La onda expansiva de la resoluci¨®n judicial que respalda el cartel de Vox sobre menores migrantes no acompa?ados

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado lunes, en el que desestima el recurso de la Fiscal¨ªa contra el cartel que Vox utiliz¨® en la campa?a electoral madrile?a se?alando a los menores migrantes no acompa?ados como una fuente de gasto p¨²blico exagerado, ha despertado la indignaci¨®n de varias asociaciones que trabajan con estos ni?os y adolescentes. El tribunal sostiene en su escrito que estos j¨®venes ¡°representan un evidente problema social y pol¨ªtico¡±. Una frase que, seg¨²n lamentan ONG de Andaluc¨ªa, Madrid y Catalu?a, dificulta y empeora la integraci¨®n de los menores, confunde a la ciudadan¨ªa y transmite el mensaje de que son una amenaza. Un aval judicial a ese tipo de propaganda pol¨ªtica, advierten, genera una desconfianza que en algunos casos puede llevar a las empresas a ser m¨¢s reacias a contratar a los menores o a los propietarios de un piso a ofrecerles un alquiler. En Espa?a hay cerca de 9.000 menores extranjeros tutelados por las administraciones.

Michel Bustillo, delegado en C¨¢diz de Voluntarios por Otro Mundo y responsable del programa de j¨®venes migrantes extutelados, acompa?a desde hace 14 a?os a estos j¨®venes. ¡°Lo que dice un magistrado es para muchos una palabra de mucha fuerza y mucho poder¡±, afirma en conversaci¨®n telef¨®nica. Y recuerda que el cartel del partido ultra en la estaci¨®n madrile?a de cercan¨ªas de Sol provoc¨® una onda expansiva que lleg¨® hasta la provincia de C¨¢diz, donde en un vecindario se organiz¨® una recogida de firmas para que la casa de acogida no siguiera all¨ª. ¡°Est¨¢n cabreados porque est¨¢n pasando por una situaci¨®n econ¨®mica precaria, de desempleo, y se quedan con lo de que estos chavales cobran 4.700 euros¡±, explica. Al final, la iniciativa no se llev¨® a cabo porque la asociaci¨®n logr¨® convencer a los vecinos de que los menores no eran los responsables de esta situaci¨®n.

El delegado de Voluntarios Por Otro Mundo denuncia adem¨¢s la precariedad del sistema nacional y auton¨®mico que deber¨ªa proteger a estos chavales en su proceso de integraci¨®n. ¡°Si los dejamos en la calle abandonados, si no les atendemos como tendr¨ªamos que hacer, si no le damos la documentaci¨®n, se generan bolsas de marginalidad y exclusi¨®n que alimentan estos discursos de odio¡±, dice. Por ello, Bustillo considera clave la reforma del reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa en la que est¨¢ trabajando el Gobierno: un cambio legal que pretende agilizar los tr¨¢mites a miles de j¨®venes extranjeros no acompa?ados y eliminar aquellas trabas burocr¨¢ticas que les dificultan obtener permisos de residencia y trabajo y que los condenan a la marginalidad y la irregularidad una vez que cumplan 18 a?os.

Marta S¨¢nchez Bri?as, abogada de Pueblos Unidos, un centro social jesuita que acompa?a a las personas migrantes, coincide con Bustillo. ¡°Mientras no se cambie el reglamento y se adopten medidas m¨¢s flexibles para estos j¨®venes, se seguir¨¢ alimentado el problema¡±, se?ala. La abogada considera el cartel de Vox un acto de xenofobia, y se posiciona en contra de la resoluci¨®n del tribunal madrile?o. S¨¢nchez Bri?as, que coordina un piso de j¨®venes extutelados en Madrid, sostiene que el mensaje del cartel electoral es una forma de discriminaci¨®n que existe desde hace tiempo. ¡°Los menores nos dicen que van por la calle y los miran mal, que se sientan en el metro y la gente se levanta¡±, cuenta. Para ella, el hecho de que el tribunal ¡°quite hierro al asunto¡± afectar¨¢ a su trabajo del d¨ªa a d¨ªa, a la hora de buscar oportunidades laborales para estos j¨®venes: ¡°La gente piensa que es un problema social y pol¨ªtico porque creen que vienen a quitarnos el trabajo y el dinero con los gastos que tienen¡±, lamenta.

Albert Par¨¦s Casanova es presidente de la Asociaci¨® Noves Vies de Barcelona, que presta asesoramiento jur¨ªdico a los menores extranjeros no acompa?ados. Este abogado social considera que el auto del tribunal madrile?o da ¡°carta blanca¡± para que ¡°se pueda decir cualquier cosa contra este colectivo¡±. El riesgo, seg¨²n Par¨¦s, es que se cree una conciencia social negativa contra estos menores que afecta a la labor diaria de las asociaciones. ¡°Si se tiene que montar un piso para acoger a los menores no acompa?ados los vecinos pueden poner muchos problemas. Y las empresas pueden ser m¨¢s reacias a la hora de contratarlos u ofrecerles trabajo¡±, advierte.

En ese mismo sentido, Pilar N¨²?ez, vicepresidenta de la Federaci¨®n de Entidades de atenci¨®n a la infancia y adolescencia (Fedaia), explica que la desconfianza y el miedo se vuelven obst¨¢culos en los procesos de integraci¨®n. ¡°Cuando quieren acceder al alquiler de un piso, los propietarios desconf¨ªan o las comunidades de vecinos llegan a dudar de ellos¡±, cuenta.

N¨²?ez considera que la valoraci¨®n que hacen los jueces de la Audiencia de Madrid ¡°hiere y da?a¡± el trabajo que las ONG realizan. ¡°Este es un auto que confunde, porque pone a la libertad de expresi¨®n como un derecho que prima por encima de otros derechos de la infancia¡±, afirma. Para Fedaia, plataforma que agrupa a m¨¢s de 100 asociaciones en Catalu?a, la propaganda del partido de ultraderecha criminaliza a esta poblaci¨®n vulnerable: ¡°Apunta a una parte de la ciudadan¨ªa que no est¨¢ correctamente informada y despierta en ellos una aversi¨®n, alimenta miedos y desinforma¡± concluye.