El Consejo del Estado aboga por reformar la ley de medidas especiales de salud p¨²blica para afrontar la pandemia

El Consejo de Estado se muestra partidario de reformar la legislaci¨®n sanitaria actual para concretar qu¨¦ medidas pueden adoptar las comunidades para combatir la crisis sanitaria cuando se levante el estado de alarma. El principal ¨®rgano consultivo del Estado se pronuncia as¨ª por primera vez sobre un debate jur¨ªdico que lleva meses sobre la mesa y que se ha avivado en los ¨²ltimos d¨ªas despu¨¦s de que el Gobierno anunciara su intenci¨®n de no prorrogar el estado de alarma m¨¢s all¨¢ del 9 de mayo.

La opini¨®n del ¨®rgano que preside Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega coincide con la que mantienen un amplio n¨²mero de juristas, que consideran que el Ejecutivo deber¨ªa reformar la ley org¨¢nica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud P¨²blica, para concretar qu¨¦ iniciativas pueden poner en marcha los gobiernos regionales ante una pandemia como la del covid-19. Esta ley es el principal instrumento jur¨ªdico que tienen los gobiernos auton¨®micos para poder imponer medidas para contener la expansi¨®n del virus, ya que faculta a las autoridades sanitarias a actuar con medidas especiales ante crisis sanitarias. Pero la norma no concreta actuaciones espec¨ªficas, sino que permite adoptar ¡°las medidas que se consideren necesarias¡± para controlar enfermedades transmisibles, un caj¨®n en el que a lo largo del ¨²ltimo a?o han cabido desde cierres de comercios y hosteler¨ªa a confinamientos perimetrales.

Para muchos expertos, esta falta de concreci¨®n obliga a los gobiernos auton¨®micos a actuar a ciegas a la hora de solicitar la autorizaci¨®n judicial necesaria para implantar medidas que restrinjan derechos fundamentales. Y, a la vez, supone un riesgo de que existan discrepancias de criterios entre los tribunales de distintas comunidades. Otros juristas, en cambio, prefieren la f¨®rmula gen¨¦rica actual y advierten de que concretar qu¨¦ actuaciones pueden adoptarse acabar¨ªa generando conflictos si una comunidad impulsa una medida novedosa y proporcionada, pero que no estuviera incluida en la ley.

El Consejo de Estado se pronuncia a favor de la reforma legal en un informe dictado a petici¨®n del Gobierno sobre la ley gallega de salud en la que se incluye la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, una norma que el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez ha anunciado que recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional. El ¨®rgano consultivo se muestra partidario de este recurso, pero, en el transcurso de su informe, advierte de que la ley estatal de 1986 ¡°contiene una regulaci¨®n en extremo gen¨¦rica¡± y ¡°podr¨ªa resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jur¨ªdica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes¡±.

El ¨®rgano advierte que el contenido de la norma, aunque ha servido para amparar medidas adoptadas al margen del estado de alarma, ¡°podr¨ªa estar necesitado de una adecuaci¨®n legislativa que le aporte mayor detalle y concreci¨®n¡± para ¡°proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jur¨ªdico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud p¨²blica¡±.

El PP se hizo este jueves eco del informe del Consejo de Estado para reivindicar que el texto aboga por lo que llevan reclamando meses los populares: ¡°un plan b jur¨ªdico¡±. No obstante, el informe del Consejo de Estado solo sugiere la necesidad de darle ¡°mayor detalle y concreci¨®n¡± a la ley, pero no especifica qu¨¦ medidas podr¨ªan incluirse ni aboga por autorizar expresamente a las autoridades sanitarias a restringir los derechos fundamentales de circulaci¨®n y reuni¨®n, como proponen los populares.

Cuando el PP present¨® en noviembre pasado una iniciativa legislativa en el Congreso, el llamado plan B jur¨ªdico alternativo al decreto de alarma del Gobierno, tan solo consigui¨® sumar diez votos (de PNV, Coalici¨®n Canaria, Foro Asturias y UPN) adem¨¢s de los suyos. Ciudadanos y Vox fueron especialmente cr¨ªticos con la idea del Partido Popular. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, abogado del Estado, se?al¨® que la iniciativa del PP era inviable: ¡°El estado de alarma es el plan A, confinar no es posible si no es con el estado de alarma (...) utilizan una trampa, no se puede distinguir entre privaci¨®n y restricci¨®n de derechos, no hay ning¨²n camino intermedio¡±.

En el texto remitido al Gobierno el Consejo de estado se pronuncia tambi¨¦n sobre otro asunto que ha enfrentado en los ¨²ltimos meses al Gobierno y algunas comunidades, especialmente Madrid: si los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento. El ¨®rgano consultivo considera que s¨ª, en contra de lo defendido por el Ejecutivo de Isabel D¨ªaz Ayuso. ¡°En la medida en que el acuerdo es expresi¨®n de la potestad de coordinaci¨®n atribuida a la Administraci¨®n General del Estado por el art¨ªculo 149.1.16.a de la Constituci¨®n, tiene su fundamento en la Constituci¨®n y, por ello, vincula a todos los poderes p¨²blicos estatales y auton¨®micos, tanto a nivel ejecutivo como normativo¡±, concluye el ¨®rgano consultivo.