ministro¡± y pidi¨® transmitir los autos al Consejo Supremo de Justicia Militar a lo que se neg¨® el auditor. Rojas no tuvo consejo de guerra. En septiembre de 1971, el Gobierno le indult¨® junto a los procesados por otro esc¨¢ndalo del r¨¦gimen, el caso Matesa. Tras la remodelaci¨®n gubernamental de 1973, S¨¢nchez Bella fue nombrado, parad¨®jicamente, presidente del Banco Hipotecario.

S¨¢nchez Bella fue investigado, a su vez, por el Servicio de Seguridad e Informaci¨®n de la Casa Militar de Franco. El informe de siete folios, al que ha accedido Gaizka Fern¨¢ndez, cuestionaba su fidelidad al r¨¦gimen por haber tenido ¡°un importante cargo en la zona roja¡± en la Guerra Civil y ¡°haber condenado severamente la ejecuci¨®n de Grimau ¨Cdirigente comunista fusilado por el r¨¦gimen franquista en 1963- porque impedir¨ªa la admisi¨®n de Espa?a en Europa¡±.

Andr¨¦s Cassinello, miembro de los servicios secretos dependientes de Carrero Blanco, tambi¨¦n pretendi¨® influir en la sentencia. Conect¨® a la familia de Javier Izko -principal acusado del juicio-, y al ministro de Justicia, Antonio Mar¨ªa Oriol, vinculados al carlismo, y redactaron una petici¨®n de clemencia dirigida al dictador, que Oriol ley¨® en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre que debati¨® sobre el indulto, tras haber sentenciado el consejo de guerra nueve penas de muerte a seis de los procesados.

La inmensa mayor¨ªa de los ministros defendieron, como Oriol, el indulto en la consulta que Franco hizo en el Consejo, seg¨²n revela L¨®pez Rod¨® en sus memorias. Sus argumentos coincid¨ªan con lo acordado la v¨ªspera en una reuni¨®n que mantuvo con Carrero Blanco: que las penas de muerte perjudicar¨ªan la imagen de Espa?a y que s¨®lo beneficiaba a los enemigos del r¨¦gimen. El Gobierno estaba recibiendo masivas peticiones de indulto de los gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, del Papa Pablo VI y de la Conferencia Episcopal Espa?ola. Eran el reflejo de la protesta masiva, expresada en manifestaciones in¨¦ditas, dentro y fuera de Espa?a, desde la Guerra Civil, en un proceso que se volvi¨® contra sus organizadores.

El propio capit¨¢n general de Burgos, Tom¨¢s Garc¨ªa Rebull, que sustituy¨® a Cabanas, se manifest¨® por el indulto, influido por el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, vinculado al Opus. Tambi¨¦n respald¨® el indulto el Consejo del Reino, defendido por el jefe del Estado Mayor, general D¨ªez-Alegr¨ªa. Sin embargo, numerosos militares, entre ellos varios capitanes generales, numerosos militares y polic¨ªas reclamaron la ejecuci¨®n de las penas, respaldados por concentraciones ultras, la m¨¢s importante en la plaza de Oriente. Las concentraciones, inicialmente contra ETA, derivaron en ataques al Gobierno. Finalmente, Franco conmut¨® las penas de muerte el 30 de diciembre, dos d¨ªas despu¨¦s de la sentencia y a los 27 del inicio del juicio.

El proceso de Burgos exacerb¨® el enfrentamiento dentro del r¨¦gimen franquista entre tecn¨®cratas, que intentaban blanquearlo, y los falangistas, que pretend¨ªan aplicar la dureza frente a la rebeli¨®n contra la dictadura. Los m¨¢s radicales consideraron que el proceso de Burgos era la expresi¨®n del ¡°reblandecimiento del r¨¦gimen, manejado por los tecn¨®cratas¡± y se situaron como contrapoder al Gobierno. Las grietas abiertas en diciembre de 1970, dentro y fuera del r¨¦gimen, contribuyeron decisivamente al desmoronamiento de la dictadura.