Migraciones limita el acceso a las ayudas de los solicitantes de asilo para priorizar a los refugiados
La revisi¨®n del sistema restringe algunos beneficios, como el apoyo econ¨®mico, a las personas ya reconocidas como beneficiarias de protecci¨®n internacional
Desde el 1 de enero, aquellas personas que soliciten asilo en Espa?a no podr¨¢n acceder a toda la cobertura del programa de acogida hasta que se resuelva favorablemente su petici¨®n. La Secretar¨ªa de Estado de Migraciones ha dictado una instrucci¨®n para aliviar el sistema para potenciales refugiados que lleva dos a?os enfrentando un aumento vertiginoso de solicitantes. La nueva norma reserva el acceso de algunos beneficios, como el apoyo econ¨®mico, a las personas reconocidas con el estatus de refugiado o la protecci¨®n subsidiaria, las dos figuras que contempla la Convenci¨®n de Ginebra para la protecci¨®n internacional.
El sistema de acogida para solicitantes de asilo pasa por un itinerario que puede durar entre 18 meses y dos a?os y se estructura en dos fases, aunque antes se pasa por una etapa previa en la que se eval¨²a el perfil del solicitante para dirigirlo al recurso m¨¢s adecuado a sus necesidades. En la primera fase, de seis meses, se ofrece alojamiento, manutenci¨®n, asistencia jur¨ªdica y cursos de castellano y puede ampliarse a nueve meses en caso de perfiles muy vulnerables. En la segunda fase, de hasta 15 meses, los solicitantes, que para entonces cuentan con autorizaci¨®n para trabajar tras pasar un semestre en Espa?a, pueden optar a prestaciones econ¨®micas para salir del recurso de acogida, alquilar un piso (muchas veces compartido) e ir prescindiendo del apoyo institucional.
La nueva norma implica que ahora solo podr¨¢n acceder a la ¨²ltima fase las personas que ya hayan sido reconocidas como beneficiarias de protecci¨®n internacional. El resto deber¨¢ permanecer en la primera fase hasta que se resuelva su expediente y, solo si la respuesta es favorable, podr¨¢ continuar su itinerario de inclusi¨®n y acceder a todas las ayudas que contempla el programa.
Espa?a lleva desde 2018 afrontando una presi¨®n sin precedentes en el sistema de asilo impulsada sobre todo por la inestabilidad de pa¨ªses como Venezuela, Colombia, Honduras o El Salvador. Las cifras, que se manten¨ªan en unas pocas miles de personas, saltaron a un r¨¦cord hist¨®rico de 118.000 peticiones en 2019. Este volumen de solicitudes han ido atascando un sistema anticuado y poco dimensionado para los flujos actuales.
En 2020 Espa?a se situ¨® como el principal receptor de la UE de solicitantes de asilo y, a pesar del cierre de fronteras por la pandemia, se superaron las 84.000 peticiones. Alrededor del 30% de esas personas que solicitan asilo en Espa?a demandan una plaza de acogida, seg¨²n la Secretar¨ªa de Estado. La red de acogida se ha visto saturada en varias ocasiones y est¨¢ en marcha un plan para reformular un nuevo modelo m¨¢s eficiente.
El texto de la instrucci¨®n pone en evidencia una de las deficiencias del sistema. En teor¨ªa y, seg¨²n la normativa, la persona que pide asilo deber¨ªa ver su resoluci¨®n resuelta en un m¨¢ximo de seis meses, el tiempo que equivale a la primera fase del programa de acogida. Si obtiene protecci¨®n, contin¨²a su itinerario de inclusi¨®n y autonom¨ªa, pero si se le deniega, el solicitante sale del sistema antes de acceder a la segunda fase. En la pr¨¢ctica esto no ocurre en los tiempos previstos. El ritmo de resoluci¨®n de la Oficina de Asilo, que depende del Ministerio del Interior, sobrepasa con creces el plazo que marca la ley y el desfase de plazos mantiene en el sistema durante meses a miles de personas que luego ver¨¢n denegada su solicitud. Esta situaci¨®n, seg¨²n la Secretar¨ªa de Estado de Migraciones, ha ¡°desvirtuado el objetivo¡± del programa.
Por tanto, el fin de la medida, seg¨²n Migraciones, es ¡°adaptar los tiempos de estancia en la primera fase a los plazos de resoluci¨®n de las solicitudes¡±, que las prestaciones econ¨®micas se dediquen exclusivamente a las personas que son reconocidas como refugiados y evitar que pasen de fase miles de personas que finalmente no recibir¨¢n protecci¨®n y pasar¨¢n a la irregularidad. Espa?a tiene actualmente una tasa de reconocimiento del 5%, de las m¨¢s bajas de la Uni¨®n Europea, a niveles de Hungr¨ªa, uno de los socios m¨¢s beligerantes contra inmigrantes y refugiados. Aunque el ritmo de resoluci¨®n de los expedientes viene aceler¨¢ndose en los ¨²ltimos meses, a¨²n es pronto para afirmar que el Ministerio del Interior conseguir¨¢ adaptar los plazos a los seis meses que marca la ley. Con esta instrucci¨®n, la Secretar¨ªa de Estado se reserva la potestad de permitir que determinados solicitantes, que tras seis meses sigan sin recibir respuesta a su solicitud, que puedan pasar de fase.
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